El Consell de Mazón extiende a alcaldes la responsabilidad de acoger a menores migrantes mediante una carta con ataques al Gobierno

“Dado que el Gobierno sigue adelante con su decisión tras la aprobación del Real Decreto que establece la capacidad ordinaria de cada sistema, solicito de vuestra colaboración para conocer las infraestructuras, espacios o recursos disponibles en tu municipio, que pudieran atender a estos menores migrantes no acompañados”.

La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, ha remitido una carta que se expresa en estos términos a la alcaldesa socialista de Altura, Rocío Ibáñez, y según ha confirmado la propia responsable municipal a elDiario.es, a otros alcaldes y alcaldesas de otras localidades con los que ha tenido la oportunidad de hablar en las últimas horas.

En la misiva, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Camarero critica la actuación del Gobierno central así como lo que considera una insuficiente financiación para hacer frente a la atención de los menores: “El Gobierno de España, mediante el Real Decreto-ley 2/2025, de 18 de marzo, ha determinado el reparto de los menores migrantes no acompañados llegados a Canarias entre el resto de Comunidades Autónomas. Este Decreto, que acumula numerosos recursos admitidos de inconstitucionalidad interpuestos por diferentes comunidades, incluida la Comunitat Valenciana, establece el traslado de 571 menores no acompañados a nuestra Comunidad, asignando un crédito de 7.451.550 euros, que exclusivamente cubrirá una parte de sus gastos durante tres meses”.

Además, añade que “en el último año, la Comunitat Valenciana viene realizando un esfuerzo considerable en recursos de atención al programa migratorio, habiendo incrementado en 122 el número total de plazas disponibles” y lamenta que “pese a todo, actualmente nos encontramos al 160% de ocupación, con un sistema de protección de menores tensionado que ahora afronta el incremento de menores propuesto por el Gobierno sin los recursos suficientes asociados”.

Por último, expresa que aunque la Generalitat Valenciana parte “de una posición de solidaridad con los problemas que esta crisis origina y que sufre especialmente Canarias”, la realidad es que su sistema “ya enfrenta una sobreocupación que lo colapsa y el nuevo reparto anunciado impediría seguir ofreciendo a los menores los mínimos estándares de calidad que requieren, por no contar ni con los medios ni con la aportación de recursos suficiente por parte del Gobierno de España para afrontarlo”.

Al respecto, desde Servicios Sociales no contestaron a las preguntas planteadas por elDiario.es sobre si la carta se ha enviado a todos los alcaldes y alcaldesas de la Comunitat Valenciana y, en caso contrario, qué criterio se ha seguido para su envío.

Por su parte, la responsable municipal de Altura, Rocío Ibáñez, se ha mostrado sorprendida, y no para bien, ante la recepción de la carta: “Parece un intento de delegar en los ayuntamientos unas competencias que son exclusivamente de las autonomías. Esta situación se sabía hace meses que iba a llegar y es sorprendente que después de todo este tiempo ahora reaccione así, preguntando a los alcaldes si tienen disponibilidad cuando esa disponibilidad es responsabilidad de la Generalitat”.

Ibáñez se ha mostrado indignada al considerar también que “da la sensación de que se utiliza a los ayuntamientos para atacar al Gobierno y esto no es lo que toca” y ha añadido: “Nuestra concejala de Servicios Sociales se echaba las manos a la cabeza cuando ha leído la carta por la deshumanización que supone. Responderemos en los próximos días, después de un análisis serio”.