La paja en el Trump ajeno

Con la investidura de Trump, las redes sociales han explotado. En los EEUU, los ciudadanos se han movilizado para expresar su preocupación desde el primer día, y las denuncias y críticas han inundado los medios de comunicación y sociales (incluyendo, claro está, los medios españoles).

La exhibición de racismo, misoginia, xenofobia y populismo, y la desinhibición con que tanto el presidente como su gabinete alardean de su falta de preparación y modales propician estas críticas. Pero uno no puede sino preguntarse dos cosas.

¿Irá tanta actividad en los medios sociales seguida del correspondiente despliegue de compromiso y activismo, o será tan solo un placebo que sustituirá a ese? Cierto es que el último siglo de historia de EEUU nos demuestran que marchas y movilizaciones como las que se han desarrollado estos días han servido para despertar conciencias y aglutinar a los ciudadanos en acciones pacíficas que han cambiado radicalmente los derechos civiles del país –y, por extensión, de muchos otros países–. Pero la otra cara de la moneda podría ser la comunidad virtual que, desde este y otros países, centra hoy su pasajera atención en esas movilizaciones. En ella, los medios sociales parecen estar alumbrando una indulgente ciudadanía que parece satisfecha con decir “vosotros gobernáis, nosotros twitteamos”.

Y, sobre todo: ¿están los españoles en condiciones de dar lecciones al pueblo americano? Uno diría que estamos usando la paja en el ojo ajeno para ocultar nuestra pasiva aquiescencia con las vigas que nuestro Gobierno lleva cinco años introduciendonos en el propio.

Un resumen rápido a las primeras iniciativas del Gabinete Trump sugiere que sus políticas no solo no van a apoyarse en el mejor conocimiento disponible, sino que van a negar la evidencia científica. Empezando por el cambio climático, que Trump describió en campaña como “una invención de los chinos” y ha sido borrado ya de la página web de la casa Blanca, para ser sustituido por una mención al “Plan de Energía America First” diseñado a medida del lobby de los combustibles fósiles.

Este es solo el primer paso de un anunciado ataque en toda regla a la protección del ambiente y la salud pública que desarrollan la Agencia de Medio Ambiente (EPA), el Servicio de Parques Nacionales o la propia NASA, a los que ha prohibido hacer declaraciones en los medios sociales sobre estos temas (provocando la aparición de sitios “rebeldes” que han recurrido a hacerlo desde el anonimato). También es de esperar que se recrudezca el ataque a la docencia e investigación de la evolución biológica y el apoyo a las teorías creacionistas. Por no hablar de su defensa cerrada al uso de armas de fuego, cuyos efectos ni siquiera pueden investigarse con dinero público en EEUU.

Más preocupante aún es el ataque a la financiación e independencia de los científicos y de los funcionarios que usan la evidencia científica en su trabajo. Antes ya de tomar posesión de su cargo, Trump ha recabado información sobre los funcionarios de la EPA involucrados en las reuniones sobre cambio climático, un movimiento que ha sido entendido como el inicio de una caza de brujas. Este tipo de actuación empieza a ser una seña de identidad de la ultraderecha anglosajona (la “AltRight”), ya que reproduce iniciativas similares del conservador Stephen Harper, que llegó a prohibir a los investigadores públicos canadienses hablar con los medios e incluso con otros científicos, y solo ceso en su acoso tras perder las elecciones frente a Justin Trudeau. Como ocurrió allí, los científicos se han movilizado contra este ataque y están incluso considerando presentarse a las próximas elecciones.

Y, por supuesto, la utilización abierta de exabruptos, mentiras y ataques a la prensa, que recuerdan peligrosamente la forma de actuar de gobiernos totalitarios por los que Trump ha demostrado su aprecio repetidamente. La manipulación de la verdad, tan habitual en el mundo de la política, ya había alcanzado cotas insospechadas durante la campaña electoral americana. Pero el recurso a la mentira más descarnada (bajo el eufemismo “hechos alternativos”) y el abierto ataque a los medios de comunicación que han marcado el primer día de la presidencia de Trump han alarmado a todos. Está por ver si su efecto es intimidar a la prensa hasta domesticarla adecuadamente, o despertarla al hecho de que su tolerancia con la mentira ha llegado ya demasiado lejos.

Por chocante que resulte leerlas, ninguna de estas políticas se diferencia significativamente de las desarrolladas por el Gobierno de Mariano Rajoy en nuestro país, aunque si las llevan a su extremo. Para empezar, las numerosas incompatibilidades y conflictos de intereses de su primer y segundo gobierno no desmerecen en absoluto de las del gabinete de Trump.

Destacan los sonados casos de Miguel Arias Cañete, que tan solo al ser nombrado eurodiputado consideró pertinente desprenderse de sus acciones en dos empresas petroleras cuyos vínculos con la administración ocultó durante su etapa de ministro de medio ambiente, o del exministro de industria Jose Manuel Soria, cuya mujer representaba ante la Justicia a grandes compañías que dependían de su ministerio, como Endesa, Orange y Telefónica, y que acabó dimitiendo cuando la prensa reveló que participaba en sociedades offshore radicadas en paraísos fiscales.

También están los de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, cuyo marido Iván Rosa fue fichado como asesor por Telefónica tres meses después de que ella accediera al cargo de vicepresidenta y ministra de la Presidencia. El ministro de economía, Luis de Guindos, que antes de serlo formaba parte del consejo de administración de Endesa y del Banco Mare Nostrum y trabajó como responsable del sector financiero en España para la consultora PricewaterhouseCoopers.

