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ANÁLISIS

Villarejo reparte munición en el Congreso

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en la comisión del Congreso

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José Manuel Villarejo lleva toda la vida mintiendo. Para ‘salvar’ a España, para contentar a sus clientes, para intentar librarse de la cárcel…Sus mentiras, medias verdades y algunos hechos reales (es probable que ya ni él los diferencie) se han acabado convirtiendo en munición para partidos de distinto signo.

Son grabaciones, anotaciones y declaraciones que sirven tanto a los grupos independentistas a los que intentó destruir de manera ilegal durante años, como a los de la izquierda para atacar al PP. Y ahora, en un giro inesperado, también los populares sacan tajada cuando el excomisario les hace un regalo al declararse fan de Pedro Sánchez por haber destituido como director del CNI a Félix Sanz Roldán, su gran enemigo. 

Villarejo fue la bestia negra del independentismo pero parece no tener inconveniente alguno en que siga apareciendo material para probar la guerra sucia y a modo de goteo van circulando nuevas grabaciones. Últimamente se han publicado las de un almuerzo celebrado el 27 de septiembre del 2012, poco después de la primera manifestación que organizó la Assemblea Nacional (ANC). Los comensales fueron él, que como siempre lo grabó, Eugenio Pino, entonces director adjunto (DAO) de la Policía Nacional, y Agustín Linares, DAO entre 1984 y 1997, y allí ya se habló de cómo frenar al independentismo. 

Hace solo diez días aparecían también unas anotaciones del excomisario en las que, también al principio del procés, se especulaba con la posibilidad de ‘certificar’ la existencia de una hija ilegítima de Artur Mas. Un malpensado podría concluir que a Villarejo ya le va bien que se difunda, aunque su eco mediático no vaya mucho más allá de Catalunya, porque así puede pasar cuentas con los que en el PP, tras haberle contratado en operaciones como la Kitchen, le dejaron tirado.  

La Operación Catalunya tal vez hubiese sido distinta sin el excomisario pero el origen de las estratagemas para desprestigiar al independentismo o a formaciones como Podemos va más allá de él y sus secuaces. Porque la mal llamada ‘policía patriótica’, cuya mayor actividad corresponde a la etapa de Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior, tenía como principal objetivo perjudicar a los adversarios del PP y cuesta creer que funcionase sin que en más de un ministerio y en el CNI tuviesen conocimiento de ella. Fue una guerra tan sucia como política.

El compañero Pedro Águeda es quien publicó por primera vez, en noviembre del 2014, en elDiario.es, la existencia de una unidad secreta de la Policía encargada de buscar información comprometedora sobre políticos independentistas. Ha pasado casi una década y aún no está identificada la X de la operación. Esta semana se ha activado una comisión de investigación en el Congreso para intentar aclarar cómo actuó y ante quién respondía esta brigada policial. El verbo es intentar porque sería iluso pensar que se conseguirá. El PSOE ha aceptado la comisión porque se limita a la etapa del PP aunque si Villarejo acumuló tanto poder fue también gracias a los gobiernos socialistas mientras que el resto de formaciones, algunas víctimas de esta y otras maniobras, solo pueden aspirar a que se evidencien unas prácticas que deberían avergonzar a cualquier demócrata. 

La declaración

Se sabía que la declaración del excomisario en la comisión sería un espectáculo, es lo que le gusta. También era fácil adivinar que aprovecharía su momento para pasar cuentas y es lo que hizo. Apeló a su edad (72 años) para justificar su memoria selectiva pero no contradijo a los que le insistieron en si Mariano Rajoy sabía de sus maniobras. Las definió como una operación con la que se trataba de evitar que “una parte bien organizada de España, Catalunya, mantuviera la posibilidad de independizarse”. 

“Se diseña desde la presidencia del Gobierno y la lleva adelante la vicepresidenta, que era la que controla el CNI”, añadió en referencia a Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría. En esa etapa el director del CNI era el general Félix Sanz Roldán, enemigo declarado de Villarejo. El excomisario aseguró que existen unos fondos que definió como “súper reservados” que no están sometidos a ningún control porque son para “operaciones inconfesables”. Por si existía dudas sobre a qué se refería dejó caer el nombre de Corinna. 

Cuando llegó el turno de responder sobre los informes falsos para atacar a Podemos, el excomisario dijo una verdad comprobable: el informe PISA, con datos inventados sobre la financiación del partido, fue “una basura aberrante e impresentable, que cualquier niño de pecho hubiera podido hacer”. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, preguntó al excomisario por su relación con dos periodistas: Antonio García Ferreras y Ana Rosa Quintana. Sobre el primero aseguró que tenía un buen concepto pero que no tenía que defenderlo porque últimamente no era “muy cariñoso” con él mientras que sobre la segunda recordó que se conocían desde “la prehistoria” y reiteró que no se arrepentía de haberla ayudado, como ya declaró en el juicio del caso Tándem.

En la comisión (aquí se puede ver la comparecencia íntegra) quedó claro que de Villarejo cada partido aprovecha lo que le interesa. Por eso el PP y algunos de sus tentáculos mediáticos destacaron como titular que el excomisario afirmó que en las próximas elecciones está dispuesto a votar a Sánchez. No escondió el motivo. Es porque se trata del presidente que cesó a Sanz Roldán como director del CNI. La comisión parlamentaria reanudará sus trabajos tras las elecciones. Pero si existe alguna esperanza, aunque también sea limitada, de que se aclare de verdad quién estaba detrás de la Operación Catalunya, no hay que buscarla en el Congreso sino en los juzgados.

La vía judicial

Tras desvelar elDiario.es la existencia de la brigada política del PP contra los independentistas, la reacción del entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, fue mandar “al psiquiatra” a los parlamentarios catalanes que le preguntaron por ello. Fernández Díaz ha terminado procesado por otra de las maniobras de las cloacas, el intento de destruir las pruebas de la corrupción del PP a cargo de los fondos reservados.

Sin embargo, la Fiscalía y los jueces de la Audiencia Nacional han usado dos varas de medir. Mientras sí se ha investigado el uso de funcionarios y dinero público para los fines partidistas del PP, tanto el juez Manuel García Castellón como la Fiscalía Anticorrupción declinaron adentrarse en la Operación Catalunya alegando que Villarejo “captaba información” sobre corrupción.

Cerradas las puertas de la Audiencia Nacional, los afectados acudieron a Andorra, uno de los campos de maniobras de la brigada que presionó a banqueros para obtener datos bancarios de la familia Pujol. En el principado pirenaico una jueza llegó a imputar a Mariano Rajoy, pero los tribunales españoles han frenado toda colaboración con la magistrada andorrana.

¿Y en España? De momento, la única causa abierta de la media docena de querellas interpuestas es la de un juzgado de instrucción de Madrid, que aceptó la denuncia del empresario Sandro Rosell. El expresidente del F.C. Barcelona pasó dos años en prisión preventiva por un caso que resultó un bluf y en el que la jueza que lo mandó a la cárcel, Carmen Lamela, no solo no recibió ningún reproche sino que fue ascendida al Supremo.

La investigación abierta por la querella de Rosell se encuentra en un estadio muy inicial. A finales de mes, el juez ha citado como imputado a Villarejo, un personaje cuya credibilidad hay que coger con pinzas. Como se ha podido escuchar en infinidad de audios, el excomisario no necesita la condición de investigado ni de compareciente en el Congreso para seguir diciendo mentiras o algunas medias verdades. 

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