Campaña para evitar que el pacto tributario entre España y Andorra facilite la elusión de impuestos
A finales de junio está prevista la entrada en el Congreso los diputados del denominado convenio de no doble imposición entre España y Andorra, conocido como CDI. El documento se firmó el 25 de abril por parte del Consejo de Ministros español. Es fruto de un inesperado encuentro entre los presidentes, español y andorrano.
El acuerdo, que debe ser ratificado por las Cortes y el Senado, ha pasado sin levantar polvareda entre la opinión pública española. Ha sido así a pesar de coincidir con hechos muy llamativos como la intervención de la Banca Privada Andorrana (BPA) y su filial española, Banco Madrid.
La plataforma por una fiscalidad justa sí se ha fijado en el contenido del acuerdo y ha dado la alerta respecto a las consecuencias económicas que dicho convenio puede tener para el fisco del Estado español, según explica Montserrat Segú.
Según la plataforma, el CDI facilitará la deslocalización fiscal de empresas españolas en el principado pirenaico. El acuerdo, se ha publicitado como una fórmula para evitar la doble imposición sobre la renta, añadiendo que no tendrá repercusiones en cuanto a la evasión fiscal. Pero detrás del titular hay letra pequeña, afirman los componentes de la entidad ciudadana.
Andorra era conocida hasta hace unos años por casi no aplicar impuestos directos. A partir de 2008 el país cambió su modelo económico y realizó una cierta apertura. La clave de la maniobra era intentar atraer empresas de otros países. Para ello el anzuelo son tipos de interés bajos, que posibilitan lo que se llama el dumping fiscal. Porque el Principado tiene ahora impuestos a las personas ya las empresas, lo que le permite pasar la maroma de los organismos internacionales y evitar ser considerado como un paraíso fiscal. Pero los impuestos citados pagan unos porcentajes muy bajos: en ambos casos el tipo máximo es el 10%, aunque en renta sólo se paga a partir de los 25.000 euros de ingresos.
Centrando el foco en el CDI, la atracción que el acuerdo puede tener sobre las empresas españolas es clara. España cobra por el impuesto de Sociedades a un tipo que puede llegar al 25% de los beneficios. Andorra ha fijado un tope máximo del 10%. Sin embargo, la legislación andorrana ha identificado además un conjunto de actividades con una tributación sobre sociedades aún más baja. Empresas como las que se dedican a la gestión e inversión intragrupo, el trading internacional, la explotación de intangibles y las sociedades de tenencia de valores (holdings) serán consideradas en Andorra como de régimen especial, y pueden ver, por tanto, su tributación rebajada hasta el 2%, afirma la plataforma por una fiscalidad justa.
Dichas facilidades son susceptibles de atraer empresas españolas que forman parte de un grupo especializado, por ejemplo, en la financiación de filiales, porque para el grupo esto implica una reducción de la facturación del conjunto, y, en el caso de la sociedad andorrana pasar a cotizar por los beneficios y poder hacerlo sólo en un 2%. Con esta política Andorra busca aplicar lo que ya se hace en otros países como Liechtenstein, Irlanda o Guernsey, en el canal de la Mancha.
Sin embargo, el país de los Pirineos, tiene muy claros los límites de su apertura. Las rebajas fiscales se dirigen hacia aquellos ámbitos en los que la presencia de empresas extranjeras no suponga competencia a las nacionales. Las autoridades del país verían bien que en el país se implantaran sociedades, por ejemplo, del sector informático o la cosmética, que además de tener niveles altos de facturación no contaminan. Ahora bien, para abrir sede en Andorra hará falta, además del permiso gubernamental, tener una sede física, de al menos 20 metros cuadrados, y crear un puesto de trabajo, al menos a media jornada, lo que aleja el modelo del de Gibraltar.
Pero, Andorra no sólo se interesa por las empresas. Los cambios legislativos tratan también de atraer personas con altos niveles económicos como residentes fiscales. El CDI que tiene en trámite el Gobierno mejoraría la seguridad legal de las personas que fijan en ese lugar su residencia para reducir el pago al fisco. La norma, de aprobarse, evitaría las denominadas falsas residencias como las que han afectado personajes conocidos del mundo del deporte o del espectáculo en Catalunya.
La plataforma por una fiscalidad justa denuncia el intento de hacer pasar el acuerdo como si no tuviera trascendencia económica para España. Y ya destacan que inmediatamente después de la firma del pacto se han producido movimientos tendentes a publicitar las ventajas que para las empresas que cotizan en España tendría su implantación en Andorra. Así, la confederación de Empresarios de Andorra (CEA) ha hecho seminarios en Barcelona con el título «Invertir en Andorra». La Banca Mora hizo en el mismo sentido, una presentación en Barcelona, precisamente de la mano del Despacho Cuatrecasas, el 13 de mayo pasado. El grupo TAX anunció también un acto en Tortosa para informar de las nuevas condiciones para invertir en Andorra, y el proceso no ha hecho más que comenzar..
En la lista negra de la UE
Todos los movimientos mencionados han topado con circunstancias imprevistas. Una ha sido la crisis de la BPA y su filial española. Otra es, quizás, el temor del gobierno español que si se retrasa en aplicar la norma quizás no pueda hacerlo como hasta ahora, porque es difícil pensar que en el futuro se repetirán mayorías absolutas como la actual.
Finalmente, un obstáculo inesperado. Hace tres años la OCDE sacó a Andorra de la lista de paraísos fiscales. Desde ese momento el principado ha firmado una veintena de acuerdos de intercambio de información fiscal con otros países, aunque hasta el año 2018 no se dará el intercambio automático de información. Quizás por este motivo, la lista de paraísos fiscales elaborada por la Unión Europea todavía incluye el pequeño país pirenaico entre los estados que no son colaborativos en materia de lucha contra el fraude y la evasión fiscales.
Todas las dudas antes mencionadas motivan la campaña en marcha para conseguir que los diputados no ratifiquen el CDI. En el ámbito ciudadano se da una recogida de firmas entre la población por lo que se considera un peligro para la recuperación económica, si se facilita de alguna manera la fuga de ingresos fiscales que mermarían la ya muy reducida recaudación de impuestos a las empresas en España.
