La directora de Vivienda de Mazón dimite para atender a sus empresas tras dejar a 4.000 personas sin ayudas al alquiler

La directora general de Vivienda de la Generalitat Valenciana, Ana Isabel Caballer Almela, dimitió a principios de agosto alegando “motivos personales” relativos a la gestión de sus empresas familiares. La dimisión coincide con la resolución de las ayudas al alquiler para el ejercicio 2023, para las que el Ejecutivo del popular Carlos Mazón no aportó fondos y que ha descartado a más de 4.000 solicitantes. 

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, que dirige Susana Camarero, no ha contestado las preguntas de elDiario.es sobre la fecha exacta en que la alto cargo presentó su dimisión. La última resolución firmada por Ana Caballer corresponde al pasado 1 de agosto, según consta en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La directora general, en declaraciones recogidas este viernes por el diario Mediterráneo, agradece la confianza del PP y de Carlos Mazón por su nombramiento hace un año y asegura que se ha sentido “respaldada y valorada” en su gestión. Caballer alude a sus empresas familiares para justificar su dimisión: “Tenemos proyectos en marcha y a punto de desarrollar. La gestión política requiere que estés al cien por cien, por eso, tras valorarlo, he decidido dejar paso a otra persona”.

Ana Caballer figura actualmente como apoderada de Gestión Balnearia SL, una empresa familiar. También fue consejera delegada y apoderada de Agrupación de Balnearios de Villavieja SL, que gestiona el balneario de La Vilavella (Castelló). En su declaración de bienes del portal de transparencia 'GVA Oberta', Caballer anota participaciones en ambas empresas por un monto total de 42.642 euros. 

La dimisión de la directora general de Vivienda se suma a otros dos altos cargos que abandonaron sus puestos en la conselleria de Susana Camarero. El pasado mes de octubre, Montserrat Alcalá dimitió como directora general de Infraestructuras Sociosanitarias, apenas dos meses después de haber sido nombrada. En noviembre, dimitió el director general de Personas con Discapacidad, Ramón Meseguer, tres meses después de haber sido nombrado.

Alquiler de una vivienda en Las Rozas

La última alto cargo dimitida abandona el puesto tras haber dejado a 4.266 solicitantes sin ayudas al alquiler correspondientes al ejercicio 2023. El departamento autonómico, tal como ha informado este diario, se escuda en el “agotamiento presupuestario” de una línea de las cuentas públicas a la que la Generalitat no aportó fondos en 2023. Por el contrario, el Gobierno central inyectó 6,9 millones de euros.

En el año en que Caballer ha ejercido de directora general de Vivienda presentó al portal de transparencia 'GVA Oberta' hasta tres declaraciones de bienes. Tras una primera declaración, depositada poco después de su nombramiento ante el Registro de Control de Conflicto de Intereses, la alto cargo amplió el pasado 2 de noviembre la casilla correspondiente a los bienes y derechos de contenido económico para anotar el alquiler de una vivienda en Las Rozas (Madrid).

Nueve días después, en el mismo epígrafe, la descripción cambió a “alquiler vivienda habitual”, aunque con el mismo importe: 1.300 euros. La alto cargo, según sus tres declaraciones de bienes, posee la mitad de una vivienda en Madrid con un valor catastral de 271.770,93 euros.

El PSPV-PSOE denuncia “recortes” de Mazón

El Ejecutivo de Mazón ha dejado fuera de las ayudas al alquiler a más solicitantes que los que han sido beneficiarios.

Este viernes, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicaba una nueva resolución, firmada por Ana Caballer el pasado 1 de agosto, que revisa las ayudas al alquiler del ejercicio de 2022, periodo en que gobernaba el Pacte del Botànic, “alertados por una gran cantidad de quejas y recursos” a consecuencia de “errores” y “problemas en la herramienta informática” de gestión. La nueva resolución concede ayudas a 94 personas por un importe total de 403.858 euros.

El PSPV-PSOE ha criticado los “recortes” del Ejecutivo de Mazón a las ayudas al alquiler. La portavoz adjunta socialista en las Corts Valencianes, María José Salvador, lamenta que los 4,4 millones de euros del Consell para las ayudas al alquiler de 2024 suponen “prácticamente la mitad de lo que aportó en 2016 con el primer presupuesto de ayudas al alquiler el Gobierno de Ximo Puig”.

El Pacte del Botànic disparó las ayudas

La comparativa con las cifras del anterior periodo progresista del Pacte del Botànic denota que el Ejecutivo de Mazón, en su primer ejercicio, ha rebajado notablemente los fondos para las ayudas al alquiler así como los beneficiarios.

Las ayudas bianuales de 2022 y 2023, tramitadas por el Pacte del Botànic, fueron las que más fondos incluyeron para ayudas al alquiler. La Generalitat Valenciana aportó cada uno de esos ejercicios incluso más fondos (12,6 millones de euros) que el Gobierno central (7,9 millones), según las resoluciones que constan en el DOGV. Un total de 8.578 solicitante obtuvieron las ayudas al alquiler, más del doble de las que ha otorgado el actual Gobierno.

La Conselleria de Asuntos Sociales, Igualdad y Vivienda justificó la nula aportación de fondos para las ayudas de 2023 en que el nuevo Gobierno de Mazón convocó las ayudas en octubre (el traspaso de carteras se produjo el 20 de julio de 2023) “porque el Botànic no las había sacado”.

“Han tardado más de cuatro meses en convocar las ayudas de 2023 desde que llegaron al Gobierno y han tardado la friolera de 10 meses en resolver”, ha lamentado Salvador, exconsellera de Vivienda del Pacte del Botànic.

El Consell carga contra el Botànic

Por su parte, la consellera Susana Camarero ha respondido que el Botànic fue “incapaz durante siete meses de gobierno de poner en marcha estas ayudas”.

“Me extraña que el Partido Socialista no lea las resoluciones, porque en la resolución de ayer, en la que se resolvían 4.000 expedientes, ya pone que van a haber más ayudas y que va a seguir resolviéndose”, ha señalado, al tiempo que ha indicado que las que no se han resuelto se deben a que no reúnen “las condiciones para percibirlas”.

Además, el secretario autonómico de Vivienda, Sebastián Fernández, ha dicho que el Consell “está pagando más de seis millones de euros que quedaron pendientes de la convocatoria de 2022 aprobada por el Botànic, a lo que se suma la resolución de revocación parcial de las concesiones de 29 de diciembre de 2022, publicada justo hoy en el DOGV, que incrementa el importe en 403.858,54 euros”.

“Es extremadamente grave que el Botànic dejara sin ayudas al alquiler a más de 1.400 beneficiarios con derecho a ellas”, ha afirmado Fernández, quien ha reivindicado que el actual Gobierno valenciano “es el que va a hacer frente a las solicitudes que el Botànic no concedió por un importe superior a seis millones de euros”.