La propuesta de hacer obligatorio el pasaporte COVID divide al sector de la hostelería en Barcelona

El sector de la hostelería de Barcelona está dividido en el debate sobre la aplicación de un pasaporte COVID para entrar los establecimientos, una medida pionera en Francia y que otros países como Portugal e Italia también han adoptado. En España en cambio la implantación está siendo más polémica. Este sábado la Justicia rechazó la obligatoriedad de presentar el certificado COVID para entrar a la hostelería en Galicia que había impuesto la Xunta. Con todo, el debate se ha abierto y divide no solo a los sanitarios sino también a los sectores que podrían estar afectados por una medida así.

Desde el Gremio de Restauración de Barcelona verían con buenos ojos la propuesta, ya que opinan que incentivaría la vacunación y evitaría cierres como los vividos durante los últimos meses. El Gremio de Hoteles de Barcelona, ​​en cambio, cree que se deberían adoptar medidas alternativas que no estuvieran controladas por los propios negocios. Desde el campo de la bioética también cuestionan la medida, mientras que los expertos juristas señalan que, ahora mismo, el pasaporte COVID no tendría base legal para ser obligatorio.

El presidente del Gremio de Restauración de Barcelona, ​​Roger Pallarols, opina que se trataría de una buena opción para controlar futuras olas. “Siempre bajo el supuesto de que nos encontramos en niveles de incidencia elevada y que la vacunación esté abierta a todos, sería una medida que recibiría nuestro apoyo”, apunta en declaraciones a la agencia ACN. Para el máximo responsable de la asociación, la aplicación de esta medida en otros países “es la constatación de que no se pueden volver a dar pasos atrás” y que hay que velar por la recuperación de los sectores más afectados por la pandemia. “El castigo a algunas de las actividades económicas no puede ser la receta del futuro”, subraya. Como defensa, el sector de la restauración “no puede vivir constantemente con el freno de mano puesto”, y ve igual de importante “controlar la pandemia y que la gente llegue a fin de mes”.

Pallarols tampoco cree que la entrada en vigor de esta medida frene la llegada de turistas, sino todo lo contrario. “Pensamos que toda normativa que da la sensación de máximo control y seguridad es positiva para la recuperación de la industria y la movilidad en general”, comenta. En todo caso, matiza que esta “no será una medida definitiva”. “Lo será haber superado la pandemia”, destaca.

En este sentido, el director general de la organización de restauradores asegura que la mejor herramienta para combatir la crisis es la vacunación. Aunque prefiere no mojarse, opina que la obligatoriedad de vacunarse contra la COVID-19 debería ser, al menos, “un debate importante por parte de la comunidad médica y de los legisladores”.

Desde el Gremio de Hoteles de Barcelona, ​​en cambio, se muestran contrarios a la instauración de un pasaporte COVID. “Con los problemas que ya tenemos ahora, sólo nos falta que hacer de policías y vigilar si la gente se ha vacunado o no”, señala el director general del gremio, Manel Casals. Para este representante del sector, sería bueno que la administración valorara medidas alternativas con el objetivo final de conseguir que todo el mundo esté vacunado. “En otros países europeos, las personas hospitalizadas por COVID y que se podían haber vacunado antes tenían que pagar los gastos médicos; esta me parece una medida más adecuada y que va al centro del problema, ya que no afecta al resto de sectores ”, apunta.

Por otra parte, Casals cree que la obligatoriedad del certificado COVID desincentivaría la llegada de turistas a Catalunya, los cuales buscarían destinos con menos requisitos para poder viajar. En cuanto a la vacunación, el directivo rechaza que tenga que ser obligatoria, pero anima a la gente a ponerse alguna de vacunas disponibles.

Escepticismo desde la bioética

Desde el campo de la bioética tampoco se ve con buenos ojos la aplicación de un pasaporte COVID en establecimientos o actividades. El vicepresidente del Comité de Bioética de Catalunya (CBC), Màrius Morlans, explica a ACN que el primer requisito para poder implantar esta medida sería que todo el mundo haya podido vacunarse, ya que si no se produciría una “discriminación”. Añade, sin embargo, que a pesar de cumplir esto, habría que establecer unos requisitos que también tuvieran en cuenta la gente que no se puede vacunar, por ejemplo por alergia a las vacunas, y aquella a la que se le retrasa la vacunación por haber pasado la enfermedad recientemente.

A pesar de cumplir todos estos requisitos, se pregunta si realmente sería útil establecer un pasaporte COVID y reconoce que tiene “serias dudas” sobre la eficacia de un mecanismo de control como este. Morlans pone sobre la mesa qué estaría realmente certificando el pasaporte, ya que se sabe que la gente vacunada también puede transmitir la enfermedad y contagiarse, aunque sea de forma atenuada. “Esto debería hacernos ser cautos sobre certificar cosas”, manifiesta.

