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La persecución del Gobierno a la energía solar es ya obsesiva

El Ejecutivo del Partido Popular ha demonizado a las renovables durante toda esta legislatura

Nada más llegar al poder instauró una moratoria a las nuevas instalaciones, luego aniquiló la seguridad jurídica con sucesivos recortes retroactivos a inversiones ya realizadas y ha dejado para última hora su propuesta de regulación del autoabastecimiento

Es tan restrictiva que la única salida que han dejado es la desconexión total, y algunos pioneros se acogerán a ella y forzarán una racionalización del sistema

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Más de 25 asociaciones empresariales, sindicales y ecologistas rechazan el decreto de autoconsumo

Foto: Europa Press

En España se lleva “el modelo sandía”. Me refiero a que la defensa de las energías renovables se identifica con la política de izquierdas. No hace falta más que darse una vuelta por Bruselas para darse cuenta de que somos un caso verdaderamente atípico en nuestro entorno, en el que gobiernos de todos los colores defienden una transición energética hacia las renovables. Como para no hacerlo sabiendo que en unos pocos años han logrado ser competitivas con las fuentes tradicionales sin necesidad de poner encima de la mesa el torrente de impactos económicos indirectos, sociales y medioambientales que son capaces de proporcionar.

Aquí la gente identifica renovables con José Luis Rodríguez Zapatero, ignorando con frecuencia que el decreto que propició su mayor auge en España fue aprobado en 2004, en el último Consejo de Ministros presidido por José María Aznar.

En este contexto, el actual gobierno del Partido Popular ha demonizado a las renovables: nada más llegar al poder instauró una moratoria a las nuevas instalaciones –moratoria que, a pesar de que en su momento se vendió como provisional, persiste 40 meses después–, luego aniquiló la seguridad jurídica con sucesivos recortes retroactivos a inversiones ya realizadas y, a pesar de tener obligación legal de haberlo hecho en 2012, dejó hasta el verano de 2013 su propuesta de regulación del autoabastecimiento de energía eléctrica (el denominado autoconsumo).

Aquella propuesta fue duramente criticada (incluso por la propia Comisión Nacional de Energía), principalmente por incluir el denominado “peaje de respaldo”, en la calle conocido sencillamente como impuesto al sol, que no era nada barato: suponía cerca de la mitad de lo que se pagaba por cada kWh que se compraba a la red. Se argumentaba que, aunque uno estuviera consumiendo energía de su propia placa fotovoltaica en el tejado, tenía que pagar “al sistema” porque éste le hacía de respaldo –estaba ahí para cuando se fuera el sol–.

El peregrino argumento no aguantaba comparaciones con ningún otro sector económico: los bares también estaban ahí para cuando se acabara el café en casa o la frutería para cuando lo hicieran los tomates de la huerta doméstica… Ni siquiera dentro del propio sector eléctrico: ¿Cómo se explicaba que una familia que hubiera ahorrado energía comprando un frigorífico más eficiente fuera a pagar menos que la que lo hubiera hecho instalándose una placa fotovoltaica?

Daba igual. El impuesto al sol sumado a las trabas administrativas que también se incrementaban hacían completamente inviable el autoabastecimiento de energía a pesar de que, en puridad, este ya resultaba mucho más barato que comprar energía de la red sin necesidad de subvención ni apoyo alguno.

Así las cosas, han pasado casi dos años sin novedad por parte del gobierno. Tiempo suficiente para que la mera amenaza del impuesto al sol disuadiera a muchos consumidores de instalarse sus placas fotovoltaicas.

Y en esto que, el pasado mes de junio, un viernes a medio día, en pleno puente del Corpus en Madrid y final de “Champions”, entre otras, el Ministerio de Energía libera para información pública en su página web la nueva propuesta del Gobierno sobre el autoconsumo.

A primera vista parece que el Gobierno ha claudicado, dado que ya no se incluye el peaje de respaldo… Pero nada más lejos de la realidad. Se trata simplemente de un cambio terminológico: se ha sustituido éste por los cargos asociados a los costes del sistema eléctrico y, atención, por un nuevo cargo “por otros servicios” definido como “el pago a realizar por la función de respaldo que el conjunto del sistema eléctrico realiza para posibilitar la aplicación del autoconsumo”. Erre que erre…

Eso sí, apuesto que el gobierno no tardará en vendernos que ha eliminado la imputación del “coste de las redes eléctricas” a la energía que no pasa por éstas por ser consumida en el interior de la vivienda. Con independencia de que esta afirmación por sí misma debería ser considerada como insultante para nuestra inteligencia, resulta especialmente llamativa en una factura de la luz caracterizada por su falta de transparencia y en la que jamás se ha explicitado cómo se reparten los costes del sector eléctrico entre los diferentes consumidores.

