Semana de huelgas en Catalunya: ¿Quién se suma al paro, cuándo y por qué?

 El 2023 empieza caliente en Catalunya en lo que a reivindicaciones laborales se refiere. En la cuarta semana de lo que va de año, los servicios públicos se han conjurado para hacer coincidir sus reivindicaciones laborales y llamar a diversas jornadas de huelga que se iniciarán el martes 24 y que se irán solapando hasta el jueves 26 de enero. Además, el viernes pasado, a esta convocatoria múltiple se sumaron los taxistas, que tenían previsto hacer huelga a principios de febrero.

Huelga de médicos por una reducción de la carga de trabajo

Los médicos fueron los que dieron el primer paso para armar esta semana de huelgas en Catalunya. Este colectivo lleva avisando a la Generalitat desde mediados de noviembre de 2022, cuando Metges de Catalunya, el sindicato mayoritario del sector, envío al Parlament más de 500 firmas en un manifiesto que reclamaba “medidas urgentes” para la sanidad pública. Era un “grito de alerta”, tal como lo definió el sindicato que, de no ver atendidas sus reclamaciones, amenazaba con una “gran movilización”.

En ese momento, se acababa de dar la ruptura del Govern y el nuevo conseller, Manel Balcells (ERC), admitió que su antecesor, Josep Maria Argimon (Junts), le había legado listas de espera “inaceptables” y una accesibilidad presencial a la Atención Primaria “insostenible”: sólo el 35% de los pacientes tiene acceso a una visita presencial a las 48 horas; el 52%, a los cinco días y el 72%, a los diez.

A pesar de estas palabras, diez días después de enviar el comunicado, los médicos lamentaron que no encontraron “ningún interlocutor dispuesto” en la nueva conselleria de Sanidad, por lo que la amenaza se concretó en un paro fijado para los días 25 y 26 de enero, convocado por Metges de Catalunya y la Mesa Sindical de Sanitat y al que están llamados 25.000 facultativos.

Como respuesta a la convocatoria, a finales de diciembre Salud firmó un acuerdo para el convenio con la red concertada del sistema sanitario público (Siscat) con las patronales y sindicatos CCOO, UGT y SATSE. En él se prometían 460 millones suplementarios para 2023 que se usarían para un incremento salarial del 3,5%, revertir los recortes del 2010 y blindar e incrementar las retribuciones por cumplimiento de objetivos y de las guardias.

Pero Metges de Catalunya no aceptó el acuerdo y siguió adelante con la huelga, que tiene como principal demanda el incremento de la plantilla para reducir la carga de trabajo (los médicos catalanes de Atención Primaria tienen asignados más de 1.400 pacientes cada uno). “No sirve que el conseller diga que se va a aumentar el presupuesto de Salud si eso no va a mejorar las condiciones retributivas y laborales”, apuntó Xavier Lleonart, secretario general de Metges de Catalunya.

Tal es la urgencia de los facultativos que el Sindicat de Metges convocó otra huelga el pasado viernes de cara al 1, 2 y 3 de febrero. Se tratará de jornadas con paros parciales en hospitales y CAPs para reclamar “medidas de efecto inmediato”.

La última vez que los médicos catalanes convocaron una huelga fue en octubre de 2020, prácticamente por las mismas razones. Ya antes, en 2018, en la semana de paros más sonada que se había registrado en la sanidad catalana en mucho tiempo, la clave de las demandas de los profesionales también eran aumentar plantillas y descargar las apretadas agendas asistenciales.

Las enfermeras paran para “tener más manos”

Casi dos meses después del anuncio de huelga de los médicos, y a escasos quince días de su celebración, la Intersindical llamó al paro al resto del personal sanitario para el 24 y el 25 de enero. Aunque no es el sindicato mayoritario en el sector, sí que tiene fuerza entre personal administrativo y de enfermería. Ambos colectivos reclaman mejoras en el salario, aumento de plantilla y la posibilidad de jubilaciones voluntarias a los 60 años.

