El juez cree que Jordi Pujol Junior cobró 11,5 millones en comisiones de empresarios
Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, cobró a través de “sociedades instrumentales” 11.530.004 euros de empresas de la construcción por servicios que nunca se prestaron, por lo que el juez cree que responden a comisiones a cambio de contratos públicos.
Esta cifra consta en el auto de registro del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que sirvió para respaldar la entrada el pasado martes en el domicilio del primogénito de los Pujol, conocido como Jordi Junior. El auto desgrana una serie de cobros sospechosos por parte de sus sociedades que pudieron responder a comisiones de empresas, sobre todo de la construcción, a cambio de licitaciones públicas.
Detalla que en los últimos años Pujol Ferrusola y su exmujer, Mercè Gironès, han creado varias “sociedades instrumentales” que “no producían valor real añadido alguno” y “cuya única utilización ha sido canalizar capitales de presunto origen criminal para realizar inversiones y gastos en España y en el extranjero”.
En total, cuatro de ellas recibieron 11.530.004 euros de “un conjunto de empresas que tiene como denominador común en su mayor parte que su cifra de negocios principal proviene de la explotación de concursos, proyectos y licitaciones con el sector público, especialmente de tipo urbanístico”.
El juez afirma que “no se han aportado pruebas que justifiquen la realización de los trabajos, ni otro tipo de documentos, como intercambios de comunicaciones o realización de informes, sobre la variedad de materias en las que se simularía la intervención de Jordi Pujol Ferrusola”.
Estas empresas -Iniciatives Marketing i Inversions, Project Marketing Cat, Active Translation e Inter Rosario Port Services- recibieron pagos del Grupo Copisa, Isolux y EMTE, entre otras. En el caso de EMTE, el juez ha detectado una “aparente refacturación” y Copisa aparece en una operación inmobiliaria “sospechosa” en la que Mercè Gironès compra un terreno en Palamós por 217.000 euros y lo vende menos de tres años después a Copisa por 4,8 millones, cuando los terrenos colindantes se cotizan por mucho menos dinero.
El juez menciona a cuatro personas -José de Alba, Juan José Baró, Antonio Ziorzano y Juan Manuel Rosilló- que pudieron haber actuado como testaferros de Pujol Ferrusola, posibilitándole tener cuentas en México, Andorra, Estados Unidos, Paraguay, Argentina y Panamá, y realizar inversiones a través de un total de nueve empresas instrumentales más.
Además, indica que desde que en 2012 se le comenzó a investigar judicialmente a raíz de una denuncia de su expareja, “ha venido realizando un progresivo proceso de descapitalización de todos sus activos patrimoniales y financieros”. El hijo mayor de los Pujol “faltó claramente a la verdad” cuando dijo al juez que no tenía cuentas en otros países y realizó una “clara operación de blanqueo para alzar bienes del alcance de la justicia” comprando una “shell company” (empresa sin actividad) en Panamá, a la que transfirió todo su dinero de Andorra y luego lo envió a México.
De esta manera, explica el juez, consiguió evitar que la justicia española le embargara 2,4 millones de euros y el imputado justificó la operación en la devolución de un préstamo, que intentó probar con unos documentos “desfasados temporalmente”.
El primogénito de los Pujol también ha intentado ocultar su dinero desviándolo a una sociedad constituida por su exmujer, Iriguem 2012, y finalmente, en su pretensión de vaciar sus cuentas, donó en julio de 2014 558.000 euros a su hija, que esta usó para comprar un inmueble en Barcelona a nombre de una de las empresas instrumentales del matrimonio.
El magistrado dedica varios párrafos a una sociedad inglesa, Brantridge Holdings, que para el juez es una empresa “instrumental puesta al servicio de Jordi Pujol Ferrusola” por parte del gestor británico Herbert Arthur Rainford. Constructoras como FCC y EMTE hicieron transferencias de divisas a la sociedad inglesa justificando ese dinero con facturas falsas, por lo que los investigadores creen que en realidad los abonos eran por “comisiones ilegales” y que estos movimientos de fondos “serían una forma de repatriar y blanquear los capitales fuera de España”.
FCC se hizo con los derechos de explotación de un vertedero adquirido por una sociedad en cuyo capital entró y salió Pujol Ferrusola en un espacio de dos años. En ese tiempo, el primogénito pasó de comprar por menos de 300.000 euros a vender su participación por 5,2 millones, una venta que hizo una semana antes de que FCC comprara todo el capital.
La empresa instrumental inglesa también le servía para desviar el dinero que tenía en Andorra, sostiene el juez, como es el caso de 470.454 dólares que ordenó transferir en 2009 a una cuenta de la sociedad en Irlanda, o los 705.662 dólares procedentes del Principado que se enviaron a una cuenta de Brantrige en Estados Unidos. A nombre de esa sociedad británica figura un inmueble de más de 4 millones de libras ubicado en Londres y que pudo adquirir Jordi Pujol hijo con dinero de procedencia sospechosa.
Los negocios sospechosos también abarcan otros países. Así, el primogénito adquirió acciones de la empresa explotadora del Puerto del Rosario, en Argentina, que le costaron la mitad que a otro comprador, en concreto 541.730 dólares, y el matrimonio Pujol-Gironés participó en una operación sospechosa de compra de acciones de una empresa croata.
