El miércoles de la semana pasada, la astrofísica Amaya Moro-Martín publica un artículo de opinión en la columna World View de Nature, en el que criticaba la tibia postura del nuevo comisario para investigación de la Comisión Europea, Carlos Moedas. Este, en su presentación ante el Parlamento Europeo, reveló que su único plan para revitalizar la agonizante I+D europea es “aumentar la cooperación entre estados miembros”.
El artículo hace un recuento de los abusivos recortes que dicho sector ha sufrido en todos los países europeos – incluyendo no solo los famosos PIIGS (con caídas en contratación superiores al 90% en Italia y España, y caídas en la financiación entre el 40 y el 50% en España y Portugal), sino al “virtuoso” núcleo centroeuropeo (con caídas del 20-25% en el personal académico en Francia y la creciente precarización de los puestos académicos en Alemania).
También denuncia que todos estos recortes se hacen en nombre de la austeridad. Que enmascaran el incumplimiento del objetivo europeo de inversión (3% del PIB en I+D) bajo la falsa promesa de que serán compensados por el aumento de la inversión privada (!en mitad de la peor crisis económica desde la gran recesión!). Y que están causando una fuga de cerebros masiva en toda Europa, y sobre todo los países del sur. E invita a todos los lectores a firmar la carta abierta de EuroScience.
Pero Amaya cometió un error: se atrevió a mencionar, nada menos que en Nature, la polémica que durante los últimos meses ha enfrentado a la Fundación Europea de la Ciencia (European Science Foundation, ESF) con la mayor parte de los investigadores y académicos portugueses. Tan solo una pasajera cita de este problema (“… Portugal podría tener que cerrar la mitad de sus unidades de investigación a causa de un proceso de evaluación defectuoso, apoyado por la ESF”) le ha granjeado una agresiva respuesta por parte de Jean-Claude Worms, director de la Oficina de Apoyo a la Ciencia (Science Support Office) de la citada Fundación. En una carta enviada poco después de publicarse el artículo, Worms exige su retirada - y amenaza, en caso contrario, a su autora con acciones judiciales por hacer afirmaciones injuriosas (“slanderous”).
La ESF aprovecha, además, que el artículo fue publicado en una revista inglesa, lo que les permitiría desarrollar la acción judicial bajo la Ley de Difamación británica, conocida por ser extremadamente restrictiva con la libertad de opinión. Como el El Dr. Singh, que ganó una larga batalla judicial con la Asociación Británica de Quiropráctica por criticar la eficacia de los tratamientos quiroprácticos, declaró recientemente: “ Las leyes inglesas siguen siendo utilizadas para suprimir el periodismo sobre temas científicos… No hay ninguna defensa del interés público, ni restricción alguna sobre la capacidad de las corporaciones de acosar a quienes ofrecen opiniones críticas hasta hacerlos callar”.
Esta amenaza ha sido rápidamente criticada y contestada por muchos investigadores, colectiva e individualmente.
La revista Nature, que ganó recientemente una larga batalla judicial contra acusaciones similares, ha recordado que dedicó un editorial la semana pasada a criticar la judicialización de la crítica y el debate científico.
Retraction Watch, organización dedicada a combatir el fraude científico, informó del caso y comentó que “la idea de que caracterizar un proceso como ”sesgado“ es injurioso es simplemente ridícula. ¿Qué proceso de evaluación es tan perfecto como para que llamarle sesgado no represente una razonable opinión?”
David Marcal, en el blog De Rerum Natura, denuncia lo ocurrido e invita a los lectores a seguir su ejemplo, introduciendo en los comentarios al artículo publicado en Nature la frase: “No tengo ninguna duda de que la evaluación de FCT/ESF estuvo severamente sesgada. Por tanto, ruego a la Fundación Europea de la Ciencia que me incluya también a mi en su denuncia.” Una petición que ha encontrado numerosos seguidores.