El ministro de defensa, Pedro Morenés, que trabajó en varias empresas dedicadas a la fabricación de armamento y barcos con las que siguió contratando como ministro. Isabel García Tejerina, ministra de agricultura y medio ambiente, que fue directiva de la empresa de fertilizantes y productos químicos Fertiberia, probablemente la más contaminante del sector, responsable de un grave foco de contaminación situado en plena ciudad de Huelva que su ministerio no acaba de hacer limpiar.

El Gobierno las ha resuelto “a lo Trump”: declarando que los implicados no tienen por qué inhibirse en las decisiones en las que tienen intereses privados y negándose a hacer público cuando lo hacen (y cuando no).

En lo relativo al cambio climático, destacan no solo las declaraciones negacionistas de varios ministros y portavoces (como Rafael Hernando, la portavoz en la Comisión de Medio Ambiente Teresa Lara, o el propio presidente Rajoy ), sino la agresiva política de ataque a las energías renovables (que pasó de los recortes a la transición energética a la penalización de su uso en red, para culminar en un “impuesto al sol” sin precedentes en el resto del planeta, defendido a capa y espada en contra de la opinión unánime del resto de partidos), apoyo ilimitado a las energías fósiles y obediencia al lobby que las promueve. Política que incluye la defensa a ultranza del fracking, oponiéndose en los tribunales a los gobiernos regionales que lo han regulado pero negándose al tiempo a garantizar el estudio riguroso de los riesgos que conlleva.

Tampoco ha sido distinto el ataque a la legislación ambiental y a la conservación de la naturaleza, aunque esta había empezado ya en la segunda legislatura de Zapatero, con la destitución del director general de costas, José Fernández, el reemplazo de la ministra de medio ambiente, Cristina Narbona, y la integración del Ministerio de Medio Ambiente en el de Agricultura.

En manos de Arias Cañete, el MAGRAMA desmanteló la Ley de Costas, cediendo a la descarada presión de los propietarios de construcciones ilegales en terrenos públicos situados en primera línea de costa. Redujo los niveles de protección de los Parques Nacionales y otros espacios protegidos, abriéndolos a la caza y a la explotación económica mientras reducía a la mínima expresión las ayudas a las poblaciones de su entorno. Intentó privatizar fincas de alto valor ecológico, aunque no siempre consiguiera compradores –como en el famoso caso de La Almoraima–. Ocultó informes pagados con dinero público que evidenciaban los preocupantes niveles de contaminación por metales pesados alcanzados en ciertos pescados.

También ha destacado este Gobierno por su apoyo a los elementos más conservadores en los conflictos entre ciencia y religión. A la ultramontana defensa de la asignatura de religión católica se suma el apoyo a las tesis creacionistas en el currículum educativo, publicaciones oficiales (en algún caso, heredadas del anterior gobierno socialista) y eventos públicos. Y, sobre todo, la predominancia de miembros de perfil ultracatólico y conservador en el Comité de Bioética, que regula aspectos claves de la investigación biomédica, como la investigación con células madre.

Aunque es cierto que en España no está prohibido investigar los efectos del uso de armas de fuego, si es cierto que este gobierno niega el acceso a los datos de criminalidad. Estos datos son particularmente valiosos para evaluar la utilidad de las políticas actuales de endurecimiento de las leyes y multiplicación de los delitos de opinión, particularmente preocupante en un país que destaca por su inflación punitiva (bajas tasas de criminalidad pero elevada población reclusa).

Y ¿qué decir sobre la financiación e independencia de los científicos? El palmario desinterés de los dos últimos gobiernos por la I+D quedó patente desde el principio: cuando la secretaria de estado Carmen Vela declaraba que “en España sobran científicos” y el presidente del CSIC declaraba que el éxodo de investigadores a otros países era una “leyenda urbana”, no hacían sino defender un programa de recortes que se ha llevado por delante dos décadas de esfuerzos para poner a la ciencia y tecnología española a la par de los países de su entorno.

Además, y como ocurre con la administración Trump, los recortes han tenido un trasfondo ideológico, ya que se han cebado en ciertas áreas (como el medio ambiente y la salud pública) y en la investigación “fundamental”, mientras se derivaban los escasos recursos a OPIs productivistas –en una proporción que no se corresponde con su nivel de excelencia científica (en muchos casos, ni gran parte de su personal ni sus directores tienen siquiera el grado de doctor)–.

También vivimos en España una espiral aparentemente interminable de exabruptos, mentiras y ataques a la libertad de opinión e información. Como decíamos antes, la manipulación de la verdad y las declaraciones mentirosas que se tornan en su contrario en cuestión de días parece consustancial a la vida política española. Sorprende, sin embargo, la poca importancia que le dan los votantes, que no han dudado en otorgar su confianza a personas, partidos y medios de comunicación que han incumplido la mayoría de sus promesas, que si no son reos de corrupción son sus colaboradores y/o superiores directos, que enmascaran sistemáticamente con ataques al hombre su falta de argumentos factuales –y, en general, que toman a los ciudadanos por idiotas–.

No solo les seguimos escuchando, pagando y votando. Les cedemos todos los espacios de toma de decisiones en los que estamos involucrados, desde la comunidad de vecinos o la asociación de padres del colegio hasta los ayuntamientos y gobiernos, porque estamos muy ocupados o porque “meterse en política es una mierda”. Antes nos íbamos al bar a desahogarnos y sentirnos superiores; ahora, lo hacemos en los comentarios de algún medio digital o enviando sagaces sarcasmos por twitter.

Así que sí, los votantes americanos nos han decepcionado. Pero tal vez sus ciudadanos nos acaben dando una lección.

Y, si no lo hacen, tampoco estarán mucho peor que nosotros.

Imagen adaptada a partir de una caricatura de DonkeyHotey 2017 con licencia Creative Commons