Las patatas calientes del Govern de Aragonès

Un Govern pactado 'in extremis', entre dos partidos que reconocen que tienen un problema de confianza entre ellos, con un acuerdo que ha sido recibido con escepticismo en la cúpula de Junts o directamente con críticas indisimuladas por parte del anterior president, Quim Torra. El nuevo Ejecutivo, con Pere Aragonès al frente, tiene como principal reto el mismo que el de todas las administraciones: gestionar la crisis provocada por la pandemia. Pero en Catalunya, con dificultades similares a las que afrontan el resto de comunidades, se le suma un conflicto político cuyas réplicas en el Congreso pueden afectar a la estabilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, como se ha podido comprobar ya en más de una ocasión.

El último concepto de moda en los discursos de los dirigentes independentistas es “embate”, un vocablo que nadie aclara qué significa políticamente pero que permite tanto defender la apuesta por la mesa de diálogo como reivindicar una mayor confrontación con el Ejecutivo central. Se ha instalado de tal manera en el imaginario político catalán que hasta el presidente del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, lo utilizó en su última intervención en la Cámara.

Más allá de la retórica, sin la que es imposible entender algunas estrategias políticas, el nuevo Ejecutivo deberá demostrar que es capaz de superar sus inquinas internas y la rivalidad entre las diferentes familias para cumplir con su objetivo de recuperar el prestigio de la institución.

Pasar del activismo a la política

Cuando Torra finiquitó la pasada legislatura, el 29 de enero de 2020, recordó que ningún gobierno puede funcionar sin lealtad entre sus socios. La frase es literal y resume a la perfección la falta de cohesión que lastró el funcionamiento de la Generalitat. Él culpaba a los republicanos y estos, por su parte, a Junts y muy directamente al propio Torra. Le acusaban de anteponer el activismo a la política, algo que Aragonès aspira a revertir en la “nueva etapa” que prometió abrir en su discurso en el Parlament. Sus primeras palabras tras ser investido como presidente de la Generalitat estaban pensadas para subrayar una voluntad integradora que va más allá de los partidarios del secesionismo: “Gobernaré para todo el mundo”.

Los republicanos son conscientes del agotamiento que han provocado las negociaciones para lograr su investidura no solo en una parte importante del electorado independentista sino en el conjunto de la ciudadanía. De ahí también su insistencia en las referencias al concepto de “un sol poble” [un solo pueblo], el ideal que acuñó el político e historiador Josep Benet, y que hicieron suyos tanto el PSUC como Pujol aunque cada uno lo interpretó a su conveniencia. Los años del procés han puesto en cuestión todavía más ese anhelo de proyecto compartido.

En el alambre en el que caminarán tanto el president como su gabinete, el Govern buscará el equilibrio entre las aspiraciones secesionistas y la necesidad de tomar medidas económicas para hacer frente a la crisis. Su pretensión es lograrlo sin que parezca que antepone uno de los propósitos al otro. Para evitarse más problemas, al menos de entrada, el documento que fija las prioridades en el apartado de política fiscal se limita a la promesa de “alcanzar un sistema impositivo justo” y más verde y no concreta quién dirigirá el reparto del dinero de Next Generation, más allá de anunciar la creación de una comisión interdepartamental. Una de las primeras sorpresas ha sido la elección del nuevo consejero de Economía. Se trata del exdirector general de La Caixa, Jaume Giró, que formó parte de la candidatura de Joan Laporta pero finalmente cayó de la Junta Directiva del Barça. Su perfil, a diferencia del de la mayoría de dirigentes de Junts, posiblemente ayudará a facilitar las negociaciones con el Gobierno de Sánchez para el reparto de los fondos europeos. En cambio, su trayectoria puede dificultar la relación con la CUP, cuyo apoyo a los presupuestos que deberá diseñar la conselleria de Giró es imprescindible para que las cuentas prosperen, a no ser que obtengan el apoyo de algún otro grupo parlamentario. Con el reparto de carteras que se ha acordado, Junts controlará esta vez el 60% del presupuesto porque tiene las llaves de las finanzas y departamentos de más peso como Salud y Derechos Sociales.

La vía escocesa

Aragonès asegura que su Govern será “independentista y de progreso” y se ha comprometido a “culminar” el procés. Un objetivo sin más concreción que la de reivindicar de nuevo un referéndum, algo que el Gobierno central rechaza de plano. Defiende la vía escocesa como antes hicieran Artur Mas y Carles Puigdemont. Mas la utilizó como referente para impulsar la consulta del 9N y Puigdemont, tres años después, para la votación del 1-O. La primera ministra escocesa y jefa del partido independentista SNP, Nicola Sturgeon, se ha comprometido a celebrar un nuevo referéndum pero el primer ministro británico, Boris Johnson, ha cerrado la puerta a esta opción por considerarla irresponsable y temeraria.

Aquí, el Gobierno ya ha dicho que quiere reactivar la mesa de diálogo lo antes posible pero también ha advertido que su posición respecto a la amnistía y el derecho de autodeterminación, exigencias que el Ejecutivo catalán planteará de nuevo, no ha cambiado. “No pasará”, le resumió Salvador Illa a Aragonès en el Parlament. Lo que sí puede pasar es que el Gobierno conceda los indultos a los presos. No tienen que ser para todos iguales y pueden ser parciales. Pero cualquier opción que no sea denegarlos será utilizada por la derecha política y mediática como munición contra Sánchez.

