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Evaluar la vulnerabilidad de las personas para evitar su desahucio exigirá más trabajadores sociales

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha ya elabora un protocolo con Vivienda, pero insiste en disponer de más medios personales

Desde el Gobierno regional reconocen que el cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil supone una “carga de trabajo” para estos profesionales

Las casas están destinadas a familias en “situación de especial vulnerabilidad”, cuya renta no supere los 400 euros mensuales

Imagen de archivo EFE

Una de las medidas más importantes de la actual legislatura en Castilla-La Mancha para hacer frente a los desahucios fue la creación de las Oficinas de Intermediación Hipotecaria, que actualmente funcionan en las cinco provincias de la región. En estos cuatro años han evitado que se produzcan lanzamientos hipotecarios de orden judicial pero la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que estipula que los jueces, antes de decretar un desahucio por impago de hipoteca, deben avisar a los servicios sociales para valorar si hay vulnerabilidad, ha provocado que en estas oficinas se hayan visto con las manos atadas por procedimientos paralizados.

La consecuencia es que hacen falta más trabajadores sociales, apuntan desde el Colegio Oficial de este colectivo profesional, y por ello llevan meses trabajando en un nuevo protocolo junto con la Dirección General de Vivienda.  

“El legislador estatal ha puesto a los servicios sociales y a los ayuntamientos una tarea importante y también necesaria, sobre todo porque lo venían haciendo ya”, explica el director general de Vivienda de Castilla-La Mancha, José Antonio Carrillo. Se refiere con ello al hecho de que muchos procedimientos de desahucio ya se han visto paralizados bien porque así lo demandaban los afectados, o bien porque los jueces “tenían esa sensibilidad”. “En el papel estaba ya latente, faltaba consagrarlo”.

Los trabajadores sociales son "la voz más cualificada"

Apunta por ello que los servicios sociales son “los grandes protagonistas” en esta modificación normativa estatal, por constituir la “voz más cualificada” y porque “son ellos los que deben hablar de personas, de su situación personal y no los técnicos de vivienda”. Por eso desde la Junta dan la bienvenida a la medida pero reconocen que eso está acarreando “una carga de trabajo importante” en el trabajo social, sobre todo en “los más cercanos”, los servicios municipales.

El director general recuerda que desde hace meses el Gobierno regional y el Colegio de Trabajo Social trabajan de forma conjunta en un protocolo de actuación y que las Oficinas de Intermediación Hipotecaria fueron el “germen”. No obstante, asume que se tendrá que “reforzar el servicio entre todos”. Los trabajadores sociales, insiste, son “el alma” de estas oficinas y ahora toca “confirmarlas y desarrollarlas más”. Según adelanta, la Dirección de Vivienda está hablando con la Consejería de Bienestar Social y con el Colegio de Trabajo Social, y “seguiremos trabajando y profundizando en ese sentido”.

Un protocolo para "agilizar" la respuesta

Es un extremo que confirma el Colegio de Trabajo Social de Castilla La Mancha, que es el encargado de elaborar junto con las consejerías de Fomento y de Bienestar Social el mencionado protocolo de actuación que permita agilizar la respuesta de la Administración en relación a la detección del supuesto de vulnerabilidad en lanzamientos por impago de hipoteca o alquiler de vivienda.

Según explica este colectivo profesional, el protocolo, que se inicia con la notificación por parte del juzgado a los servicios sociales de atención primaria, prevé la actuación coordinada con los servicios provinciales de vivienda para la adjudicación de una alternativa habitacional mientras se pone a disposición de la familia prestaciones del sistema público de servicios sociales desde el abordaje de una situación de urgencia social.

Y en base a todo ello, considera que es fundamental que “se amplíe el número de profesionales en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria”, así como que los servicios provinciales de vivienda cuenten con trabajadores sociales especializados en intervención social en vivienda “para dar una respuesta profesional dentro de los plazos que la ley prevé”.

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