Una colombiana sin visado de residencia y con cita para pedir asilo fue retenida 20 horas y se expone a la expulsión

Igual que sucediera hace unas semanas, cuando se le abrió expediente sancionador a una mujer sin permiso de residencia que acudió primero al juzgado y después a comisaría a denunciar el hurto de su pasaporte -los hechos han sido trasladados por Izquierda Unida al Congreso y al Parlamento Europeo-, otra migrante, en este caso S.M. de nacionalidad colombiana, ha recibido una propuesta de expulsión por carecer de visado de residencia en España.

En este último caso, esta persona tenía una cita para solicitar asilo y fue retenida por la Policía durante más de 20 horas para identificarla, según ha denunciado la ONG València Acull, que considera “irregular” la actuación policial porque en el procedimiento de expulsión incoado “no consta que la detuvieron únicamente para identificarla y se superó el tiempo legalmente permitido para una identificación (un máximo de seis horas)”. Además, sostienen desde la entidad cívica que no se tuvo en cuenta que la mujer no posee antecedentes de ningún tipo y ya disponía de cita para solicitar asilo: “Si no la ha podido conseguir antes es por causas ajenas a su voluntad: el colapso que sufre el propio sistema de citas”.

Los hechos se remontan al pasado 8 de septiembre, alrededor de las 17:30 horas, cuando el coche de un amigo en el que viajaba S. M. fue detenido en un control de tráfico que realizaba la policía en las cercanías de la comisaría de la calle Bailén, en València. Según relatan desde València Acull, los agentes solicitaron primero la documentación del vehículo y personal al conductor; posteriormente se la pidieron a ella, “que mostró la foto de su pasaporte en el móvil ya que teme perder el original”. El agente, según comentan desde la ONG, no puso objeciones “e incluso, al parecer, comprobó que no tenía ninguna orden de búsqueda pendiente”. Sin embargo, otro agente cuestionó la validez de la identificación. “Le dije mi nombre y apellidos y el número de pasaporte, como una forma de corroborar que los datos que yo decía concordaban con la identificación de mi móvil. Insistió en que esa no era forma de identificarme y me devolvió el móvil”, recuerda la mujer. Ella se puso a escribir en el móvil para comunicar lo que le estaba pasando y el policía “le ordenó que lo apagara”.

“Los únicos que tienen derechos son los españoles”

S. M. afirma que apagó el móvil, pero se opuso a que el agente se lo quitara: “Le dije que yo tenía derechos, que no era una delincuente. El policía me dijo que yo no tenía derechos, que aquí los únicos que tienen derechos son los españoles”. A su vez, sostiene que le obligó a sacar las cosas de los bolsillos y llamó a otra patrulla de refuerzo. Desde València Acull sostienen que la mujer ofreció la posibilidad de llamar a su hijo o a un amigo para que trajera su pasaporte, y a pesar de ello, la hicieron bajar del coche y le dijeron que la trasladaban a la comisaría de Zapadores, “para identificarme y en 10 minutos me soltaban”, indica la víctima.

La ley de Seguridad Ciudadana establece la obligatoriedad de las personas extranjeras de exhibir su documentación y permitir “la comprobación de las medidas de seguridad de la misma” cuando fueran requeridas “y por el tiempo imprescindible para dicha comprobación, sin perjuicio de poder demostrar su identidad por cualquier otro medio si no la llevaran consigo” (artículo 13). También determina que si la identificación de la persona “no fuera posible por cualquier medio”, los agentes podrán requerirle para que les acompañe a las dependencias policiales “a los solos efectos de su identificación y por el tiempo estrictamente necesario, que en ningún caso podrá superar las seis horas” (artículo 16). “A S. M. no le sirvió mostrar la foto de su pasaporte para demostrar su identidad y en Zapadores le incoaron el procedimiento de expulsión sin mencionar que había sido conducida a esa comisaría con el único objetivo de identificarla; de este modo, trataron de evitar el límite de seis horas que establece la ley”, aclaran desde València Acull, e insisten: “Fueron casi 21 horas las que pasó detenida en estas dependencias, incluido el calabozo, desde que fue trasladada para identificarla desde la calle hasta que abandonó Zapadores”.

S. M. asegura que llegó a Zapadores alrededor de las 18 horas del 8 de septiembre y no la dejaron en libertad hasta casi las 15 horas del día siguiente. Durante ese tiempo, declara que volvió a intentar infructuosamente que le permitieran avisar a alguna persona cercana para que llevara su pasaporte original. Asegura que también le dijo a la Policía que, después de varios meses intentándolo, ya había conseguido cita para pedir asilo, aunque no disponía de comprobante, ya que la cita se da de forma telefónica sin que a la persona se le facilite ningún resguardo de que la ha obtenido: “Me dijeron que lo iban a comprobar y tras verificar que era cierto, me indicaron que esa cita no servía, sin más explicaciones”.

Le incoaron un procedimiento de expulsión donde se afirma que a las 19:05 del 8 de septiembre, en la calle Zapadores, “fue identificado [sic] y detenido [sic]” por estar indocumentada, “cuando realmente la actuación policial comenzó casi dos horas antes en la calle Bailén y la detención se produjo a los solos efectos de trasladarla a Zapadores para identificarla”. En el documento también se resalta que a la persona “no le constan antecedentes ni requisitorias judiciales pendientes a la detención”, pero “inexplicablemente” en el siguiente párrafo se dice que a la estancia irregular se une el hecho de “constarle numerosos antecedentes penales [sic]”. Por otro lado, se señala que le notificaron la incoación del procedimiento a “las 12:00 horas del día 09 de septiembre”, aunque ella sostiene que no pudo irse de la comisaría hasta casi tres horas después. 

El miércoles, 4 de octubre, la mujer acudió a su cita para la petición de asilo en España y manifestó su voluntad de presentar solicitud de protección internacional. Mientras tanto, el abogado de oficio que le asignaron ha presentado alegaciones solicitando el archivo del procedimiento de expulsión.

Desde Valencia Acull reclaman que la Delegación del Gobierno archive la propuesta de expulsión e inicie una investigación y “depure responsabilidades sobre la irregular actuación policial de la que fue víctima una mujer sin permiso de residencia, cuya única infracción ha sido no llevar encima el pasaporte original”.

Procedimiento de expulsión de S. M. çon Scribd