Investigar en España vuelve a ser una labor heroica. La crisis ha acabado con el espejismo de la última década, en la que llegó a parecernos que ese hilo conductor de precariedad que enlaza los desoladores relatos de Don Santiago Ramón y Cajal, la emigración de Severo Ochoa a América y el exilio masivo de nuestro talento joven en las décadas de los 80 y 90 podía romperse definitivamente. Atrás han ido quedando los programas de incorporación de investigadores jóvenes, que dieron por fin una oportunidad a los candidatos de fuera de la casa. Atrás queda el gran esfuerzo de inversión en I+D y en contratación de personal investigador, que redujo un poco las diferencias con los niveles de los países de nuestro entorno. Atrás puede quedar la introducción de sistemas más objetivos de evaluación para la concesión de proyectos y becas. Y atrás ha quedado el fomento de la vocación investigadora mediante becas de movilidad y de introducción a la investigación.
A partir de 2009, la necesidad de reemplazar un modelo productivo basado en la especulación inmobiliaria y financiera por otro basado en la innovación y el valor añadido se ha hecho más evidente que nunca. Sin embargo, la estrategia elegida para abordar la crisis económica se ha llevado por delante la inversión en los dos aspectos en que debería basarse éste cambio: la educación y la investigación. Entre 2009 y 2013, el presupuesto dedicado por el Gobierno a I+D+i se ha reducido un 38%, descendiendo a niveles no vistos desde 2005. Y, en realidad, esas son las buenas noticias. Porque el descenso del 38% tan solo refleja las cifras hechas públicas por el Gobierno, después de realizar varios trucos contables para camuflar el alcance real de los recortes. El truco más socorrido ha sido ir aumentando del gasto no financiero, asignado a préstamos a empresas, hasta representar el 59% de la inversión pública en I+D+i en 2012. Todo ello, a pesar de que esta partida de gasto nunca ha llegado a utilizarse en su totalidad por falta de demanda desde las empresas. La consecuencia es que una parte cada vez mayor del menguante presupuesto de I+D+i no llega a ejecutarse: según denuncia las COSCE, la cantidad de presupuesto que no se ha llegado a ejecutar desde el inicio de la crisis, en 2008, asciende a 8.600 millones de euros, una cantidad superior al presupuesto global para I+D+i de este año. En cierto sentido, el Gobierno está pagando todo el programa de I+D+i de 2013 con el dinero que ha escamoteado de dicho programa entre 2008 y 2012.
El descenso es aún más dramático si calculamos el presupuesto por investigador. El número de investigadores creció un 50% durante la última década (llegando a 4.7 investigadores por cada 1000 habitantes, aún muy por debajo de los 6.4 de Alemania o los 6.0 de Francia), por lo que el regreso a los niveles presupuestarios de 2005 implica que cada investigador tiene mucho menos dinero para trabajar que entonces. El presupuesto por investigador, que aumentó un 28% entre 2002 y 2009, ha disminuido un 45% entre 2009 y 2013. Este cambio está causado principalmente por la caída en la financiación pública por investigador, que había aumentado un 26% entre 2001 y 2008, para caer un 51% entre 2008 y 2013. Así que, mientras que cada investigador disponía (en promedio) de 26.210 € anuales en 2001 para hacer su trabajo, y pasó a disponer de 33.020 en 2008, ahora se espera que sea capaz de mantener o incluso aumentar sus niveles de producción y excelencia científica con tan solo la mitad: 16.220 €.
Para poner estas cifras en perspectiva hay que tener en cuenta, además, que el gasto medio por investigador era, en 2008 (punto álgido de la inversión en I+D+i española), casi la mitad en España que en Alemania (94.748 frente a 156.593 €, incluyendo salarios), a pesar de tener ésta casi el doble de investigadores (529.100) que España (220.777; datos disponibles en la web del Instituto de Estadísticas de la UNESCO).
