Los 6.000 megavatios de energía solar comprometidos por la Comunitat Valenciana para 2030 requerirían solo un 10% de las tierras abandonadas

La falta de acuerdo en el seno del Gobierno valenciano con respecto la forma en la que se deben de desarrollar las energías renovables, y más enconcreto la fotovoltaica, está generando ya no solo un atasco en la tramitación de proyectos de plantas fotovoltaicas, sino también importantes fricciones entre el PSPV y Compromís, incluso a nivel interno en la propia coalición valencianista.

Y es que, con el cierre de la central nuclear de Cofrentes prevista para el año 2030 y los compromisos adquiridos con la Comisión Europea en el horizonte, la Comunitat Valenciana está obligada a generar 6.000 megavatios de energía fotovoltaica en los próximos siete años para cumplir con los objetivos y abastacer la red con energías renovables.

El debate se centra, sin embargo, en la fórmula para alcanzar el objetivo. Desde el PSPV y un sector de Compromís se da por hecho que es necesario compatibilizar una reducción de demanda de la red general mediante el autoconsumo, pero al mismo tiempo potenciando la generación de energía fotovoltaica mediante plantas solares para abastacer a la industria, el comercio y todo aquel que no pueda acceder al autoconsumo. Eso sí, mediante un desarrollo ordenado que no suponga una agresión a los parajes naturales protegidos, usando básicamente una parte de la superficia agrícola abandonada.

Otra parte de Compromís, sin embargo, considera que solo usando las cubiertas de los edifcios industriales, comerciales, públicos y privados (viviendas) es suficiente para alcanzar esos 6.000 megavatios sin necesidad de ocupar una parte del territorio con plantas solares. Y lo hacen basándose en un informe del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace) que no ha estado exento de polémica al chocar, por ejemplo, con los cálculos del Ministerio de Transición Ecológica.

Por poner otro ejemplo, según el director de Energía del Gobierno Balear, Pep Malagrava, “si se llenaran todas las cubiertas de las islas de paneles solares, iglesias incluidas, se llegaría a un 20% de la demanda”.

La realidad es que según los estudios de la propia Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transicion Ecológica, realizados hace dos años por el anterior equipo de la exconsellera Mireia Mollá con motivo de la elaboración de la ley de Cambio Climático, la generación de 6.000 megavatios de fotovoltaica supone como máximo la ocupación de 12.000 hectáreas de cultivos abandonados, lo que supondría un 10% de toda la superficia agrícola abandonada de la Comunitat Valenciana.

El territorio valenciano cuenta con casi 165.000 hectáreas de superficie de cultivo abandonadas, la cifra más elevada de todas las comunidades españolas, lejos de la segunda, Castilla-La Mancha (157.000), y de Andalucía, en tercera posición con 129.000 hectáreas abandonadas.

Los mencionados estudios incluyeron la zonificación de la Comunitat Valenciana mediante un mapa en el que queda establecida la superficie incompatible con el despliegue de plantas solares, es decir, en la que no se pueden implantar, y la condicionada, en la que se podrían poner previo análisis del espacio concreto. El mapa se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del 28 de agosto de 2020.

El mapa quedó a la espera de que desde la Conselleria de Política Territorial aportaran sus condicionantes objetivos para incluirlos en un mapa final. Pero esos criterios objetivos nunca llegaron y el mapa final no llegó a fraguarse.