Vecinos sin derechos: al menos 35 municipios catalanes ponen trabas para empadronarse

“Cuando entramos, nos miran fatal. Como si lleváramos el mal al Ayuntamiento”. Esta es la sensación que tiene Abdelaziz Mohamadi, vecino de Arbúcies (Girona), cuando hace el trámite de empadronamiento en su municipio. Él forma parte de la Asociación por la Convivencia y la Cohesión Social, una entidad creada a raíz de detectar que su consistorio “incumple de manera reiterada la ley de empadronamiento”, según denuncia Mohamadi.

La entidad calcula que cerca del 5% de la población se encuentra trabas a la hora de empadronarse. Pero esta situación no es exclusiva de su pueblo: Arbúcies es uno de los -al menos- 35 municipios catalanes que dificultan la inscripción en el censo, según una investigación conjunta que han realizado diversas entidades del territorio. Destacan ciudades como Reus, Mataró, Santa Coloma, Terrassa, l'Hospitalet, Lleida, Badalona, Sabadell, Tarragona o Igualada.

Los impedimentos que ponen los consistorios son diversos, pero comunes en todos las ciudades. “Hay una tendencia a usar la burocracia como herramienta para la represión y la discriminación”, explica Laia Costa, abogada y responsable de incidencia de la fundación Ficat. Esta entidad, juntamente con La Federación de Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS), la Coordinadora Obrim Fronteres, el Fòrum de Síndics Locals, la CONFAVC, Lafede.cat y MUET, han realizado un sondeo y han detectado una treintena de municipios en los que se infringe el derecho al padrón.

La Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local asegura que “toda persona que vive en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que reside habitualmente”. A pesar de ello, las entidades denuncian que, si bien los consistorios no deniegan explícitamente este derecho, sí “es frecuente que usen técnicas sibilinas para que ciertas personas no se acerquen a un ayuntamiento a empadronarse”, tal como asegura Costa.

La ley desvincula el estado o tipo de la vivienda con el derecho al padrón. Es decir, que aunque no se cuente con contrato de alquiler, se esté okupando, se viva en una nave industrial sin célula de habitabilidad o se duerma en la calle, el Ayuntamiento tiene la obligación de empadronar. Él único requisito es demostrar que se vive en el municipio, cosa que se puede hacer de muchas maneras.

Pero, tal como destacan las entidades, muchos consistorios exigen “documentos sin base legal”, tal como apunta Mohamadi. En el caso de Arbúcies se requiere que la persona que se quiere empadronar en una vivienda tenga el mismo apellido que la que le autoriza. También piden que el nombre de todos los solicitantes figure en el contrato de alquiler.

Estos requisitos excluyen, por ejemplo, a las personas realquiladas, cuyo nombre no figura en el contrato. “Muchas ayudas y prestaciones están vinculadas al número de personas que viven en un domicilio y, por eso, hay muchos inquilinos que subarrendan, pero no quieren empadronar”, explica Costa.

Pero, aunque alguien se encuentre en esa situación, la ley sigue dando opciones. Según la normativa, un ayuntamiento debe empadronar “con independencia de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad”. O, lo que es lo mismo, una persona que esté okupando, no tenga contrato o que viva en una infravivienda, podría empadronarse allí.

Aún así, “ningún ayuntamiento asegura al 100% que no se vaya a realizar una denuncia por okupación o que Servicios Sociales no vaya a abrir un expediente que pueda derivar, en el peor de los casos, en una quita de custodia de los menores a cargo”, se lamenta Laia Costa. El miedo, pues, hace que muchos ciudadanos ni siquiera intenten iniciar el trámite. Esto, según la letrada, es otra muestra de lo que ella denomina “burorrepresión”.

Una “puerta de acceso” a otros derechos

Otro de los frentes abiertos que tienen las entidades que velan por el derecho al padrón es el sinhogarismo. Esto incluye a las personas que viven en una infravivienda o a aquellas que, directamente, duermen al raso. Para estos casos, la ley establece la opción de padrón sin domicilio fijo o domicilio ficticio, que permite censarse en un equipamiento municipal. Pero hay muchos municipios que no cumplen esa parte de la normativa. “Algunos pretenden utilizar políticamente el padrón para evitar un teórico efecto llamada”, tal como expuso en 2021 la presidenta del Fòrum Local de Síndics de Greuges (defensores del pueblo en Catalunya).

Algunos de los municipios en los que no es posible empadronarse sin domicilio fijo son Terrassa o Lleida. En este último, por ejemplo, la trampa es clara. Se pide a las personas migrantes que acrediten dos años de residencia en el municipio antes de poder acceder al padrón. Y, además, “se requiere tener un expediente abierto de Servicios Sociales, pero Servicios Sociales sólo te atiende si estás empadronado”, se lamenta Marta Soler, de la fundación Arrels Sant Ignasi de Lleida.

A demás del laberinto burocrático, muchas personas se tienen que enfrentar a otras complicaciones, como podrían ser las dificultades de pedir cita previa o la brecha digital que implica que sólo se pueda hacer por Internet. En la otra cara de la moneda, que no se pueda pedir cita previa también es un problema: en Arbúcies, por ejemplo, sólo se atiende durante dos horas a la semana, durante las cuales la cola es de decenas de personas, la mayoría de las cuales no consigue ser atendida.

Ante estas situaciones, son muchos los vecinos que directamente desisten de iniciar el trámite del padrón o se decantan por pagar una de las centenares de ofertas que se encuentran en portales como Wallapop, en los que propietarios o inquilinos empadronan a cambio de un pago. Otro camino que inician muchos afectados es el de empadronarse en otro municipio que sí cumple la ley y, por tanto, ofrece más facilidades. El ejemplo paradigmático sería Barcelona, tal como lo demuestra el hecho de que sea la ciudad escogida por el 80% de personas sin hogar del Área Metropolitana.

Y es que el padrón es un “metaderecho”, tal como destaca Lluís Puigdemont, miembro de ECAS. “Si alguien no está empadronado, es que no es considerado ciudadano”, resalta Puigdemont, que recuerda que es la puerta de entrada para poder votar, ir al médico, escolarizar a las criaturas, acceder a prestaciones o inscribirse como demandante de ocupación.

Por todo ello, las entidades reiteran que un ayuntamiento debe cumplir la ley, sobre todo para “saber cuántas personas viven en un municipio y poder diseñar bien sus servicios”, aseguran. Ponen el foco en las elecciones de este 28 de mayo, puesto que achacan la problemática a una falta de voluntad política. Según apuntan, la solución sólo puede venir de los ayuntamientos, ya que es muy difícil que se den denuncias ciudadanas.

“Hay pocas demandas porque la mayoría de afectadas son personas racializadas y vulnerables, sin dinero ni tiempo para andar con abogados. Además, para denunciar, se necesita estar empadronada”, apunta Laia Costa, remarcando la ironía. La denuncia social tampoco es una vía que funcione demasiado; tal como asegura la letrada, “muchas entidades, que son las que ven la problemática de primera mano, no quieren alzar la voz para no perder subvenciones”, acusa.