El sindicato mayoritario entre las enfermeras, el SATSE, no se adhiere a la huelga ya que es uno de los firmantes del acuerdo al que se llegó en diciembre con la Generalitat. Menos conformes se muestran otros colectivos, que aseguran que el texto “mejora las condiciones laborales, pero no el día a día”, tal como apunta Ester Giménez, presidenta de la Aificc (Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria de Catalunya). Este colectivo no llama a la huelga porque no es un sindicato, aunque sí mostrará apoyo a los trabajadores que decidan parar.

Quien sí decidió sumarse a la convocatoria es el sindicato Infermeres de Catalunya, minoritario del sector, a menos de una semana de la huelga. Pero su adhesión no es a la huelga convocada por la Intersindical, sino a la de la Mesa Sindical de la Sanitat del 24 y 25 de enero. Con ello, el parón de las enfermeras se amplía a tres días: del 24 al 26.

Desde la Aificc aseguran que las condiciones laborales a las que se enfrentan las enfermeras afectan “gravemente” a la calidad asistencial. Entre las cuestiones que demanda el colectivo destaca un aumento de plantilla. “Con las manos que tenemos, no podemos hacer un trabajo adecuado y eso genera frustración, porque los pacientes se enfadan y con razón”, añade Giménez.

Además denuncian que faltan enfermeras en puestos de decisión. Esta falta de representación se nota en cuestiones como la regularización de los interinos. “Se están dando casos de enfermeras coumunitarias que consiguen plaza en hospitales y a la inversa, cuando la formación que tienen no es la adecuada. Hay profesionales que se plantean dejar el trabajo, porque un error nuestro puede ser muy grave”, apunta Giménez.

Todo el personal sanitario, a la huelga

La Intersindical convoca al paro del 24 y 25 de enero, además de a las enfermeras, a auxiliares administrativos, matronas, personal residente, técnicos, dentistas, pediatras, trabajadores sociales, conductores, farmacia, mantenimiento informático, investigación y personal de los servicios centrales.

“Los problemas en la sanidad catalana no son exclusivos de un único colectivo ni de un único sindicato”, tal como explicó Nèstor Sastre, coordinador de la Intersindical en ámbito sanitario. Las reclamaciones de este colectivo son similares a las de los médicos: más personal, bajada estructural de ratios, mayor gasto sanitario por cápita, recuperación del poder adquisitivo y derechos anteriores a los recortes, jubilaciones voluntarias totales o parciales e icentivadas a los 60 años, revertir las privatizaciones o retorno a la jornada laboral de 35 horas, entre otros.

Los docentes y estudiantes siguen su estela de movilizaciones

Los profesores anunciaron un día antes de Nochebuena que se sumarían a la huelga de los médicos. Los llaman los sindicatos USTEC, CCOO, UGT, Intersindical, Professors de Secundària (Aspepc), CGT y USOC. Con esta coincidencia de fechas, los docentes han querido convertir estas dos jornadas en una huelga “en defensa de los servicios públicos. Somos los dos sectores más perjudicados y, a la vez, pilar de la sociedad”, djo la portavoz de USTEC, Iolanda Segura.

Sus reclamaciones se basan en un retorno de los sexenios ''para todos los estadios, con un reconocimiento de la deuda y con una automatización''. De la misma manera, USTEC reclama una negociación sobre el calendario que blindaría julio como mes no lectivo y establecería un mínimo de días para la preparación del inicio de curso.

Estas peticiones se arrastran desde el curso pasado, durante el cual ya se vivieron nueve jornadas de huelga. La falta de entendimiento entre el departament de Educación y los maestros se tradujo en amenazas de paro de cara al inicio del curso que empezó en septiembre. Desde entonces, docentes y administración no han dejado de reunirse, pero sin llegar a acuerdos. El último encuentro fue el pasado jueves, cuando el departament puso sobre la mesa una propuesta que “pondría fin” a los recortes y exigió “un mínimo ejercicio de realismo y pragmatismo” a los convocantes.

Los docentes aseguran que no rechazan la propuesta, pero que quieren “presionar al máximo” para que Educación incorpore sus otras peticiones al acuerdo. Con todo, Cambray lamenta la convocatoria y avisa que la ciudadanía “no entenderá” una huelga que se da después de haber firmado un acuerdo ''histórico''. Con estas palabras se refería al acuerdo firmado el 1 de septiembre con todas las organizaciones sindicales para reducir una hora lectiva, que entró en vigor 1 de enero, así como la incorporación de 3.566 docentes y el establecimiento de la ratio ''más baja de la historia''.

