La Audiencia de Valencia advierte de un “comportamiento reprobable” de la Policía en la muerte de un interno en 2019 en el CIE de Zapadores

“Lo que no se hizo bien y todo lo que se pudo hacer y no se hizo”. Así explican desde la campaña CIEs No lo que sucedió en relación al suicidio de Marouane Abouobaida, un joven marroquí de 23 que se quitó la vida en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores el 15 de julio de 2019 cuando se encontraba en una celda de aislamiento después de sufrir “una brutal paliza” a manos de otros internos y de haber denunciado el mal estado en el que se encontraba “sin que por ello se adoptaran medidas especiales para su protección”. La Audiencia Provincial de València ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa penal al considerar que ni la Policía ni el personal sanitario cometieron ningún delito. Sin embargo, en el auto judicial se señala que pudo haber “asistencia sanitaria incompleta”, además de “un comportamiento reprobable de algún funcionario policial”, y concluye instando a “valorar todo aquello que pudo haberse hecho y no se hizo ante una situación como la suya”. El tribunal ha desestimado la resolución definitiva del procedimiento para dejar “abierta la posibilidad de una reapertura si se aportan nuevos elementos de juicio que la justifiquen”.

La Audiencia de Valencia afirma que su decisión “no significa” que la atención recibida por el interno “fuera intachable ni que pueda derivarse alguna clase de responsabilidad como consecuencia de esa atención o de su fallecimiento (...) Esta resolución tan solo significa que esa posible responsabilidad no es de carácter penal”. Por eso, remite a revisar el protocolo de actuación en situaciones similares que dictó el juzgado de instrucción nº 3, en función de control del CIE, el 25/7/19, para valorar la conducta del personal de Zapadores.

Tal y como advierten desde la plataforma por el cierre de los CIE, apenas diez días después del suicidio, tras recibir el atestado de la muerte y solicitar informes al CIE, el juez de control ordenó la aplicación de un protocolo de 16 medidas referidas a la prevención de intentos de suicidio y a las condiciones de aislamiento. El magistrado estableció que una “situación excepcional” como el aislamiento no se puede aplicar durante más de una hora -prorrogable a una hora más previo informe del servicio médico-, se debe controlar permanentemente a través de las cámaras y la persona debía estar acompañada por otras dos en la celda. “Marouane murió solo en la celda, dos horas después de ser aislado, y tardaron 40 minutos en darse cuenta de que se había quitado la vida”. Tras el auto del juez, la Campaña CIEs No solicitó formalmente a la Delegación del Gobierno que informara de si se están aplicando las 16 medidas, pues en caso contrario existe un riesgo para la integridad física de las personas encerradas en el CIE. “Hasta ahora no ha habido respuesta”.

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“Para la familia de Marouane ha sido muy difícil aceptar que el joven se quitara la vida y están también convencidas de que todo lo sufrido por Marouane hasta el momento de su muerte fue determinante en su decisión de quitarse la vida”. Durante todo este tiempo, explican desde la plataforma Casa Marruecos ha estado en contacto con la familia de Marouane, “acompañándolos en todo momento y transmitiendo sus reivindicaciones. Su principal exigencia es que la muerte de Marouane se investigue hasta el final, que se conozca toda la verdad de lo que sucedió y que se haga justicia”.

Después del fallecimiento de Marouane, la abogada de CIEs NO asumió la acusación particular, en nombre de la madre del joven, en el proceso que se desarrolló en el juzgado de instrucción nº 10. A partir de ese momento, la letrada accedió al mismo atestado policial que el juez de control de Zapadores. En este documento, redactado en la tarde de la muerte de Marouane, se compendian las declaraciones de diferentes funcionarios policiales, las comunicaciones realizadas a raíz de lo sucedido, diversos informes sanitarios y las imágenes de algunas de las cámaras de videovigilancia del CIE entre las que se encuentran las correspondientes a la celda de aislamiento así como la del distribuidor previo a esta. Además, en los días posteriores a la muerte, la abogada se entrevistó en Zapadores con uno de los internos que fue testigo de algunos de los hechos de los días 14 y 15 de julio.

La revisión de las imágenes “permitió apreciar la posible existencia de varios delitos imputables a los funcionarios públicos que aparecen en las mismas: inducción al suicidio, trato degradante, daño a la vida o a la integridad moral, denegación de la asistencia sanitaria y otros, según señaló la representación de la familia de Marouane en el primer escrito de acusación”. Por tanto, se solicitó que fueran interrogados varios agentes e integrantes del equipo sanitario del CIE. Para la acusación particular, las imágenes venían a confirmar que Marouane no fue aislado por su seguridad ni por su salud: “lo arrastraron por el suelo estando inconsciente y lo dejaron tirado en la celda de aislamiento, solo, sin vigilancia, sin agua, sin comida, y con la ventana cerrada en plena canícula”.

