Dalmau recibe a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en su primer acto como conseller de Vivienda

El vicepresidente segundo del Gobierno valenciano y conseller de Vivivenda, Rubén Martínez Dalmau, se ha reunido este miércoles con los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en su primer acto oficial como responsable de Consell.

Toda una declaración de intenciones del también vicepresidente segundo quien ha recordado que el nuevo acuerdo del Botànic contempla importantes medidas en materia de vivienda como la implementación de políticas “para reducir el precio de los alquileres” o para incrementar “el parque público de vivienda”.

Dalmau ha comentado que ahora tienen que “bajar al detalle” para ver cómo articulan estas medidas “de la mano con los colectivos sociales que están a pie de calle”.

El responsable de Vivienda y Arquitectura Bioclimática ha explicado que en la medida en que las competencias están repartidas entre los gobiernos autonómicos y el ejecutivo estatal, habrá que hacer un esfuerzo “para coordinar las políticas, para ampliar los fondos destinados a vivienda y para garantizar el derecho a la vivienda”.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados por el Hipoteca (PAH), José Luis González, se ha mostrado satisfecho de que el nuevo conseller de Vivienda les haya recibido en su primer acto oficial y ha comentado que exigirán la puesta en marcha de un plan de emergencia habitacional basado en recuperar las viviendas vacías de los bancos para destinarlas a alquiler social.

Gonzàlez ha denunciado que el drama de los deshaucios sigue siendo un problema de emergencia como demuestran los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, según los cuales el pasado año se registraron 59.671 desahucios en todo el Estado y 8.073 en la Comunitat Valenciana.

Por este motivo, ha exigido la creación de un parque de vivienda pública suficiente para asumir la demanda de vivienda social, para lo que han propuesto la cesión de uso o expropiación forzosa de viviendas vacías de la Sareb (el 45% son propiedad del Estado), Bankia y de entidades financieras rescatadas con dinero público.

“Los contratos de alquiler social firmados hace tres años por 9.800 familias en toda España van a vencer y queremos saber también si les van a mantener las condiciones; si muchas de estas viviendas las han vendido a fondos buitres, ¿cómo van a garantizar la vivienda de este grupo de gente?, esta es una cuestión fundamental”, ha asegurado.