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El Juzgado de Guadalajara desoye a la ONU y ordena el desahucio a una vecina de Guadalajara

Safira Sánchez, que sufre una discapacidad del 66%, se enfrenta este lunes al desalojo de la vivienda tras habitarla durante cuatro años

Julia Sánchez, portavoz de PAH Guadalajara: “Reclamamos a las instituciones que paren el desalojo y ofrezcan un alquiler social a Safira. Está enferma y no puede quedarse en la calle”

Naciones Unidas y Amnistía Internacional han instado a evitar “los daños irreparables” que supondría este desahucio

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FOTO: Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Guadalajara (PAH)

FOTO: Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Guadalajara (PAH)

Con miedo y desamparada, pero decidida a luchar por su casa. Así se siente Safira Sánchez, vecina de Guadalajara, que este lunes se enfrenta al desalojo de la vivienda, situada en el barrio de Escritores de la capital alcarreña, donde vive desde hace cuatro años.

La orden de desahucio de Safira dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara se produce a pesar de la oposición manifestada por el Comité supervisor del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (PIDESC). Este organismo admitió a trámite en septiembre una denuncia de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara (PAH) en la que solicitó al Gobierno español y a este juzgado una solución habitacional para Safira, que sufre una discapacidad del 66% y una enfermedad rara cardiovascular, con el objetivo de evitar “daños irreparables”. El lanzamiento, previsto para el 22 de octubre, fue pospuesto en dos ocasiones anteriores: primero el 25 de junio y posteriormente el 11 de septiembre.

El problema de Safira se remonta al año 2014, cuando ocupó esta vivienda, catalogada entonces como de protección oficial (VPO). Tomó esta decisión, según relata ella misma, después de que los servicios de Bienestar Social de la Junta de Castilla-La Mancha no le ofrecieran anteriormente ninguna vivienda social. La casa, adquirida por la entidad bancaria Kutxabank después de haber desalojado a otra familia por impago de la hipoteca, llevaba al menos 10 años vacía y se encontraba muy deteriorada. Durante los tres años siguientes, según denuncia la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Guadalajara, el banco incumplió con su obligación de ponerla en alquiler como vivienda protegida e impidió regularizar la situación de Safira como inquilina.

En 2017, cuando el inmueble perdió su condición de vivienda protegida, el banco denunció a Safira con el objetivo de forzar su desalojo y “poder vender la vivienda a coste de mercado para continuar especulando con nuestro derecho a techo”, sostienen desde esta plataforma.

En declaraciones a eldiarioclm.es, Safira Sánchez afirma sentirse “mal” ante el inminente desahucio: “Es injusto que quieran echarme de esta casa, después de cuatro años viviendo allí y haberla arreglado, porque antes estaba sucia y quemada”. Y agrega: “solo pido al banco que me dejen pagar un alquiler” y, asevera que “lucharé hasta el final para poder vivir en mi casa, tranquila y en paz”. Durante el tiempo en que Safira ha permanecido en este inmueble, el banco se ha negado a ofrecerle un alquiler para legalizar su condición de inquilina. A juicio de la vecina afectada, “el banco nunca ha querido hablar conmigo ni encontrar una solución”.

FOTO: Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Guadalajara (PAH)

FOTO: Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Guadalajara (PAH)

Este medio se ha puesto en contacto con Kutxabank para conocer su versión. Desde esta entidad bancaria subrayan que el caso de Safira no “es un desahucio, sino una ocupación, porque ella no es propietaria de esa vivienda”. Además, defienden que Kutxabank “ha paralizado ya en dos ocasiones el desalojo de esta persona, a petición propia, para que buscara una solución habitacional y, que “es posible que no se produzca el lanzamiento el lunes por las protestas de ciudadanos que se concentren en el lugar”.