El vicepresidente del CBC considera que el efecto benéfico de todo ello es el debate que se está teniendo sobre la conveniencia o no de instaurar elementos como el pase COVID. También plantea los problemas de aplicación de un instrumento así. “Soy muy escéptico con que nos ayude”, resume.

Morlans da su opinión personal al respecto, ya que el Comité de Bioética de Catalunya no ha debatido sobre el pasaporte COVID, sobre el que no ha recibido ninguna petición. Sí que ha recibido, y diversas, sobre si la vacuna contra el coronavirus debería ser o no obligatoria. En este caso, el CBC se ha mostrado partidario de no hacer obligatoria la vacuna.

Morlans insiste en que se sabe que las personas vacunadas también pueden transmitir y contagiarse de COVID y, por tanto, “no hay una consistencia para hacer obligatoria” la vacunación. Añade que aunque existiera esa consistencia, continuaría defendido la recomendación por delante de la obligación. “Creo más en la educación y el comportamiento de la sociedad”, declara. Además, destaca los altos porcentajes de vacunación en Catalunya.

En cuanto a la vacunación entre profesionales como sanitarios o docentes, tampoco se muestra partidario de hacerla obligatoria, pero el CBC ha pronunciado reiteradamente sobre el “deber moral o ético” de estos profesionales.

En todo caso, Morlans apuesta por mecanismos que “estimulen” la vacunación y propone que una de las vías sería conocer las tasas de vacunación de centros hospitalarios y escolares. Asegura que tener esta información de forma transparente, respetando el anonimato, funcionaría de estímulo entre los profesionales: “Nadie quiere ser el último”. Además, valora que la ciudadanía tiene derecho a conocer esta información para tomar sus decisiones.

El pasaporte COVID, sin base legal

Hasta ahora algunas comunidades autónomas han intentado con poco éxito requerir el pasaporte COVID para acceder a establecimientos. El abogado Jordi Bacaria, fundador de Global Legal Data, recuerda a la ACN que la regulación europea que crea este pasaporte tiene una única finalidad, que es “garantizar la libre circulación” de ciudadanos europeos por la UE.

Por ello, considera que “hay un salto muy significativo” entre garantizar la circulación de las personas y no permitir entrar a un restaurante sin el pasaporte. En su opinión, utilizar el pretexto del pasaporte para impedir o permitir la entrada no tiene una base legal por ahora. Además, recuerda que la medida impacta con los derechos fundamentales, ya que la vacunación no es obligatoria.

La única manera de poder implantar el pase sanitario para acceder a un establecimiento sería encontrar esta base legal, que podría enmarcarse en el interés público general y la salud de las personas y de los mismos trabajadores. Este tipo de base legal, avisa Bacaria, debería ser una norma con rango de ley, y no una orden de una consejería de salud.

“Si se cree oportuno dictar una norma con rango de ley podríamos llegar a construir esta norma y podría llegar a ser legal”, añade. Por ahora, sin embargo, ve un encaje “difícil” de las actuaciones en algunas comunidades autónomas con la normativa de protección de datos. “Hay muchas dudas jurídicas”, comenta.

El hecho de que se traten datos de salud sin base legal supondría eventualmente una “infracción muy grave”, según este abogado, que afirma que no le sorprendería que la Agencia Española de Protección de Datos pidiera explicaciones a las administraciones.

Una medida que se extiende por Europa

Actualmente, una veintena países europeos ya contemplan la norma de pedir un certificado COVID para entrar a bares, restaurantes y locales de ocio. Entre los países que no aplican la medida se cuentan España, Alemania, Finlandia o Suecia. Aunque no aplicar la restricción, Alemania ha anunciado que dejará de administrar tests gratuitos a las personas no vacunadas para incentivar la vacunación.

Portugal e Italia fueron uno de los primeros en seguir el camino francés. En territorio portugués o italiano, sin embargo, sólo hay que presentar un certificado de vacunación o un test negativo si se pretende consumir en interiores. En el caso de Portugal, más concretamente, sólo en los locales de los municipios con una mayor incidencia durante los fines de semana. Dinamarca, por ejemplo, también ha comenzado a exigir su 'coronapass' para ir a la peluquería.

En Estados Unidos, únicamente Nueva York ha comenzado a pedir su propio pasaporte COVID para acceder a bares, restaurantes y locales de ocio interiores. El “Key to NYC” entrará en vigor el 16 de agosto, y convertirá en Nueva York en la primera gran metrópoli estadounidense en tener un pasaporte vírico propio.