Que los domésticos paguemos más por las redes que los industriales no ha estado, hasta la fecha, objetivamente justificado, tampoco que el precio del término fijo se haya duplicado en los últimos dos años a costa de una ligera rebaja de la parte variable, la que sí depende del consumo. Ahora nos dicen que el impuesto al sol supondrá “solo” el 38% de lo que ya nos cuesta comprar energía a la red y nos lo justifican con conceptos difícilmente comprensibles para la inmensa mayoría de los ciudadanos cuya cuantificación, por supuesto, alcanza la categoría de acto de fe.

Pero no acaba ahí la cosa: la nueva propuesta cierra la puerta a todos los vericuetos que diferentes comunidades autónomas –algunas, como Baleares, gobernadas hasta ahora por el Partido Popular– habían encontrado para esquivar la aplicación del impuesto al sol a las instalaciones denominadas “de inyección cero”, esto es, las que están diseñadas para que nunca puedan verter energía a la red por mucho que la producción supere al consumo de la vivienda. Quizás no sea casual que en el plazo de 15 días que otorgó el Gobierno para formular comentarios a la propuesta los nuevos parlamentos autonómicos no estuvieran constituidos.

Trabas administrativas

Las trabas administrativas, por descontado, se incrementan: altas en registros, formalismos de comunicación a la compañía eléctrica, proyectos de ingeniería, exigencia de dos contadores independientes… Y ni se le ocurra saltárselas porque se explicita claramente que en ese caso se expone a una sanción de hasta ¡60 millones de euros! (recuerdo aquí que abandonar en la vía pública un residuo radiactivo está castigado con un máximo de 30 millones).

Alguien muy empeñado en utilizar la energía del sol en lugar de comprar gas de Argelia, ¡qué cosas!, podría pensar que los costes administrativos se diluirán si aumenta el tamaño de la instalación: en lugar de ponerme una placa que da para poco más que el consumo del frigorífico, me pongo diez y cubro la totalidad de la electricidad que demando. Tampoco: si haces eso, tendrás excedentes en las horas centrales del día (y déficits por la noche). Y, salvo que te des de alta como empresario y lleves declaraciones de IVA, ofertes al mercado eléctrico como si tuvieses una central nuclear en casa y demás desmanes, no se te pagará ni un céntimo por la energía excedentaria.

Pues entonces, me pongo una batería para almacenar los excedentes diurnos y consumir de ésta por las noches. Al fin y al cabo, estamos en plena revolución del sector y los precios están bajando drásticamente. El Gobierno también ha pensado en ello y, de hacerlo, propone imponer un cargo adicional que, en lugar de depender del consumo, lo haga del tamaño de la instalación solar.

Bueno, al menos nos quedarán las islas. Es conocido que el coste de generación eléctrica allí es varias veces superior al de la península y que, para que la tarifa eléctrica sea igual en todo el territorio nacional, los 1.800 millones de euros de sobrecoste se reparten entre todos los consumidores. No cabe pensar que un Gobierno limite la instalación de renovables sin apoyo alguno cuando, además de salirle las cuentas al consumidor, se desencadena un importante ahorro a todos los españoles.

Pues tampoco: se exime del impuesto al sol a las instalaciones en Canarias, Ceuta, Melilla, Ibiza y Formentera hasta el año 2020. Parece ignorar el Gobierno que se trata de inversiones a largo plazo, que solo se recuperan en un mínimo de ocho años pero que, eso sí, tienen una vida útil de más de 30, por lo que resultan rentables. Sin duda, la exención durante no más de cuatro años resulta insuficiente para animar a la inversión. Más cuando hay una incertidumbre monumental sobre el importe del impuesto de respaldo pasado el periodo de gracia.

La única salida que han dejado es, infortunadamente, la desconexión total. Auguro que algunos pioneros se acogerán a ella y forzarán una racionalización del sistema.

En conclusión, la obsesión del Gobierno contra la energía solar es tan preocupante como que en resto del mundo ésta esté avanzando a ritmos insospechados hace tan solo un par de años. Quizás es que en Alemania, en Reino Unido, en Francia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Chile, en Japón… hay más sol que en España. O más luces.

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