Vulnerabilidad económica

El caso de Safira ha despertado un gran rechazo social por la situación de vulnerabilidad económica de esta vecina de Guadalajara, que percibe una pensión de la Seguridad Social de apenas 400 euros mensuales y carece de recursos para alquilar otra vivienda sin contar con ayudas públicas. Desde que el banco denunciara a la joven arriacense de 23 años, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha alzado la voz, se ha movilizado y ha denunciado el conflicto ante la ONU para evitar el desahucio. La última acción de este colectivo social ha consistido en presentar un recurso ante el Juzgado de Guadalajara el pasado 17 de octubre para parar el desalojo.

Julia Sánchez, portavoz de la PAH Guadalajara, estima a eldiarioclm.es que “la situación de Safira es insostenible y reclamamos que se paralice el desahucio y se ofrezca una alternativa habitacional o un alquiler social para ella, porque está enferma y no se puede quedar en la calle”.

Este colectivo ha organizado una concentración bajo el lema ‘SafiraSequeda’, a primera hora del lunes a las puertas de la vivienda de la calle Salvador Allende que habita Safira, para tratar de parar nuevamente el desalojo. En opinión de Sánchez, “es una vergüenza que en España no se cumplan ni el Derecho a la Vivienda ni los Tratados Internacionales”. Y, agrega “si conseguimos paralizar el desahucio será por el apoyo de los colectivos sociales y no por la ayuda de Bienestar Social ni de otras instituciones que no han hecho nada para resolver el problema de una persona vulnerable y han permitido llegar a estos extremos”.

Además de este colectivo, Amnistía Internacional es otro de los organismos internacionales que ha manifestado su respaldo a Safira Sánchez. En un comunicado, esta organización defiende que la ejecución de este no debe realizarse, porque incumple las medidas cautelares establecidas por Naciones Unidas.

Alfonso Sánchez, coordinador de Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha puntualiza en este escrito que “el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas exige que Safira, una mujer de 23 años, con un 66% de discapacidad, y con problemas de salud, debe contar con una vivienda alternativa. En otro caso, afirma “no se puede realizar un desahucio".

FOTO: Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Guadalajara (PAH)

FOTO: Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Guadalajara (PAH)

España firmó y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 2009 y 2010 que reconoce la competencia de este Comité para adoptar medidas provisionales en el caso de circunstancias excepcionales, con el fin de evitar posibles daños irreparables a las víctimas de la supuesta violación. Este acuerdo implica, según Sánchez que “los órganos judiciales deben cumplir las resoluciones de Naciones Unidas”.

Aministía Internacional se ha dirigido también a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Guadalajara, las administraciones que cuentan con competencia en materia de vivienda, para recordarles su obligación de facilitar otra vivienda a las personas sin recursos que hayan sufrido un desalojo: “Safira se encuentra en una situación vulnerable y si no le ofrece una alternativa habitacional, su situación de desamparo se incrementará", concluye el coordinador regional de Amnistía Internacional.

Dos desahucios al día

La experiencia de Safira no es un hecho aislado. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en la provincia de Guadalajara se ejecutaron, en 2017, 264 desahucios, derivados de impagos de alquiler. Una estadística que se agrava en el caso de lanzamientos por impago hipotecario, que alcanzaron los 288 desahucios en Guadalajara en este mismo período.

Esta tendencia crece y solo en los dos primeros trimestres del 2018 han tenido lugar 195 lanzamientos, es decir, en la provincia de Guadalajara se produce una media de dos desahucios al día.  

Para la Plataforma provincial de Afectados por la Hipoteca, el incremento de desahucios es “escalofriante y demuestra que ni en Guadalajara ni en Castilla-La Mancha existen políticas encaminadas a garantizar nuestro derecho a la vivienda”, así como, aseveran que “ni el Poder judicial ni la Administración autonómica parecen dispuestos a respetarlo”.

Finalmente, desde este colectivo defienden que el problema de acceso a la vivienda en Guadalajara “tiene una solución sencilla, porque hay miles de viviendas desocupadas”. Según el último censo del Instituto Nacional de Estadística, en la provincia de Guadalajara existían 20.770 viviendas vacías en 2011.

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