La empresa de envío de papeletas del 1-O certifica que no ha cobrado un millón del Govern porque se anularon las facturas

Nuevo giro en la investigación sobre el dinero público que el Govern destinó al referéndum. La administración concursal de Unipost, que gestiona la empresa desde que quebró el año pasado, ha certificado ante el juez que la firma no cobró de la Generalitat por el envío de sobres, papeletas y notificaciones para los miembros de las mesas. El motivo es que todas las facturas que los investigadores vinculan con la presunta malversación por el envío de material electoral fueron anuladas el mismo día que se generaron, el 7 de septiembre del año pasado.

La participación en el 1-O de Unipost está fuera de duda. La Guardia Civil se incautó de miles de sobres y notificaciones en las vísperas de la votación. Sin embargo, la manera en que el Govern abonó a la empresa los servicios prestados para el 1-O ha suscitado divergencias entre los investigadores y las defensas, que continúan un año después. En conjunto, están bajo sospecha cinco facturas emitidas desde cinco conselleries a Unipost que ascienden a 979.661,96 euros, casi un tercio del total de 3,2 millones de euros presuntamente malversados en el 1-O.

Ahora, en un documento remitido al juez que investiga los preparativos del 1-O, el despacho de abogados Jausàs, nombrado administrador concursal de Unipost, revela que las cinco facturas se anularon. Y lo más importante: que no reclamará a la Generalitat el millón de euros que suman las facturas, pues no figuran como cantidad pendiente de cobro en la contabilidad de Unipost.

“Las facturas no figuran como cobradas, ni compensadas ni tampoco se han incluido en la relación de créditos de dudoso cobro ni serán objeto de reclamación puesto que son facturas anuladas y no figuran como pendiente de cobro en la contabilidad de la concursada”, reza el documento enviado por el bufete Jausàs al titular del juzgado de instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, al que se adjuntan las cinco facturas anuladas.

Al haber ya una factura denominada 'proforma' (no comercial, sino relativa a la información de una futura factura definitiva) emitida por Unipost, las acusaciones argumentaban que hay malversación. Entendían que la factura implica una obligación de pago y una deuda de la administración con un proveedor aunque finalmente no se abonara. Este es el caso del millón de euros por los envíos de Unipost y de otros gastos del 1-O que no se llegaron a pagar.

Pero ahora la administración concursal deja claro que no piensa reclamar a la Generalitat por lo que dejó de cobrar. De esta forma, el documento de Jausàs aportado al juez da aire a las defensas, que niegan cualquier malversación en el 1-O. El Ministerio de Hacienda tendrá la última palabra, pues el juez le ha encargado un informe pericial.

En conjunto, según los cálculos de la Guardia Civil –asumidos por la Fiscalía, el juez Ramírez Sunyer y el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena–, la Generalitat habría malversado 3,2 millones de euros en el 1-O, de los que 1,6 sí se llegaron a abonar. De estos, 1,2 millones corresponde a la rehabilitación de una nave industrial que los investigadores relacionan con el 'call–centre' del 1-O. Las obras, no obstante, finalizaron y se terminaron de pagar con el 155 ya en vigor.

Otros 300.000 euros corresponden a transferencias de la Delegación de la Generalitat ante la UE y el Diplocat para los observadores internacionales del 1-O. El resto de los gastos del 1-O –publicidad institucional del 1-O y del registro de catalanes en el exterior, impresión de carteles– constan como facturados pero no abonados.

Con todo, la Fiscalía ya ha dejado claro que no hace falta factura para hablar de malversación. El teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, especialista en delitos económicos, advirtió cuando se mostró en contra de investigar al vicepresidente Pere Aragonès de que basta con que se acredite el empleo de recursos públicos para objetivos contrarios a los de una administración que actúa bajo el principio de legalidad, como por ejemplo la cesión de locales públicos para la votación.