Por su parte, y como ya viene siendo costumbre, el Sindicat d’Estudiants ha seguido a los maestros y también ha convocado huelga entre el alumnado bajo el lema “En defensa de la educación y la sanidad pública”. Este sindicato, que no es mayoritario en las aulas, denuncia condiciones “insoportables” como la falta de climatización, la carencia de profesores o las altas tasas.

“Este Govern, que prometió hacer políticas sociales, mantiene los servicios públicos en unas condiciones deplorables. Se intentan justificar diciendo que no hay recursos, pero no es cierto: 1,34 millones para la concertada-privada, 16.000 plazas en la FP privada-concertada subvencionadas con dinero público sin ocupar”, denuncia el sindicato.

Taxistas, la guinda del pastel

Los taxistas han sido los últimos en sumarse a esta semana grande de huelgas catalanas. El pasado martes realizaron dos marchas lentas que colapsaron el tráfico de Barcelona como protesta por el conflicto con las VTC. Inicialmente, tenían convocada una huelga del 31 de enero al 3 de febrero, coincidiendo con la feria audiovisual Integrated Systems Europe (ISE). Pero el viernes decidieron adaptar las fechas y sumarse a la huelga de los servicios públicos.

El cambio de fecha se debe a la ruptura de las negociaciones con la Generalitat tras saberse que todavía hay 1.170 autorizaciones de licencias VTC vigentes cuando, en principio, el 31 de diciembre entraba en vigor el decreto ley que restringía la actividad de empresas como Bolt, Uber o Cabify. Según lo previsto, estas empresas pasarían de tener 4.000 a 600 licencias y no podrían operar como taxis, sino como un servicio de alquiler de chóferes.

El descubrimiento de estas licencias “ha atizado el fuego”, advierte Tito Alvárez, portavoz de Élite. Luis Berbel, presidente del Sindicato del Taxi, ha emplazado a la Generalitat a cumplir con el acuerdo que regula el sector de los VTC y ha pedido al departament de Territorio que “rueden cabezas” tras saberse esta nueva información. Por su parte, desde la Generalitat aseguran que estas licencias caducarán durante el 2023 y apuntan que las negociaciones con el sector del taxi “están yendo muy bien”.

Los conductores no opinan lo mismo y han anunciado que pararán sus vehículos en la Gran Via de Barcelona de las 10 a las 14 horas el 25 de enero. Se espera que participen unos 5.000 taxis, según los cálculos de Élite Taxi.

A la espera del desbloqueo de los presupuestos

La semana de movilizaciones laborales en Catalunya coincide con uno de los momentos claves en la negociación de los presupuestos de la Generalitat que se siguen entre el Govern y, principalmente, el PSC. Ambas partes se dieron una semana de plazo que acaba, precisamente este miércoles. Según promete el Ejecutivo catalán, estas cuentas contendrían algunas de las partidas y aumentos de inversiones que permitirían responder a algunas de las reinvindicaciones de los colectivos, con 1.000 millones más para salud y 650 millones más para educación. También la ley de acompañamiento de los presupuestos podría ser la norma en la que introducir los cambios legales que exigen los taxistas.

Según vienen repitiendo fuentes del Ejecutivo catalán, el grueso de las partidas ya están acordadas con los socialistas que, junto con el acuerdo ya firmado con los comuns, sería suficiente para alcanzar una mayoría parlamentaria. Sin embargo el PSC exige que también haya un compromiso público con tres proyectos difíciles de encajar por el Govern: el Hard Rock, el cuarto cinturón viario entre Terrassa y Sabadell y la ampliación del aeropuerto. Desde el Ejecutivo aseguran que se trata de cuestiones “extrapresupuestarias” por no depender directamente de las cuentas de la Generalitat, pero los de Salvador Illa aseguran que solo apoyarán la ley si hay un cambio de postura en respecto a esas tres grandes infraestructuras.