Jordi Sànchez acusa a la conselleria de Justicia de no respetar sus derechos en la gestión de un permiso carcelario

El exdiputado y número dos de JxCat, Jordi Sànchez, que cumple condena en la prisión de Lledoners por el delito de sedición, ha reabierto la guerra entre los socios del Govern por la gestión penitenciaria de los presos independentistas. En un comunicado emitido emitido este domingo, Sànchez acusa al Departamento de Justicia, en manos de sus socios de ERC, de una “mala práxis” que “solo intereses espurios pueden explicar” por la gestión que ha hecho de un permiso carcelario pedido por él.

En su denuncia, el exdiputado indica que el pasado jueves la conselleria que dirige la republicana Ester Capella informó de que la Junta de Tratamiento había permitido su salida de prisión durante cinco días a la semana y 12 horas diarias, para realizar actividades laborales y de voluntariado. Sin embargo Sánchez asegura que no fue hasta el viernes cuando se le notificó la resolución y que, contrariamente a lo difundido, la Junta denegaba su demanda y aceptaba tramitar en cambio una propuesta para salir tres días a la semana durante tres horas semanales.

“La primera conclusión es que la nota del Departamento de Justicia es el ejemplo de una mala praxis y una falta de respeto hacia mis derechos. Tengo derecho a recibir primero que nadie la comunicación de lo que me afecta personalmente. Y además, tengo derecho que la información que se difunda desde organismos públicos sobre mi situación sea veraz y evite daños a personas de mi entorno, que vivieron con

esperanza e ilusión la concesión del 100.2 laboral“, afirma el interno en su comunicado. ”Pido públicamente que no se vuelva a repetir esta mala praxis, que sólo intereses espurios pueden explicar“, añade Sànchez.

El líder independentista defiende además que su solicitud para salir a trabajar es “legítima y legal”, y apunta a que el motivo de que la Junta de Tratamiento decidió no tramitar su petición podría ser el lugar en el que dijo que trabajaría, que no es otro que el partido fundado por él mismo y por Carles Puigdemont, la Crida Nacional.

“La naturaleza sociopolítica de la Crida no puede ser la causa de la negativa de la

Junta de Tratamiento a tramitar el 100.2 [en referencia al artículo que permite las salidas laborales]. Ni tampoco lo puede ser la defensa de la independencia que da personalidad a la entidad. Si fueran estas las motivaciones, se estaría imponiendo una inhabilitación extrajudicial y una condena complementaria“, afirma Sànchez.

El Departament de Justicia ha respondido poco después de que se conocieran las quejas de Sànchez en una nota de prensa, en la que ha informado de que la junta de tratamiento de la prisión de Lledoners votó desfavorablemente a la petición del preso de trabajar en la Crida, al entender que se trataba de una actividad que no encajaba en su programa individual de tratamiento.

“El programa individual de tratamiento de Sànchez”, ha informado Justicia, “establece que la reinserción laboral será en el ámbito privado, en la docencia o en una actividad similar, de acuerdo con su formación académica y perfil profesional”. Por esta razón, aducen los responsables de la Generalitat, la junta de tratamiento se opuso, al entender que Sànchez no podía desarrollar “una actividad laboral vinculada al activismo social o político”. Pese a esto, el Departament ha informado de que se ha elevado el acuerdo al juzgado de vigilancia penitenciaria, que es quien tendrá la última palabra sobre la oferta laboral.

El choque entre Sànchez y el Departament que gestiona las prisiones catalanas es el último de un largo contencioso que ha mantenido JxCat, a través de sus presos, con la consellera Capella, de ERC. El pasado 31 de marzo, la formación de Puigdemont exigió a Capella que permita a los líderes independentistas pasar en su casa el confinamiento por la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, después de que el Tribunal Supremo advirtiera a los funcionarios catalanes de que podían incurrir en un delito de prevaricación si permitían la excarcelación, las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas acabaron rechazando la esta medida para los presos del 'procés', lo que desató los reproches de familiares de los internos y de algunos políticos de JxCat.

Tras una sonada tormenta política, que incluyó acusaciones directas contra Capella por parte de algunos responsables políticos de JxCat, la consellera acabó saliendo al paso de las críticas y afeando a sus socios entrar en “luchas cainitas”. Sin embargo, la gestión de los presos ha seguido tensando la relación entre los socios del Govern desde entonces, un tema que ha sido frecuentemente tratado en las reuniones que han realizado las formaciones para tratar de cerrar brechas.