El centro Irídia pide al Parlament crear un grupo de estudio para que los Mossos rindan cuentas de sus actuaciones

Las protestas del pasado otoño contra la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los líderes del 'procés' dispararon los casos de agresiones policiales en 2019. En las cargas actuaron no solo efectivos de la Policía Nacional, como el 1-O, sino también de los Mossos d'Esquadra. El incremento de la fuerza policial en las últimas protestas ha llevado al centro Irídia de defensa de los derechos humanos a reclamar al Parlament un grupo de estudio sobre sistemas de control policial que permite rendir cuentas de las actuaciones de los Mossos y ver qué elementos de mejora se pueden ya instaurar.

Tal y como ha recordado la letrada y codirectora de Irídia Anaïs Franquesa, “se desconoce el estado” de la auditoría abierta por la conselleria de Interior tras registrar decenas de actuaciones desproporcionadas de la policía catalana.

“Es clave y necesario ver si hay medios suficientes en la división de asuntos internos o cómo funcionan unidades del cuerpo de Mossos como la División de Evaluación de Servicios (DAS) para poder actualizar el sistema policial de derechos humanos”, ha señalado el codirector de la entidad Andrés García Berrio, durante la presentación del informe anual de casos atendidos por Irídia en 2019. “Si un agente piensa que puede lanzar proyectiles de 'foam' a gente que se iba a casa y no hacía nada, es que algo no funciona en los sistemas de control”, ha apostillado.

Según Irídia, la entidad atendió el pasado año a un total de 248 víctimas de violencia policial, 204 de las cuales sufrieron daños durante las manifestaciones por la sentencia del 1-O. “A lo largo de 2019 ha habido un incremento de casos y se ha mantenido la tónica de crecimiento de las atenciones realizadas por nuestro servicio”, ha asegurado la abogada Marta Valldaura, quien ha explicado que “la gran mayoría de las detenciones se produjeron entre octubre y diciembre como consecuencia de las actuaciones policiales en el marco de las movilizaciones postsentencia”.

Del total de casos atendidos por Irídia el pasado año, 216 sufrieron violencia institucional en protestas -tanto las del 'procés' como en otras-, 14 en el espacio público, 14 en situaciones de privación de libertad como comisarías o cárceles y cuatro durante actividades como desalojos de viviendas. Además, de las 204 personas afectadas durante las manifestaciones en contra del fallo del Supremo, 54 sufrieron daños por balas de goma o de 'foam' -cuatro de las cuales perdieron la visión de un ojo-, 18 recibieron golpes de porra en la cabeza y tres fueron lesionadas por furgones policiales.

Unas cifras a las que se suman también ocho casos de vejaciones y humillaciones y, al menos, cinco agresiones a periodistas correctamente identificados. “Se trata de actuaciones policiales muy graves, de vulneraciones de derechos y de un uso claramente abusivo de los proyectiles tanto de goma como de foam contra los manifestantes”, ha denunciado la letrada Marta Bolinches, quien ha censurado que los agentes buscaran “castigar” en lugar de “dispersar”.