La Audiencia de Valencia condena a 16 años a un policía nacional por liderar una banda de narcotraficantes que disponía de un arma de guerra
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a un agente de la Policía Nacional a 16 años y dos meses de prisión y a pagar una multa de 600.000 euros por delitos contra la salud pública, integración en grupo criminal, depósito de armas de guerra y descubrimiento y revelación de secretos. El policía, destinado en la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de Valencia, ha sido condenado junto a otros ocho componentes de una banda de narcotraficantes en una operación en la que fue incautada cocaína por un valor total en el mercado de 266.905,91 euros.
“Todo el grupo criminal pivotaba en torno” al policía condenado, que “actuaba como nexo común de todos los integrantes del grupo criminal” a pesar de que “no entraba en contacto con la droga más que para facilitársela a las personas con las que directamente se relacionaba, sin hacer labores de custodia de la misma, pero recibiendo los beneficios de su ilícito tráfico”, según la sentencia.
El narcotraficante, que ha sido inhabilitado como policía durante un periodo de ocho años, conseguía la cocaína que los demás componentes de la banda, que en algunos casos mantenían lazos familiares, distribuían en la provincia de Valencia. En uno de los registros, los investigadores se incautaron de un subfusil sin número de serie, copia de un modelo israelí “prohibido para particulares”, y un cargador con capacidad para 32 cartuchos. El arma de guerra era, según la sentencia, propiedad del policía, aunque la custodiaba otro integrante de la banda. En uno de los registros, la Policía requisó más de dos kilos de cocaína, básculas y material para cortar la droga.
En el registro del domicilio del agente condenado, los investigadores encontraron 56 hojas de reseñas policiales. La sentencia señala que el policía accedió a varias bases de datos de acceso restringido utilizando las contraseñas de dos compañeros. El 22 de julio del 2016 accedió en la comisaría del Marítimo de la capital del Turia a una base de datos, utilizando la contraseña de una compañera, para consultar la ficha policial de un ciudadano colombiano detenido por un presunto delito de homicidio doloso acaecido en Málaga. Una foto de la ficha policial fue localizada por los agentes de Asuntos Internos en el teléfono móvil de otro de los condenados, que tenía antecedentes policiales por transporte de drogas en 2008. El narco también consultó en la aplicación Atlas de la Policía Nacional su propio DNI, así como su vehículo, “a fin de poder conocer la existencia de cualquier señalamiento sobre su persona”.
Las pesquisas del caso se iniciaron al sospechar la Policía que el agente y otro integrante de la banda, que regentaba un gimnasio, podrían estar implicados en el tráfico ilegal de anabolizantes. Alguno de los sospechosos estaban directamente relacionados con el tráfico de drogas y el policía y otros narcos mantenían medidas de seguridad y citas breves “impropias de una relación de amistad o profesional normal”.
Las investigaciones sobre el patrimonio del agente de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana y de otro de los narcos condenados “son concluyentes”, señala la sentencia, porque “sin su participación en un negocio ilícito no pueden explicarse sus evidentes incrementos patrimoniales”.
En el registro del domicilio del policía, los investigadores encontraron 94.850 euros en efectivo escondidos, una cantidad que “no se corresponde con el nivel de vida atribuible a esta persona por su actividad laboral”, que en 2015 le reportó 29.241,71 euros brutos. En 2014 efectuó un ingreso en su cuenta de 10.000 euros que “no está justificado de ninguna manera”. Ese mismo año también canceló un préstamo de 15.572,41 euros para la adquisición de un vehículo. “Obviamente, sin que se haya facilitado por el acusado una hipótesis alternativa plausible, tales ingresos sólo pueden proceder del tráfico ilícito de estupefacientes”, concluye la sentencia.
Otro de los integrantes de la banda, vigilante de una conocida compañía de seguridad privada, cobraba 1100 euros netos mensuales pero tenía productos financieros por un valor total de 103.932,95 euros. Los narcos usaban “teléfonos de seguridad” comprados por remesas con los que se comunicaban a través de WhatsApp. Unos mensajes que “no pueden ser objeto de intervención” y que posteriormente eran borrados, señala la Audiencia de Valencia. Uno de los condenados adujo que tenía muchos teléfonos porque “no le gustaba que la gente tuviera su número” y no le parecía extraño “tener un número de teléfono para hablar con una sola persona”. Una explicación que a los magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia les resulta “especialmente extravagante”.
