Castilla-La Mancha blinda servicios municipales básicos frente a la reforma de Rajoy
La polémica entrada en vigor de la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuenta desde hoy con la respuesta legislativa del Gobierno de Castilla-La Mancha. La mayoría parlamentaria de PSOE y Podemos en las Cortes ha conseguido la luz verde a una propuesta de ley que se encarga de blindar las competencias de las entidades locales en servicios públicos además de otorgar a los ayuntamientos “seguridad jurídica” frente al “vacío” competencial que prevé la norma estatal.
Castilla-La Mancha se suma así a otras comunidades que han optado por la aprobación de una normativa propia que adapte esa ley estatal al ámbito autonómico y evitar con ello las “disfunciones” y “duplicidades” que puedan derivarse de su aplicación. El objetivo principal es combatir el cambio de régimen jurídico que supondrá la normativa estatal que ahora entra en vigor y parte del hecho de que aunque la nueva Ley de Administración Local reduce el mínimo competencial de los municipios, no prohíbe sin embargo a los gobiernos autonómicos atribuir otras competencias a las entidades locales.
Ambos grupos parlamentarios consideran que en tanto se produzca la asunción competencial de estas materias por las comunidades autónomas, es “esencial” la regulación del ejercicio de las mismas por los municipios, y evitar la “posible incertidumbre jurídica” respecto de la prestación de unos servicios públicos “en ámbitos especialmente sensibles, cuya paralización comportaría un grave perjuicio para la ciudadanía”.
Concretamente, con esta propuesta se busca garantizar la continuidad en la prestación de los servicios públicos en cuestiones como la educación, la sanidad y los servicios sociales, para que puedan seguir prestándose por los municipios, hasta que sean definitivamente asumidas por la Administración Autonómica tras la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica. Así, la proposición de ley recoge explícitamente que las entidades locales de la región seguirán ejerciendo las competencias atribuidas por las leyes, que la comunidad autónoma podrá delegar en las mismas con el acompañamiento de la dotación presupuestaria suficiente, y que se elaborarán informes de inexistencia de duplicidades.
La portavoz parlamentaria del PSOE, Blanca Fernández, ha defendido la propuesta y su objetivo de garantizar la “tranquilidad jurídica” para paliar los “efectos perniciosos” de la reforma de la administración local. Concretamente, ha dicho que gracias a ello se determinará si los ayuntamientos pueden o no prestar ayuda a domicilio o gestionar centros de la mujer, casas de acogida, escuelas infantiles o residencias de mayores, entre otras materias. También ha destacado que la propuesta aprobada es importante sobre todo en zonas rurales, “cuyo único amparo es su alcalde, con independencia de su ideología”.
Con estos argumentos ha arremetido también contra el PP por seguir considerando a los ayuntamientos “menores de edad” y como entidades “que hay que tutelar”. “Eso es un error, porque la política municipal es la que mejor enseña cuáles son los problemas de la gente”, ha añadido, recordando que fueron los recortes de María Dolores de Cospedal los que afectaron a los servicios que sostenían los ayuntamientos.
PP: la Junta quiere que los ayuntamientos paguen más
Desde el PP, Ana Guarinos ha realizado duras críticas a la propuesta al considerar que con ello se obliga a los ayuntamientos “a pagar las competencias de la Junta”. Ha acusado al Gobierno regional de “demostrar una vez más su incompetencia para gobernar de la mano de Podemos”. En su opinión y debido a ello, es una “vergüenza” decir que la propuesta aprobada hoy es buena para los ayuntamientos.
En las enmiendas presentadas por los ‘populares’ y rechazadas por el pleno, se pedía la supresión del articulado de la propuesta en la que se establece que las entidades locales seguirán ejerciendo las competencias atribuidas por las leyes de la comunidad autónoma. Estas enmiendas “no aportaban nada” según el diputado regional de Podemos José García Molina y solo pretendían “salvaguardar” la ley.
El líder regional de la formación morada ha aprovechado su intervención además para asegurar que la reforma de la Administración Local de Mariano Rajoy se realizó “contra la autonomía local y contra los servicios de proximidad y cercanía”. “¿A quién favorece la consagración de la estabilidad presupuestaria?”, se ha preguntado, aseverando que repercute positivamente en negocios privados y negativamente en el empleo público por la destrucción de puestos de trabajo, y en los ciudadanos porque se les prestan peores servicios.