“Dos patadas para ver si reaccionaba”

Según relatan desde CIEs NO: “En las imágenes se puede ver a varios funcionarios policiales arrastrando por el suelo el cuerpo inmóvil de Marouane y dejándolo tirado en la celda de aislamiento. Marouane permaneció 42 minutos en el suelo sin moverse. Durante ese tiempo, tanto policías como sanitarios lo visitan, algunos sólo lo observan desde la mirilla de la puerta del calabozo, otros llegan a entrar; todos dejan el cuerpo de Marouane tirado en el suelo. Las imágenes son explícitas: el joven se arrastra hasta la cama, posteriormente intenta ponerse en pie y cae al suelo frente a la puerta, permaneciendo en posición fetal sin que sus custodios le presten auxilio alguno. Cuando descubren a Marouane sin vida hace más de 40 minutos que nadie se ha preocupado por su estado. Tras su muerte, aparecen en el distribuidor tres funcionarios uniformados. Miran por la mirilla y ven el cuerpo. Dos de los funcionarios entran y rodean el cuerpo. No lo inspeccionan ni le toman las constantes vitales. Uno de ellos le da dos patadas para ver si reacciona. Tras ver que no lo hace tampoco le toma las constantes vitales. Sólo entonces, una vez muerto, se le realiza el primer reconocimiento físico y con instrumental médico desde su aislamiento”. De la revisión de estas imágenes, explican que se presentaron 75 fotogramas ante el juzgado, que no se correspondían con el momento de la autolisis sino con lo sucedido desde el aislamiento hasta la última asistencia médica, al considerar determinantes estos momentos en el posterior suicidio.

El 14 de julio, un día antes de quitarse la vida, varios internos agredieron a Marouane provocándole fracturas en el rostro, por lo que fue trasladado al hospital, comentan desde la plataforma por el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, que añaden que en los días anteriores el joven marroquí ya había sido víctima de otras dos agresiones. El equipo medico del hospital recomendó “reposo en cama-sillón durante 2-3 días” ante el “traumatismo craneal” que presentaba y que no se realizaran maniobras que pudieran producir un “aumento de presión cefálica (movimientos bruscos de cabeza/cuello)”. También se estableció en el informe médico que “es importante que durante las próximas horas esté acompañado”, pues hay que “comprobar periódicamente que el paciente se encuentra correctamente orientado y mueve los miembros con normalidad”. En todo caso, debería acudir al servicio de urgencias si presentara “pérdida de conocimiento, confusión o desorientación; tendencia anormal a dormir; dolor de cabeza persistente; alteración del carácter o conductas anormales; pérdida de fuerza o alteración en la coordinación de alguna de las extremidades”, entre otros síntomas. “Ninguna de estas recomendaciones fue llevada a cabo por el personal sanitario del CIE ni por los funcionarios policiales”, denuncian.

Sobre esta forma de proceder, la Audiencia reconoce que “el interno presentaba lesiones de cierta entidad por una agresión sufrida el día anterior”, pero señala que “no integran ninguna clase de maltrato o trato degradante, si los funcionarios no han sido advertidos de que el interno, por sus lesiones o su estado físico, no simulaba, no permanecía en el suelo voluntariamente o precisaba de una atención especial que no se le daba”. De este modo, el tribunal acepta la versión de los funcionarios según la cual no habían sido informados de que tuvieran que tener especiales cuidados en el tratamiento a Marouane y les exime de toda responsabilidad al indicar que “la advertencia o información sobre el especial tratamiento que debiera recibir el interno por su estado de salud correspondía al personal sanitario destinado en el CIE por tratarse del personal cualificado para valorar el estado de salud del interno y para determinar y en su caso aplicar las pautas de tratamiento prescritas para el mismo”. De la supuesta falta de información a los agentes, en cualquier caso, tampoco se deriva ninguna responsabilidad penal por omisión del deber de asistencia sanitaria pues el precepto “sanciona la denegación de asistencia sanitaria, pero no la prestación de una asistencia incompleta o un diagnóstico erróneo”. Y, en todo caso, “con tales omisiones se habría incurrido en una asistencia sanitaria incompleta, pero de ninguna manera en una denegación de asistencia sanitaria”, determina el auto judicial.