Las consecuencias están, casi a diario, en las noticias. Centros estrella, creados hace pocos años para dar brillo a gobiernos regionales, que ejecutan EREs y expulsan a investigadores jóvenes que enseguida demuestran su capacidad de desarrollar brillantes carreras en el extranjero. Convocatorias que dejan fuera investigadores de talla europea que cualquier otro centro o programa internacional estaría está encantado de recibir. Investigadores que tienen que depender de medidas desesperadas, campañas de crowd-funding o incluso concursos de televisión para conseguir fondos con que continuar trabajando. La morosidad o el abandono de la participación en los programas y organismos internacionales, como el CERN o la Agencia Espacial Europea. La quiebra técnica del CSIC (el mayor Organismo Público de Investigación del país), al que el recorte de más del 50% de su presupuesto sufrido durante los últimos cuatro años y los retrasos crecientes en los pagos del Ministerio llevaron, en 2012, a suspender pagos durante varios meses y que acumula, en este momento, un déficit de 100 millones de euros que requerirá la ejecución de un ERE si el gobierno no lo “rescata”. La congelación de la oferta pública de empleo, enfocada a reducir la cantidad de investigadores por primera vez en la historia de España, ya que tan solo alcanza a crear un puesto nuevo por cada diez jubilaciones, obligando a muchos de nuestros mejores talentos a emigrar. El retraso en las convocatorias y los pagos de proyectos de investigación, e incluso la cancelación sobrevenida de proyectos ya concedidos por parte del Ministerio de Hacienda. La creciente burocratización y fiscalización excesiva del gasto, centrada en recuperar dinero ya gastado de forma ajena a toda lógica administrativa, que ocupan partes crecientes del tiempo de trabajo de los científicos mientras dejan sin perseguir las fuentes reales de fraude.
A todo esto se suma el drástico recorte en los programas de formación: reducciones y retrasos en las convocatorias de ayudas de formación predoctoral (FPU/FPI) y postdoctoral (Ramón y Cajal, Juan de la Cierva y Torres Quevedo), eliminación de las convocatorias financiadas por la mayoría de las Comunidades Autónomas y Organismos Públicos de Investigación (como el programa JAE-predoc del CSIC), bloqueo por parte de Hacienda de la resolución y pago de las convocatorias de ayudas y proyectos. Mientras esto ocurre, nuestros socios europeos se preparan para cosechar los frutos del trabajo de nuestros investigadores y aprovechan la desidia de nuestros gobernantes: Alemania multiplica los programas de contratación de ingenieros e investigadores, con los que completará a bajo coste el déficit de ingenieros y de investigadores que les llevó a anunciar programas especiales de incentivos y captación de talento extranjero hace un lustro. Todo ello mientras nuestros representantes aplauden, hablan de movilidad exterior y minimizan el problema.
Mientras tanto el colectivo investigador, a pesar de ser uno de los más renuentes a utilizar la escena pública, ha decidido pasar a la acción. La plataforma Carta por la Ciencia , que ya estuvo mendigando por la ciencia en la Puerta del Sol hace dos semanas, ha organizado una recogida de firmas en la plataforma change.org y una jornada de protesta para mañana, viernes 14 de juniorecogida de firmas en la plataforma change.orgjornada de protesta para mañana, viernes 14 de junio.
Al igual que con la sanidad o la educación, nuestros dirigentes dicen que estas medidas eran inevitables. Sin embargo, incluso asumiendo como necesarias unas restricciones del gasto público que solo están logrando contraer aún más la economía y ya han ganado a los líderes europeos el calificativo de “sonámbulos”, son ellos quienes han decidido dónde y cómo aplicarlas. El presupuesto total para I+D+i en 2013 es de 5.932 millones de euros: una pequeña fracción del dinero público destinado a Bankia (22.424 millones de euros) y apenas mitad del dinero que el FROB ya da por perdido en dicho rescate. El déficit total del CSIC (que reúne 126 institutos de investigación y más de 14.000 empleados), causado por el recorte de la asignación básica que recibía anualmente del Ministerio hasta este año, es de 100 millones de euros, claramente inferior a los 150 millones de euros que costó el aeropuerto (sin aviones) de Castellón y comparable a los 110 millones de euros que costó el inutilizable velódromo de Palma Arena. Y con un tercio del sueldo de un concejal del Ayuntamiento de Madrid, o la mitad del sueldo de cada uno de sus 229 asesores, se financiaría un contrato Ramón y Cajal que, además de retener a ese talento joven que se escapa a velocidad creciente, generaría un retorno económico mucho mayor que el de dichos concejales y consejeros. No es sólo falta de dinero: se trata de prioridades en el gasto público.
También nos dicen que los recortes representan una gran oportunidad para aumentar la eficiencia de nuestro sistema de I+D+i, eliminando duplicaciones y burocracia innecesarias y mejorando el funcionamiento y la captación de fondos. Al hacerlo, prometían usar el bisturí en lugar del hacha, algo a lo que una buena parte de la comunidad científica no se opondría. Pero ¿lo están haciendo en realidad? La realidad no lo sugiere en absoluto.
Sobre este blog
Ciencia Crítica pretende ser una plataforma para revisar y analizar la Ciencia, su propio funcionamiento, las circunstancias que la hacen posible, la interfaz con la sociedad y los temas históricos o actuales que le plantean desafíos. Escribimos aquí Fernando Valladares, Raquel Pérez Gómez, Joaquín Hortal, Adrián Escudero, Miguel Ángel Rodríguez-Gironés, Luis Santamaría, Silvia Pérez Espona, Ana Campos y Astrid Wagner.
