Primer concejal catalán a un paso de ir a juicio por impedir la entrada de la Guardia Civil en un colegio el 1-O
Primera autoridad catalana a un paso de ir a juicio por impedir la actuación policial del 1-O para evitar el referéndum. Una jueza de Manresa (Barcelona) ha cerrado la instrucción de la causa por desobediencia grave contra el teniente de alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona (ERC), y ha dado traslado a la Fiscalía y a la defensa para que pidan la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.
En un auto, la jueza considera que hay suficientes indicios para considerar que Pesarrodona puede ir a juicio por desobediencia por su actuación el 1-O. Este delito está castigado con penas de inhabilitación. La instructora señala que el día del referéndum Pesarrodona se encontraba en el colegio del pueblo, y que cuando llegaron las dotaciones de la Guardia Civil para impedir el 1-O, el teniente de alcalde, junto a otras personas, cerraron las puertas del centro y dijo a los agentes que actuaban “en función de la ley catalana y no les dejarían entrar”.
Esta negativa a permitir la entrada de los agentes en el colegio, además de la referencia a la “ley catalana”, suponen “indicios suficiente del conocimiento por parte del investigado de la prohibición de la celebración del referéndum”, indica la jueza. Los agentes terminaron entrando en el colegio y retiraron urnas y papeletas pese a la resistencia de los votantes.
Pesarrodona se hizo conocido por llevar la nariz de payaso con la que trabaja tanto en las manifestaciones del 20 de septiembre del año pasado como en el 1-O. Según la instructora, pese a que Pesarrodona no recibió personalmente una advertencia del Constitucional para impedir el referéndum tenía, como teniente de alcalde, “no solo la obligación de conocer las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional, sino la obligación de acatarlas”. En otras palabras: no hace falta, como pasaba hasta ahora con los cargos independentistas procesados por desobediencia, un aviso explícito del Constitucional para poder ir a juicio por este delito.
En este sentido, la jueza recuerda la “notoria repercusión” de la suspensión del referéndum que acordó el Constitucional el 7 de septiembre, así como que en su auto, el tribunal recordó “la obligación” a todos los poderes públicos de cumplir las resoluciones.
