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CATALUNYA

Un testigo insinúa que un alto cargo del Govern le citó en un hotel para darle un pen-drive con carteles del 1-O

Un diseñador gráfico asegura que la Generalitat le proporcionó un teléfono móvil sólo para temas relacionados con el referéndum

El secretario de secretario de comunicación y medios de comunicación del Govern de Quim Torra, Antoni Molons, se acoge a no declarar

La Guardia Civil interviene más de un millón de carteles y folletos del 1-O

Carteles del 1-O intervenidos por la Guardia Civil EFE

Las declaraciones semanales en la macrocausa del juzgado de instrucción 13 de Barcelona por los preparativos del 1-O permiten conocer algunos detalles de los prolegómenos de la votación. En su comparecencia como testigo, un diseñador gráfico vinculado a ERC de Badalona, Enric Vidal, ha dado a entender que un alto cargo del Govern le citó en un hotel cercano a la Generalitat. Allí, ha añadido, le entregó un teléfono móvil y un pen-drive con carteles del 1-O. Según fuentes judiciales, Vidal no ha llegado a precisar el nombre del alto cargo, aunque ha asegurado que días después "lo vio en televisión". 

Los investigadores tienen claro quién fue el interlocutor de Vidal: señalan a Antoni Molons, exsecretario de Difusión del Govern, cesado de su cargo por el Gobierno en marzo tras ser detenido en marzo una operación ordenada por el juez Juan Antonio Ramírez Sunyer. Molons ha sido nombrado secretario de comunicación y medios de comunicación del Govern de Quim Torra. Este jueves estaba citado como imputado, pero se ha acogido a su derecho a no declarar. 

Vidal es el hombre que dos empresarios imputados identificaron como el "intermediario freelance" que, en nombre de la Generalitat, les encargó la impresión de folletos y carteles del 1-O, trabajos por los que no llegaron a cobrar. Tampoco el interrogatorio de este jueves ha permitido confirmar si, como sospecha la Guardia Civil, la impresión de los carteles costó 61.879 euros.

Según las mismas fuentes, Vidal no ha aclarado si cobró por imprimir los carteles publicitarios del 1-O, aunque ha dicho que confiaba en ser remunerado. De este modo, pese a esta historia de hoteles, móviles que sólo se podían usar para el 1-O y pen-drives, persisten las dudas sobre el delito de malversación en el referéndum.

La Guardia Civil asegura que Molons "utilizó a Òmnium Cultural como sociedad interpuesta para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos" del 1-O, como el que contenía el pen-drive presuntamente entregado a Vidal. Otro testigo de Òmnium citado este jueves como testigo, Aitor Sampere, se ha desvinculado de cualquier labor del 1-O.

Molons ya acudió a declarar voluntariamente ante la Guardia Civil en noviembre de 2017. Los agentes le preguntaron por el anuncio del Govern en el que aparecían unas vías de tren y el lema "Has nacido con la capacidad de decidir, ¿renunciarás a ella?", con el emblema de la Generalitat y la frase: "1-Oct Referéndum de Autodeterminación de Catalunya", que se enmarcaba en su campaña denominada "Civisme". 

Ante los agentes, Molons afirmó entonces que fue el exconseller de Presidència Jordi Turull quien autorizó el contrato marco de la campaña "Civisme", que tenía un presupuesto global de 2,7 millones de euros y que finalmente no se llevó a cabo, aunque el anuncio sobre las vías y el referéndum sí se difundió en varios medios. Este jueves no ha podido confirmar esta versión en sede judicial, aunque fuentes jurídicas prevén que Molons pida volver a declarar una vez avance la instrucción de la causa. 

Finalmente, este jueves también ha declarado como testigo un técnico del departamento de Trabajo y Asuntos Sociales, que ha asegurado que devolvió una factura girada por Unipost a la conselleria porque se intentaban cobrar trabajos de un solo día por más de 200.000, algo que le pareció incorrecto. Los envíos postales que realizó Unipost para el 1-O (que la empresa no llegó a cobrar) ascienden a 1,9 millones de euros, más de la mitad de los 3,2 millones que en total habría malversado la Generalitat, según la Guardia Civil.

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