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El trasvase Tajo-Segura abre un nuevo conflicto entre Pedro Sánchez y García-Page

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha pasado a la ofensiva tras la reunión del jefe del Ejecutivo central con el presidente de Murcia

Para el Ejecutivo regional, Moncloa “ha dado la espalda” al río Tajo en su reivindicación del fin progresivo de los trasvases

Además, el Ayuntamiento de Toledo, también gobernado por el PSOE, ha aprobado una propuesta contra las derivaciones de agua a Levante

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Trasvase Tajo-Segura. Foto por SKTB3000.NET | Flickr

Trasvase Tajo-Segura

El nuevo Ministerio para la Transición Ecológica está “de espaldas” al río Tajo. Con estas palabras ha valorado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la reunión que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, mantuvo la semana pasada con el presidente de Murcia, Fernando López Miras. En la misma le garantizó  el abastecimiento necesario para la región levantina y que se seguirá cumpliendo con la ley vigente sobre el trasvase Tajo-Segura, cuyo final lleva reivindicado la comunidad castellano-manchega desde hace décadas. Con ello, abrió la espita definitiva a un enfrentamiento que se veía venir, después de que Moncloa haya aprobado dos trasvases de agua hacia Levante este verano, en la misma línea que bajo el mandato de Mariano Rajoy. En total,  se han trasvasado 174.000 millones de litros de agua en el presente año.

García-Page no ha mencionado en ningún momento a Pedro Sánchez en sus acusaciones al Gobierno central. Todavía resuenan los ecos del conflicto que ambos mantuvieron a cuenta de las primarias socialistas con las que Sánchez recuperó el liderazgo en el PSOE frente a Susana Díaz. El apoyo a esta última del presidente castellano-manchego junto con otros ‘barones’ socialistas le dejó en una difícil situación que después ambos han aplacado en varias ocasiones con promesas de lealtad y servicio al Partido Socialista.

Pero los trasvases abren un nuevo conflicto. García-Page se reunirá el próximo 15 de octubre con Pedro Sánchez en La Monncloa para entregarle una batería de peticiones entre las que se encuentra el documento del  pacto regional por el agua en el que se pide poner fin al trasvase salvo en ocasiones de extrema necesidad, y no considera que las dos últimas derivaciones se encuentren en esa excepcionalidad. El presidente del Gobierno, sin embargo, se ha reunido antes con el de Murcia, lo que ha llevado a un conjunto de críticas y acciones que han ido a más.  

Page y Sánchez, en un acto hace unos meses

Emiliano García-Page y Pedro Sánchez

El presidente de Castilla-La Mancha defiende la utilidad de la posición de Castilla-La Mancha contra el trasvase Tajo-Segura y recuerda además que otro Ejecutivo socialista, el de José Luis Rodríguez Zapatero, puso en marcha un sistema de desaladoras que "serán en el futuro la alternativa real" al trasvase, mientras que "es evidente que los gobiernos que con menos complejo han defendido los trasvases han sido los de Aznar y Rajoy".

Hasta aquí su valoración de las declaraciones de Sánchez. Pero algo más beligerantes han sido otros consejeros de la Junta. Por ejemplo, la titular regional de Fomento, Agustina García Élez, ha exigido al Gobierno nacional que “cumpla con los compromisos” que manifestó después de tomar posesión el pasado mes de junio, cuando se referían a los trasvases como algo “extraordinario que no podía convertirse en ordinario”, tal y como expresó la propia ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

En este sentido, ha criticado el “agravio comparativo” que supone el apoyo decidido por los intereses de la Región de Murcia y sus “necesidades económicas”, mientras que “en zonas de la cabecera del Tajo, junto a los pantanos de Entrepeñas y Buendía, seguimos viendo como muchos pueblos se tienen que abastecer con camiones cisterna”. De hecho, la consejera sí ha mencionado a Pedro Sánchez. Concretamente ha lamentado su “cambio de discurso” y también se ha referido a sus palabras en las hablaba de “dar mayor protagonismo a la desalación”.

A las críticas gubernamentales se ha sumado en bloque el PSOE castellano-manchego: se siente “defraudado”, ha dicho, con el "cambio de perspectivas" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de agua, al tiempo que ha insistido en que hay que poner fin al trasvase y adoptar otro tipo de soluciones. "Los socialistas de Castilla-La Mancha somos coherentes y por eso gobierne quien gobierne no nos vamos a cansar de pedir la caducidad del trasvase".

El Ayuntamiento de Toledo se suma a la ofensiva

Para rematar, el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el PSOE en coalición con Ganemos-IU, ha aprobado una moción en la que pide que se ponga punto final al trasvase Tajo-Segura y aboga por emprender acciones políticas y legales para impedir nuevas derivaciones de agua. La moción ha salido adelante con los votos a favor de los grupos municipales del PSOE y Ganemos, y ha contado con la abstención de los ocho concejales del PP presentes en la sesión y de los tres de Ciudadanos.

En virtud de esta propuesta, el Consistorio municipal toledano formalizará ante el Gobierno de España su "más absoluto rechazo" a los trasvases realizados y exigirá un cambio de política de manera que se salvaguarde la supervivencia del río Tajo y se permita la recuperación de su cauce natural y su estado ecológico, a la par que solicitará que se potencien las soluciones tecnológicas como la desalación. Y también se ha acordado instar a la Junta de Castilla-La Mancha que coordine acciones legales y políticas tanto en el ámbito de los tribunales e instituciones nacionales como europeas para frenar los trasvases.

Mientras tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha sigue intentando sumar apoyos a su  pacto regional del agua en el que pide, además del fin progresivo de los trasvases, auditorías hídricas en todas las demarcaciones hidrográficas, desaladoras “a plena capacidad de producción” y bolsa pública de derechos de agua. El borrador del documento de posición común ya tiene el apoyo de varios colectivos y se remitirá al Ministerio para la Transición Ecológica.

Por su parte, el Ejecutivo central no ha vuelto a mover ficha y desde Murcia ahora quieren exigir, a través de un requerimiento,  que el Ministerio apruebe un envío de 18 hectómetros cúbicos que 'faltaron' en el trasvase aprobado en agosto de este año. Así lo ha publicado La Opinión de Murcia, que señala que se trata de un "primer paso" antes de pasar a la vía de lo contencioso-administrativo en contra de la cartera que lidera Teresa Ribera. De este modo, la comunidad vecina ha acordado requerir a la Administración que se anule la autorización de trasvase de agosto y se sustituya por una que "realmente" corresponda al mes de agosto": 38 hm3, no 18 hm3. Por el momento, este conflicto no tiene visos de finalizar.

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