Castelló defiende la donación de los 32 libros censurados a institutos del municipio en cumplimiento de la ley valenciana LGTBI

El auto de la jueza Carola Soria Piquer, que hacía caso a un recurso presentado por la organización ultracatólica Abogados Cristianos y ordenaba la retirada de 32 libros de temáticas LGTBI de once institutos de Secundaria y un centro de menores de Castelló, ya tiene respuesta oficial por parte del Ayuntamiento en forma de alegaciones al escrito de la magistrada, titular del juzgado de lo contencioso-administrativo Nº 1 de la capital de La Plana. 

El Consistorio castellonense defiende que la donación de este material, destinado tanto a los alumnos de Secundaria y Bachillerato como a formación del profesorado, “no comporta ninguna vulneración de los derechos fundamentales”, ya que se trata de material “legal, que puede ser adquirido por cualquier persona” en una librería. 

Además, defiende que las donaciones culturales entre administraciones e instituciones “son habituales”, al tiempo que recuerda que, tal y como indica la ley valenciana de igualdad LGTBI de 2018, “existe una obligación por parte de las administraciones públicas, especialmente de la educativa, de abordar de manera específica la identidad de género, la expresión de género, la diversidad sexual y familiar, teniendo que incluir estos contenidos en el proyecto educativo del centro, para lo cual se los tiene que dotar con las herramientas y recursos necesarios para su implantación”.

En este sentido, la concejala de Cultura, Feminismo y LGTBI, Verónica Ruiz, defiende que la donación se ha realizado “conforme a derecho para facilitar herramientas en los centros educativos a efectos de coadyuvar con el cumplimiento de las leyes 8/2017 de reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana, y la 23/2018 de igualdad de las personas LGTBI”.

Otro de los puntos que indica el escrito de los servicios jurídicos municipales es que no existe vulneración del derecho a la libertad religiosa por el contenido, así como que el Ayuntamiento no puede ser impugnado por los contenidos de los libros “por no ser ni autor ni editor de estos materiales adquiridos siguiendo el procedimiento legal establecido en la ley de Contratos del Sector Público en las librerías de la localidad”.

“Estamos convencidas de que con esta donación hemos actuado como es debido, queremos seguir defendiendo los valores de la tolerancia y la diversidad y, sin lugar a dudas, lo volvería a hacer”, asegura Ruiz, quien también ha sido objeto de una querella por parte de Abogados Cristianos por los presuntos delitos de prevaricación, abuso sexual a menor de 16 años y provocación a la discriminación y el odio. Así, insiste en que la donación de estos libros “contribuye a la inclusión y el respecto a la diversidad, fomenta la tolerancia, la convivencia, la igualdad, la inclusión y da herramientas al profesorado y el alumnado para trabajar con las diferentes sensibilidades”.

Críticas generalizadas al auto judicial

Desde que hace una semana se conociera la decisión cautelarísima dictada por la magistrada, numerosas han sido las críticas vertidas al auto -a excepción del grupo municipal de Vox, que aplaudió la medida-. Desde el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra hasta sindicatos o editores, pasando por los propios escritores -alguno de ellos, como Bruno Bimbi, autor de El fin del armario. Lesbianas, gays, trans y bisexuales en el sigo XXI, alertaba de los peligros de hacer concesiones al “fascismo, que siempre empieza prohibiendo libros”-, hasta el propio presidente de la República Argentina, Alberto Fernández.

La Conselleria de Educación confirmó que no tiene intención de retirar ninguna de las obras afectadas por la resolución judicial ni realizar ningún tipo de alegación al auto judicial. “A nosotros no se nos ha comunicado nada”, aseguraban fuentes del departamento que dirige el conseller Vicent Marzà, al tiempo que se mostraban contundentes al asegurar: “Por supuesto que no vamos a retirar nada”.