David Ferning, en Ferninglab Blog, considera “despreciable” lo ocurrido y protesta contra lo que considera como puro acoso. Arguye que al dirigir sus amenazas contra la autora, y no contra la empresa que publica la revista (que sería el destinatario lógico de la denuncia), tan solo quieren asustar a Amaya con la perspectiva de un largo y costoso proceso judicial, que un individuo no puede permitirse asumir. E invita a los lectores a seguir su ejemplo, y negarse a trabajar de nuevo para la ESF mientras ésta organización no se disculpe ante Amaya Moro-Martín por lo ocurrido.
La mayoría de los artículos y comentarios sobre la noticia consideran que J.C. Worms, y por extensión la ESF, han cometido un grave error que tan solo contribuye a su descrédito. Sin embargo, conviene detenernos brevemente en el origen e implicaciones de la polémica.
Como afirma Thiago Carvalho en The Opposing Thumb, el núcleo del problema podría residir en la tendencia creciente a subcontratar empresas privadas para evaluar las políticas públicas. Como la posición comercial de estas empresas está basada casi exclusivamente en su reputación e imagen, muchas de ellas consideran legítima la utilización de todos los medios a su alcance (relaciones públicas, estrategias de comunicación, denuncias judiciales) para combatir el debate crítico sobre sus procedimienntos – debate que, al tratarse de procesos financiados con dinero público, no es solo legal sino incluso sano y necesario.
Además, el recurso a estas evaluaciones “externas” suele ocultar motivos espurios, particularmente en tiempo de recortes. A menudo, el propósito de estas “evaluaciones” no es tanto priorizar la distribución del gasto futuro conforme a criterios preestablecidos de forma transparente, como enmascarar cambios drásticos en la cuantía de ese gasto, en los criterios utilizados para distribuirlo, o en ambos aspectos. Para hacerlo, se acuerda con las “comisiones de expertos” o “agencias independientes” la utilización de criterios ocultos (como ha sido el caso portugués) o la inclusión de conclusiones preestablecidas en los informes finales (como ha sido, probablemente, el caso español). A menudo, los expertos que participan en las evaluaciones no son conscientes de los umbrales y filtros que se van a aplicar a sus priorizaciones, por lo que participan de buena fe en procesos que no son del todo bienintencionados.
El caso de la evaluación de las unidades de investigación portuguesas subcontratadas a la Fundación Europea de la Ciencia (ESF) por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FCT) portuguesa, origen de toda esta tormenta, podría ser un buen ejemplo.
La FCT financia, con fondos específicos, el trabajo de las llamadas “unidades de excelencia” - unidades de investigación no circunscritas a un centro, que pueden agrupar departamentos y laboratorios de todo Portugal. Eso implica que un investigador excelente tendrá dificultad para acceder a esos fondos si no se encuentra en una unidad que esté entre las primeras de su área. A pesar de las potenciales bondades que este tipo de sistema puede tener para fomentar la cooperación científica, en la práctica el bajo nivel de inversión (sólo ligeramente superior al de España) implica una concentración de recursos en muy pocas unidades. Esta combinación de factores impulsa a departamentos y laboratorios a asociarse con las unidades más fuertes aunque se encuentren en campus y ciudades muy diferentes, lo que provee a los responsables de dichas unidades de un control desmesurado sobre los objetivos y la política de investigación a nivel nacional (en algunos casos, los responsables de algunas unidades llegan a controlar casi tres cuartas partes de los fondos de todo su área de conocimiento).
La asignación de las unidadesde investigación a categorías de calidad, que dan acceso (o no) a la citada financiación, se produce mediante evaluaciones multianuales. La última, actualmente en curso, ha estado rodeada de polémica. Las numerosas críticas hechas públicas enfatizan que los procedimientos y criterios que la ESF aplicó para evaluar a las unidades de investigación portuguesas (y que ésta presenta en su página web) eran transparentes y rigurosos – pero no se cumplieron. Como resume De Rerum Natura:
1. La evaluación tenía como objetivo oculto eliminar la mitad de las unidades de investigación del país; de forma que, mientras el procedimiento anunciado por la FCT/ESF se centraba en “evaluar en base a la calidad y mérito”, el contrato firmado entre la FCT y la ESF (hecho público por presión legal tras conocerse los resultados de la primera ronda de evaluación) imponía que tan solo el 50% de las unidades podían pasar a la segunda fase.
