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Las claves informativas de la semana en la Comunitat Valenciana.

Un rentista en Hacienda

José Antonio Rovira.

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La propiedad inmobiliaria define a los cargos del PP

El conseller Rovira y los intereses del rentismo que gobierna la Generalitat Valenciana

Mientras la corrupción sigue pasando facturas al PP valenciano y el expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus enfila el camino de la cárcel, tras la sentencia del Tribunal Supremo que confirma para él cinco años de condena debido al rol institucional que le dio el partido y que propició una “influencia directa” para colar enchufados en la corporación provincial, vamos conociendo más cosas sobre qué tipo de gente nos gobierna.

La misma composición del Consell que preside Juan Francisco Pérez Llorca, con una treintena de altos cargos que poseen entre tres y ocho viviendas en propiedad, hacía que, más que un gobierno autonómico, pareciera el organigramna de una inmobiliaria. La aguda concentración de intereses en el sector inmobiliario y el negocio turístico explica muchas de las decisiones que el PP, con el inestimable apoyo de la ultraderecha de Vox, ha adoptado esta legislatura, en una línea sin solución de continuidad entre la época de Carlos Mazón en la presidencia y la de Pérez Llorca.

Pero si hay una figura en el Consell que representa esa línea es el actual titular de Hacienda, anteriormente de Educación, José Antonio Rovira, tanto por la política como por los intereses privados implicados en ella. Sabíamos que Rovira formaba parte del nutrido pelotón de propietarios de inmuebles que nos gobierna. Pero no sabíamos hasta qué punto. Y resulta que, a través de la empresa que administra su mujer, ingresa 146.000 euros al año alquilando inmuebles.

Rovira declaró en su día una participación de 296.000 euros en Rojo Inver SL, administrada por su esposa, jefa de gabinete del presidente de la Diputación de Alicante y dirigente del PP provincial. En su momento anotó un patrimonio de 2,3 millones de euros. Pero, tal como ha publicado Sergi Pitarch en este diario, aunque declara ante transparencia tres viviendas en propiedad y una al 50%, en realidad posee a través de esa sociedad 21 parkings, 9 viviendas, 5 locales y 4 hectáreas rústicas.

Más allá del asombro que causa el hecho de que la clase dirigente de la derecha valenciana represente tan homogéneamente a ese sector de propietarios y especuladores poco o nada vinculados a la economía productiva, es bien coherente, y no por ello menos llamativo, que sea un rentista como Rovira (que por otra parte lleva toda la vida en política) quien controle las cuentas y la economía de la Generalitat Valenciana. Con el pequeño propietario como escudo político de los grandes tenedores, los intereses del rentismo se centran en los precios altos de los alquileres, la vivienda como inversión rentable, la oposición a cualquier regulación, el mantenimiento de la gobernanza neoliberal en el ámbito de la construcción y, por supuesto, las rebajas de impuestos. La peor pesadilla del capital rentista es la consideración social de la vivienda y la intervención pública en el mercado.

Tan lejos como el pasado mes de julio, el PP y Vox volvieron a bajar impuestos a los ricos valencianos perdonando más de 62 millones tras el regalo fiscal anterior, todavía en época de Mazón, a las grandes fortunas en el impuesto del patrimonio. Ahora mismo, derecha y ultraderecha muestran tener mucha prisa por sacar adelante en las Corts Valencianes una nueva Ley del Suelo. Hasta el extremo de presionar con mensajes y llamadas a una diputada de Compromís embarazada, que es secretaria de la correspondiente comisión parlamentaria, para que firmara el trámite de las enmiendas.

El PP y Vox aprovecharon la huelga general del 11 de noviembre, convocada precisamente por el derecho a la vivienda, para avanzar en la Ley del Suelo en una Cámara autonómica de la que estaba ausente la oposición. Una norma en cuya elaboración han participado activamente los promotores y de la que el PSPV y Compromís sospechan razonablemente que algún interés urbanístico se esconde tras “la urgencia” para aprobarla.

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