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El Ayuntamiento de Benidorm indemniza a un financiador confeso del PP con 24,5 millones por una adjudicación anulada por la justicia

Estación de autobuses de Benidorm.

Lucas Marco

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El empresario alicantino Enrique Ortiz, financiador confeso del Partido Popular, se va a embolsar 24,5 millones de euros de indemnización por la adjudicación a dedo de la construcción y la explotación de la estación de autobuses de Benidorm, que fue anulada por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El PP, partido al que Ortiz financiaba ilegalmente, ha gobernado en Benidorm desde que Eduardo Zaplana accedió a la alcaldía en 1991, con la única interrupción del periodo en que gobernó el socialista Agustín Navarro, entre 2009 y 2015.

La aprobación del convenio para la regularización del contrato cierra un largo contencioso y obliga a Ortiz a volver a presentarse a otro procedimiento de contratación negociado sin publicidad en las mismas condiciones, en el caso de que la nueva licitación, esta vez con convocatoria pública, quede desierta. Es decir, si a la próxima licitación, abierta a cualquier empresa que quiera optar a la adjudicación, no se presenta nadie, el constructor volverá a quedarse con la estación en las mismas condiciones que establece el último contrato vigente.

La única contrapartida para Ortiz es la ejecución de los trabajos de rehabilitación integral del complejo, con un presupuesto de 287.141 euros. El empresario deberá pagar además 250.465 euros en concepto de cánones no abonados entre 2010 y 2019, algo que investigó la Fiscalía. El ayuntamiento también ha iniciado los trámites para devolver a al constructor 784.743 euros en concepto de avales abonados por Ortiz para responder a las obligaciones derivadas de la explotación de la estación.

Hace casi dos décadas, el 16 de septiembre del 2002, el ayuntamiento en manos del alcalde 'popular' Vicente Pérez Devesa, adjudicó a la UTE Estación de Autobuses de Benidorm el contrato de gestión del servicio público de la estación de autobuses, más tarde subrogado en Estación de Autobuses de Benidorm SL, una sociedad en manos de Ortiz.

El primer contrato fue validado por el TSJCV al rechazar un recurso de otra empresa. No así la modificación del contrato, aprobada por el consistorio el 28 de marzo del 2003 para equilibrar las pérdidas producidas con la explotación. Una sentencia en primera instancia del TSJCV, del 23 de octubre del 2007, anuló la resolución, una decisión confirmada después por el Tribunal Supremo al rechazar los recursos de Ortiz y del Ayuntamiento de Benidorm. La modificación debía haberse licitado como un nuevo contrato, con lo que todo el proceso volvió a la casilla de salida.

El ayuntamiento consideró que la peor solución era el pago directo de la indemnización, debido a las dificultades presupuestarias de afrontar el reintegro de la estratosférica cantidad. Así, el consistorio constituyó una comisión mixta, con representación municipal y de la adjudicataria, para establecer de forma consensuada una salida al entuerto. Un informe del arquitecto municipal valoró la obra total construida sin amortizaciones en 35,4 millones de euros, una cifra cuestionada por la Intervención municipal. Otra tasación, encargada a Tecnitasa, rebajó la cifra a 25,4 millones. Ortiz interpuso un recurso de reposición por su disconformidad con esa tasación, aprobada en un pleno municipal.

La comisión encargada de buscar una solución para el largo contencioso fijó el importe definitivo de liquidación de las obras, instalaciones, urbanización y equipamientos en 24,5 millones de euros. El pleno del ayuntamiento del pasado 26 de octubre acordó la resolución y liquidación por mutuo acuerdo del contrato de gestión del servicio público de la estación de autobuses, abriendo la puerta así a una nueva licitación del concurso, esta vez con publicidad y concurrencia, en cumplimiento de la sentencia del TSJCV.

El ayuntamiento, según ha publicado el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, deberá licitar y adjudicar el nuevo contrato para la gestión de todo el complejo en un plazo máximo de seis meses con una prórroga de tres. Si transcurrido el plazo la licitación queda desierta, Ortiz tendrá la obligación de asumir la concesión en las condiciones marcadas por el contrato vigente. Eso sí, con 24,5 millones más en su bolsillo.

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