2. En evaluaciones anteriores, también se utilizaron paneles de expertos internacionales. Pero, entre la evaluación de 2007 y la de 2014, el número de paneles y expertos se ha reducido a alrededor de la cuarta parte (de 25 paneles con 256 expertos, a 6 paneles con 73 expertos), comprometiendo seriamente su capacidad para evaluar de forma adecuada la diversidad de áreas de conocimiento a la que debían enfrentarse.
3. El número de revisores utilizado fue considerablemente inferior al anunciado y no aportó la robustez prometida (como indican la gran discrepancia entre las calificaciones de los diferentes evaluadores y la contradicción entre las evaluaciones y los indicadores bibliométricos utilizados).
4. La composición de los paneles de expertos no aportó ni una cobertura adecuada de las áreas disciplinarias (algo de gran importancia, ya que su criterio predominó el de los revisores) ni el equilibrio geográfico y de género prometido (un cuarto de los evaluadores eran ingleses, y el 84% eran hombres – incluyendo tres paneles al completo).
4. El derecho legal de los centros a enviar comentarios al final de la primera fase, que debían ser contestados antes de comenzar la segunda, fue ignorado.
Tras la presentación de los resultados de la primera ronda de evaluaciones, se desató una fuerte polémica, ya que muchas unidades recibieron evaluaciones muy inferiores a las del período anterior, abocándolas a la eliminación. El FCT publicó, bajo presión legal, el contrato con la ESF que deja claro que ésta última aceptó imposiciones sobre las cuotas de “aprobados”, reducción de los paneles de expertos, y modificación de normas sobre la marcha. Al hacerlo, se convirtió en complice del mal proceder y la falta de transparencia de la FCT.
¿Es este, por tanto, un asunto exclusivamente portugués? Probablemente no. Por ejemplo, el director de la FCT, Miguel Seabra, ha sido elegido recientemente director de Science Europe, la influyente asociación de organizaciones financiadoras y evaluadoras de la ciencia - encargada, entre otras tareas, de apoyar el desarrollo del Área Europea de Investigación (el principal mecanismo para estructurar la financiación de la investigación en la Unión Europea).
Mas preocupante aún es la elección de Carlos Moedas como comisario europeo de investigación, que consolida la tendencia a poner al frente de la I+D a economistas y políticos sin ninguna experiencia en esta actividad. Carlos Moedas es un “ingeniero, economista, banquero y politico portugues”, que ha trabajado para Goldman Sachs y el Eurohyppo Bank – dos de los bancos rescatados durante la crisis. (La selección de Moedas extrañará menos a quienes conozcan a otros antiguos empleados del Grupo Goldman, como Romano Prodi, ex-presidente de la Comisión Europea, y Mario Draghi, actual presidente del Banco Central Europeo).
El drástico cambio del modelo de financiación de la I+D en Portugal no es, por tanto, sino alta política europea. Y, tal vez por eso, no puede tolerarse que una investigadora critique públicamente la evaluación llevada a cabo, como cobertura para esta política, por las fundaciones portuguesa y europea de la ciencia.
Una cosa es, en cualquier caso, cierta: si se intenta suprimir la crítica y se teme la búsqueda de la verdad, no estamos hablando de ciencia. Y resulta muy preocupante que la política científica sea, cada vez, menos científica.
Sobre este blog
Ciencia Crítica pretende ser una plataforma para revisar y analizar la Ciencia, su propio funcionamiento, las circunstancias que la hacen posible, la interfaz con la sociedad y los temas históricos o actuales que le plantean desafíos. Escribimos aquí Fernando Valladares, Raquel Pérez Gómez, Joaquín Hortal, Adrián Escudero, Miguel Ángel Rodríguez-Gironés, Luis Santamaría, Silvia Pérez Espona, Ana Campos y Astrid Wagner.
