El Consell de Pérez Llorca atrapado en su propia burocracia: las desgravaciones 'estrella' llegan tarde a la Renta

Lo que el Consell de la Generalitat Valenciana anunció en febrero como una revolución fiscal a favor de las familias y las rentas medias se ha convertido, en el primer día de la campaña de la Renta, en un caos administrativo. La publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de las desgravaciones por gastos sanitarios, deportivos y fomento de la música el pasado 8 de abril —el mismo día que se abría el plazo para presentar la declaración— ha imposibilitado de facto su aplicación inmediata en el sistema de la Agencia Tributaria (AEAT), dejando a miles de contribuyentes ante un borrador que ignora sus derechos fiscales.

El pasado mes de febrero, el Ejecutivo autonómico desplegó una intensa campaña de comunicación para anunciar la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones hasta el cuarto grado de parentesco en empresas familiares, así como una batería de deducciones sociales vinculadas a la salud y el deporte. Sin embargo, la gestión de los tiempos legales ha terminado por dinamitar el calendario de los valencianos. Aunque los decretos-ley se redactaron en marzo, su formalización oficial definitiva se demoró hasta el 8 de abril, una fecha límite que ha impedido a la Agencia Tributaria volcar los datos en su plataforma informática a tiempo.

Esta falta de previsión ha provocado que, desde el miércoles, muchos ciudadanos se encuentren con la casilla de las deducciones autonómicas inhabilitada o, directamente, con un borrador que no reconoce los gastos en dentistas, ópticas o actividades deportivas realizados durante el ejercicio anterior.

Un Consell que señala a Madrid para eludir su retraso

Ante el aluvión de quejas, el president Pérez Llorca ha optado por una estrategia de confrontación con el Gobierno central, exigiendo a la Agencia Tributaria que solucione “cuanto antes” un problema que nace de la propia tardanza de la administración valenciana en publicar sus normas. A pesar de que el Consell defiende que “ha habido tiempo suficiente” desde la redacción de los decretos en marzo, la realidad administrativa dicta que los sistemas informáticos de Hacienda no pueden integrar normativas que no han sido publicadas oficialmente con el margen necesario para su testeo.

Desde el PPCV se ha intentado minimizar el impacto recordando que estas medidas beneficiarán a cerca de un millón de contribuyentes, instando a los ciudadanos a no presentar la declaración todavía y esperar a que el sistema se actualice. No obstante, este consejo supone un perjuicio para aquellos que contaban con recibir su devolución de forma rápida durante los primeros días de campaña para aliviar su economía doméstica.

La gestión bajo sospecha

La situación ha generado una ola de críticas hacia la gestión del Consell, al que se acusa de haber priorizado el titular propagandístico en febrero sobre la solvencia técnica necesaria para que las medidas fueran efectivas desde el primer minuto. Lo que debería haber sido un ejemplo de alivio fiscal se ha tornado en un mensaje de confusión: las administraciones están obligadas a “no generar dudas”, según palabras del propio president, pero la publicación de una norma el mismo día que entra en vigor su aplicación práctica es, para muchos expertos y contribuyentes, el ejemplo contrario a la seguridad jurídica.

Por el momento, la Generalitat ha instado a la ciudadanía a la paciencia mientras los técnicos intentan solventar una incidencia que, de haberse gestionado con la antelación debida, nunca debería haberse producido.