Otro frente legal para Aurelio Martínez: terremoto en el puerto deportivo de Gandia tras el varapalo judicial que tumba la concesión

Frente judicial abierto para la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) que se sumará al complicado proceso de ampliación norte del puerto de València. La gestión del puerto deportivo de Gandia ha saltado por los aires después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano tumbara la concesión otorgada por la APV al Real Club Náutico de Gandia. La justicia ha dado la razón a la empresa de Cádiz Alcara Infraestructuras, que tras haber sido seleccionada en 2017 por hacer una mejor oferta económica acabó siendo descartada por presentar las garantías económicas de su oferta, unos 130.000 euros, 24 horas fuera de plazo.

La sentencia, que la APV no sabe si recurrirá y que estudian sus servicios jurídicos, deja empantanadas las obras de reforma de las instalaciones que había comenzado a realizar el club náutico. Además, tras el varapalo judicial, el actual presidente Daniel Vidal ha anunciado su dimisión y la convocatoria de elecciones. De esta manera, la adjudicación pasa al punto inicial, aunque Alcara Infraestructuras ya fue seleccionada por el consejo de administración de la APV y su opción publicada en el BOE.

La sentencia tras las decisiones de la APV ha sido como un terremoto en Gandia y en el club náutico, puesto que sin saber cómo iba a acabar el juicio por la concesión empezaron las obras de reforma de la infraestructura.

De hecho, en junio de 2017 el BOE ya publicó la decisión de adjudicar la concesión a la empresa tras considerar el consejo de administración de la APV que era una oferta económica más favorable para el interés general. Tras recurrir administrativamente el Real Club Náutico la decisión por un defecto de forma al haber presentado con 24 horas de retraso las garantías del 2%, la APV cambió de decisión sin tener en cuenta las ofertas.

Alcara Infraestructuras recurrió a la justicia y finalmente el TSJ valenciano le dio la razón al considerar la actitud “excesivamente rígida” de tumbar una concesión millonaria por un defecto de forma. Ahora la APV deberá decidir qué hace, aunque el Real Club Náutico de Gandia ya ha decidido que recurrirá a intancias superiores.

El palo judicial no solo es a la APV sino también a los clubes náuticos que han monopolizado los puertos deportivos desde hace décadas y que, en el caso de los puertos gestionados por la Generalitat, han intentado que renovaran de manera automática sus concesiones sin concurso público, como contó eldiario.es.

Esta sentencia y este proceso en el puerto deportivo de Gandia han evidenciado que las ofertas con mejores condiciones para el interés general son las que deben primar puesto que se trata de la gestión de espacios públicos de gran interés económico. En este caso, Alcara se comprometía por contrato a invertir siete millones de euros mientras que el Real Club Náutico, que gestiona el espacio desde hace 60 años, 3,5 millones.