La Audiencia otorga especial importancia tanto al hecho de que Marouane fuera examinado por el personal sanitario del CIE los días 12 y 13 de julio “sin que se aprecie sintomatología alguna que indicara un tratamiento antidepresivo”, como al de que en su visita al hospital del día 14 no “se observara ni estimara pertinente su examen por el servicio de psiquiatría o la administración de algún antidepresivo”. Sin embargo, sentencian desde CIEs NO, “resulta sorprendente la relevancia dada a estos argumentos cuando a la vez se reconoce como probados los siguientes hechos”: primero, que “el médico examinó al interno en fecha 03-07-2019 y le prescribe Alprazolán (medio comprimido diario durante cuatro días), según resulta del historial clínico del paciente, añadiendo en su declaración judicial que solo lo llegó a tomar durante un día”; segundo, que en la mañana del día 15 Marouane manifestó al personal de Cruz Roja “que se encuentra bien, aunque dolorido y muestra preocupación y malestar por lo ocurrido el día anterior (…) y refiere que se encuentra humillado por los hechos” haciéndose necesario hablar con él “hasta que se relaja y vuelve a la rutina”, según el informe aportado por Cruz Roja en el procedimiento; y tercero, que en el informe hospitalario la doctora que le atendió indicara que había realizado su labor “sin poder comunicarse con el paciente por la imposibilidad de comprenderse”, una situación de la que difícilmente pueden extraerse conclusiones respecto del estado psicológico de una persona.

Arrastrado con la cabeza tocando el suelo

Hubo dos momentos en los que Marouane fue conducido por funcionarios policiales porque, según señalaron en su declaración ante la jueza, no “quiere” moverse, “por más que existen indicios suficientes para considerar que no 'puede' moverse”, censura la plataforma cívica. “En la mañana del lunes 15, lo llevaron desde la zona de habitaciones situada en el primer piso hasta la enfermería ubicada en la planta baja. Más tarde, a mediodía, lo condujeron aparentemente desde el patio hasta la celda de aislamiento. Según uno de los testigos compañero de Marouane, ambos traslados se realizaron arrastrando el cuerpo por el suelo, agarrándolo de pies y brazos y permitiendo que la cabeza impactara contra el suelo, mientras que los funcionarios policiales declararon que el traslado se efectuó 'llevándolo en volandas cogiéndolo de brazos y piernas'”. Del primer traslado, sostienen, se dispone del testimonio de los agentes y del compañero de Marouane mientras que del segundo se cuenta, además, con las imágenes de la celda de aislamiento y del distribuidor previo a ésta.

La Audiencia “da credibilidad” a la versión de la Policía y “rechaza” la del compañero de Marouane porque en las imágenes del segundo traslado entiende que “muestran a dos agentes policiales sujetando por manos y pies al interno y manteniendo en alto su cabeza sin riesgo alguno para su vida o integridad física”. Sin embargo, “la cabeza de Marouane se encuentra en contacto con el suelo”. Para la acusación era precisamente la declaración del compañero de Marouane unida a las imágenes del segundo traslado en las que se observa cómo la cabeza es arrastrada por el suelo, lo que confería fuerza a la versión de que Marouane no fue llevado en volandas sino arrastrado por el suelo en las dos ocasiones. La Audiencia señala: “Es cierto que alguna de las imágenes apreciadas en las cámaras de seguridad puede sugerir un comportamiento reprobable de algún funcionario policial, pero en ningún caso un acto delictivo”. “Todos estos hechos descritos, independientemente de su relevancia penal, constituyen un trato inhumano y degradante a una persona privada de libertad que no había cometido ningún delito”, critican desde CIEs No.

Tal y como denuncian, el CIE de Zapadores ha sido escenario “de múltiples y diversas vulneraciones a los derechos humanos generadoras de una permanente angustia en las personas, que no sólo se sienten terriblemente frustradas al acabar entre rejas en su intento de encontrar unas condiciones de vida dignas sino que además son objeto de todo tipo de arbitrariedades. Este estado emocional, en ocasiones, puede llevarles a situaciones extremas”. La muerte de Marouane, prosiguen, “se produjo en un contexto de elevada tensión en el interior del CIE. Una semana antes hubo un intento de suicidio y tuvieron que liberar a otro interno por su grave deterioro psíquico. Y cuatro días después del fallecimiento, dos chicos se autolesionaron. Desde que se abrieron los CIE, diez personas han fallecido entre sus muros o en el traslado forzoso al que las sometieron”. Antes de la de Marouane, en Zapadores enumeran otras 2 muertes: A. B., marroquí de 55 años. Falleció el 16 de octubre de 2010 al llegar a la puerta del CIE desde el centro de salud donde no le detectaron ninguna anomalía; y la de un ciudadano nigeriano de 47 años. Murió el 31 de agosto de 2008 tras caer desplomado en las duchas sin que pudiese ser reanimado. Además, recuerdan que el 19 de febrero de 2009 murió en el Hospital General de Valencia un ciudadano georgiano, procedente del CIE.

“Por todas estas razones, vamos a continuar reclamando que se determinen responsabilidades en la muerte de Marouane y que se cierren todos los CIE con carácter de urgencia pues no son más que cárceles racistas donde se recluye a personas que no han cometido ningún delito y se violan sus derechos fundamentales”, concluyen.

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