El acuerdo entre ERC y la CUP obliga a revisar a mitad de legislatura, en 2023, los avances conseguidos en las negociaciones con el Ejecutivo central. De no haberlos o en caso de juzgarlos insuficientes, Aragonès deberá ver cómo gestiona la respuesta de los anticapitalistas y previsiblemente también la de Junts, que ya desde el primer día ha expresado su escepticismo respecto a que se pueda lograr una solución que satisfaga a la mayoría de los votantes independentistas.

Otro de los ámbitos donde se pondrá a prueba la solidez de la mayoría independentista será en la gestión del departamento de Interior. La CUP va a monitorizarla de cerca, sea por el papel de los antidisturbios o el uso de las balas de 'foam'. El modelo de orden público no solo ha sido cuestionado por los anticapitalistas sino que también sectores afines a Junts y ERC han criticado el papel de la policía catalana en manifestaciones como las de las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hásel, que acabaron con disturbios. El conseller saliente y que no repetirá en el cargo, Miquel Sàmper, ha avisado de que no existe ningún modelo de orden público “que sea agradable a la vista”, porque, en su opinión, no gustan ni las pelotas de goma ni los proyectiles de precisión pero sin tener en cuenta que otros modelos aplicados en Europa, como los caballos en Inglaterra, el agua a presión en Alemania y el gas pimienta en Francia, causan muertos. Ahora esta cartera estará gestionada por primera vez por los republicanos.

Respuesta a la emergencia social

Hace un año, se aprobaron unos presupuestos que revertían por fin los recortes de la última década, pero la crisis del coronavirus ha devuelto la emergencia social al primer plano. Uno de los grandes objetivos sociales del nuevo Ejecutivo será en materia sanitaria, un ámbito en el que se ha prometido una inyección de 5.000 millones de euros especialmente dirigidos a la Atención Primaria, muy desgastada por la gestión de la pandemia y todavía lejos de las condiciones que tenía antes de 2010. También está previsto aprobar un pacto nacional de Salud Mental y la recuperación de servicios externalizados como el teléfono 061 o el transporte sanitario que se prometió a la CUP.

En educación, una de las grandes demandas del profesorado será que se mantengan las actuales ratios de COVID-19 o que se avance en su reducción, así como seguir combatiendo la segregación escolar. En universidades, el año pasado se cumplió la tan reclamada reducción del 30% de las tasas y la reivindicación estudiantil ha pasado a ser la equiparación de precios entre másteres y grados. Por otro lado, en cuanto a la lucha contra la pobreza, que ha repuntado con la crisis sanitaria, la Generalitat se ha comprometido a realizar un Plan Piloto de Renta Básica Universal y a aumentar la partida de la renta ya existente. Finalmente, el otro gran desafío es el de la vivienda. Después de aprobar una regulación pionera de los precios del alquiler y de decretar el fin de los desahucios –extremo que no se ha cumplido–, ahora falta recuperar la inversión en vivienda pública. El actual parque de pisos sociales es del 2% y el gasto en esta materia sigue siendo el mismo.

Afianzar la mayoría y sacar adelante una agenda legislativa

Cumplir con la promesa de impulsar la protección social y económica tras la pandemia solo es posible aprobando normas de la mano del Parlament. Las últimas legislaturas se han caracterizado por la escasez tanto en proyectos de ley como en leyes efectivamente aprobadas. Durante su discurso de investidura, Aragonès anunció que quería acometer una “intensa tarea legislativa”, para lo que necesitará cuajar una mayoría en el Parlament que en los últimos años ha sido intermitente. Valga como muestra que en los últimos cinco años solo se han aprobado dos presupuestos.

La aritmética del pleno podría favorecer ahora al Govern, que contará con 65 diputados, a tres de la mayoría absoluta, por lo que solo necesitan la abstención de alguno de los grupos pequeños, principalmente de la CUP, con quien ERC ha firmado un acuerdo de investidura. Sin embargo, el apoyo de los anticapitalistas nunca es barato. Este grupo ya ha dejado claro que serán exigentes a la hora de evaluar su cumplimiento y que no piensan prestar votos si sus propuestas no avanzan.

Aragonès deberá combinar los pactos con Junts y con la CUP, una tarea que nunca es fácil. Ambos partidos tienen visiones contrarias en la mayoría de los temas, de la fiscalidad a la gestión de la energía verde, pasando por el modelo sanitario o las grandes infraestructuras. En la legislatura pasada, los republicanos se valieron de los 'comuns' para aprobar las últimas cuentas, pero esta salida de emergencia podría verse cerrada.

Nueva relación con la oposición

En el debate de esta semana en el Parlament se evidenció que el tono entre el nuevo president y el nuevo jefe de la oposición es mucho más conciliador. Aragonès no es Torra y Salvador Illa no es Carlos Carrizosa. De ahí que uno de los interrogantes de esta legislatura será comprobar hasta qué punto son capaces de alcanzar acuerdos, más allá de sus discrepancias evidentes sobre el encaje de Catalunya en España. La polarización de la pasada legislatura bloqueó la renovación de casi un centenar de cargos que tenían el mandato caducado, desde la cúpula de los medios públicos al Síndic de Greuges (equiparable al Defensor del Pueblo).

El consejo de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), con seis miembros, es una de las piezas más sensibles por su influencia y connotaciones políticas. ERC ya ha sondeado a los socialistas para explorar su disposición a negociar los nuevos nombres. El PSC y muy especialmente Salvador Illa insisten en que hacen falta cambios profundos que no pasan solo por la necesaria renovación de los integrantes del consejo de la CCMA.