La víctima de la agresión racista de un grupo de mossos pide seis años de cárcel a los agentes por torturas

Wubi D., la víctima de la agresión racista de seis mossos d'esquadra en Sant Feliu Saserra (Barcelona) en 2019, pide seis años de cárcel y doce de inhabilitación a los agentes por delito de torturas. La abogada Lorena Antón, de SOS Racisme y que representa al joven, acusa a los policías de “agredir, insultar, humillar y vejar” a Wubi D., y hace hincapié en que su superior presenció las amenazas y golpes sin frenarles.

Se trata de la pena máxima que contempla el Código Penal para el delito de torturas, que castiga al funcionario público que, en abuso de su cargo, somete a cualquier persona a sufrimientos físicos o mentales que atentan contra su integridad moral. La principal prueba de la acusación es el audio grabado por la propia víctima y que sirvió para que el juez de instrucción dejara a un paso del banquillo a los seis agentes.

Lejos de reconocer los hechos, los agentes, como vienen haciendo a lo largo de la investigación, han pedido de nuevo a la Audiencia de Barcelona que archive el caso. “Se está enviando al banquillo de los acusados a seis personas por el mero hecho de que pasaban por allí”, llega a firmar el escrito de la defensa. Los magistrados todavía deben pronunciarse sobre este recurso para confirmar que el caso llegue a juicio.

La víctima relata en su escrito de acusación todas y cada una de las humillaciones que sufrió, grabó y que incluso reconocieron los propios agentes en el audio, pero no ante el juez. Gracias al audio de más de 30 minutos que grabó Wubi D., se pudo escuchar a los agentes dirigiéndole amenazas y varios comentarios racistas como “negro de mierda”, “hijo de puta” o “soy racista no, lo siguiente”. Los seis mossos investigados han dificultado la investigación hasta el punto de querer acudir a la rueda de reconocimiento con la cara tapada, extremo que vetó el instructor.

Además de la pena de prisión por delito de torturas con las agravantes de racismo y xenofobia y abuso de superioridad, la víctima reclama 30.000 euros por daños morales y una multa de 2.700 euros por las lesiones leves que le provocó su detención por parte de los agentes. Según la acusación, antes de la detención los agentes golpearon al joven en las costillas, le escupieron y le cogieron por la cabeza, además de golpearle varias veces.

La investigación del caso dio un salto después de que los superiores de los agentes investigados pasaran del encubrimiento a la colaboración: el pasado verano dos jefes de los seis agentes rectificaron su declaración inicial ante Asuntos Internos, en la que dijeron no poder reconocer a ninguno de los investigados en la grabación de los hechos, y finalmente sí identificaron a los mossos que participaron en la agresión.

Los dos sargentos señalaron a uno de los agentes investigados como el mosso que profirió los insultos más graves –“negro de mierda, hijo de puta”; “soy racista no, lo siguiente”– a la víctima. Ambos mandos también identificaron al mosso que en la grabación insta a la víctima a irse “un poco más abajo porque aquí ya tenemos suficiente mierda”. Los agentes también aparecen en la minuta de detención de Wubi D., al que los policías acusados llegaron a denunciar por tráfico de drogas, algo que descartó de plano el juez.

Además, el primer sargento reconoció en la grabación al agente que admitió haber disparado al joven y después le espetó: “Porque he fallado. Si no, te reviento las costillas”. Los dos mandos identificaron en el audio al cabo de la unidad, que, al igual que los otros cuatro agentes investigados, si bien no profiere amenazas directas al joven no frena los insultos de sus compañeros.

Los seis agentes investigados han sido trasladados de destino por la conselleria de Interior pero no han sido suspendidos de empleo ni de sueldo pese a que así lo permite el reglamento interno de la policía catalana. De hecho la conselleria desoyó al Parlament y rechazó suspender de empleo y sueldo a los mossos implicados en la agresión racista tal y como le había pedido la Cámara catalana.