El Consell lanza enmiendas a la agencia antifraude que promueve Podemos
No es todavía el dictamen del Consell sobre la futura ley, pero sí un documento en el que el gobierno autonómico plantea un buen número de enmiendas a la proposición de ley para la creación de una Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción que ha presentado Podemos en las Corts Valencianes. El informe ha sido enviado a los grupos parlamentarios, como ha anunciado la vicepresidenta Mònica Oltra tras el pleno del Consell de este viernes. “No es vinculante para los grupos pero refleja cómo pensamos que debe ser la agencia”, indicó Oltra, que recordó que la creación de ese organismo forma parte del Pacto del Botánico suscrito por el PSPV-PSOE, Compromís y Podemos.
Elaborado por la Conselleria de Transparencia que dirige Manuel Alcaraz, con cuyas competencias entra en colisión la iniciativa parlamentaria, el documento coincide con la proposición de ley en dotarla de independencia pero delimita las funciones de la agencia antifraude “desde la investigación de casos concretos de presunta corrupción hasta la elaboración de informes y recomendaciones, el impulso de buenas prácticas y la colaboración en la formación en materia de prevención de la corrupción”. La propuesta de Podemos va inicialmente más lejos y establece todo un régimen de posibles sanciones que el organismo podría aplicar.
También apunta el informe del Consell que la agencia antifraude debería establecer “unas bases de colaboración activa” con la Administración de la Generalitat, y muy concretamente con la Intervención General y la Inspección de Servicios, así como con la fiscalía, la policía y otros organismos que luchan contra la corrupción. En relación con la elección de su director o directora, propone “que se apruebe en las Corts con una mayoría cualificada que asegure un amplio consenso entre los grupos políticos”. La redacción de la proposición de ley, -que el portavoz de Podemos, Antonio Montiel, presentó explícitamente como un texto abierto a modificaciones y sugerencias-, prevé una primera votación por tres quintos de los diputados y una segunda por mayoría simple si no hay acuerdo suficiente. Un mecanismo que, en última instancia, no fuerza al consenso.
Además de explicar el informe, Oltra anunció que la Generalitat, a través de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, ha establecido un convenio con la organización Transparencia Internacional España con la intención de ir “más allá del cumplimiento estricto de las obligaciones sobre publicidad establecidas en la Ley de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana”, que el actual Consell ha “heredado” de la legislatura anteriior, en la que fue aprobada por el PP casi en el último minuto.
El convenio busca acoplar a los cánones de Transparencia Internacional el tratamiento de la información sobre las agendas del presidente y los consellers, los gastos de viaje, la política de archivo y eliminación de documentos, los regalos a cargos públicos, el código ético y de buen gobierno, las retribuciones de directivos de empresas y entidades dependientes de la Generalitat, las declaraciones de bienes y actividades o la reutilización de datos, entre otros aspectos. La vicepresidenta destacó que el convenio hará que la valenciana se convierta en la primera comunidad en incluir en su política de transparencia los protocolos de actuación de la Administración ante catástrofes naturales.
