Un dirigente del PP de Castellón atribuye a la gerente condenada en Gürtel el pago de 72.000 euros a Carlos Fabra: "No es normal esa dinámica"

El apoderado de la cuenta del PP de Castellón durante su declaración ante el juez Jacobo Pin.

La exgerente del PP valenciano, condenada por la financiación irregular en el 'caso Gürtel', fue la dirigente del partido que ordenó a su homólogo provincial en Castellón que la cuenta de la formación abonara 72.480 euros a la empresa de Carlos Fabra por unos servicios de asesoría en materia de seguridad de los que no se ha sabido nada. El juez instructor del 'caso Fabra II', el magistrado Jacobo Pin, interrogó a Miguel Carot Blasco, gerente provincial y apoderado de la cuenta del PP de Castellón, sobre los abonos a la empresa Asdecas SL, de Carlos Fabra, un año después de que abandonara el cargo de presidente de la Diputación de Castellón. La orden "me vino de Valencia", asegura el apoderado en el video de su declaración al que ha tenido acceso elDiario.es.

El pago fue bastante peculiar, más allá de que no quede rastro de los supuestos trabajos. Carlos Fabra era, junto con Miguel Carot, el otro apoderado de la cuenta del PP de Castellón y al mismo tiempo el dueño de la empresa que cobró los 72.480 euros. Las facturas (por "trabajos y asesoramiento en temas de seguridad del Partido Popular y de sus miembros") nada tenían que ver con el objeto social de la mercantil de Fabra.

La orden, según declaró el gerente provincial, provenía de Valencia y no era algo habitual. "Ellos me proporcionaron los fondos necesarios para poder proceder al pago. Me transfirieron de las cuentas del partido de Valencia las cantidades para proceder yo al pago de Asdecas", explica el hombre, ya jubilado.

"¿Quién dio la orden?", pregunta el juez. "Mi compañera en Valencia, gerente provincial", responde Carot. "¿Cómo se llamaba?", insiste el magistrado. "Cristina Ibáñez", contesta el apoderado de las cuentas del partido en Castellón en referencia a la exgerente condenada a tres años y cuatro meses de prisión por la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el marco de la causa sobre la financiación irregular del PP valenciano de las campañas electorales de 2007 y 2008 que organizaron las empresas de la trama Gürtel (Ibáñez se libró de ingresar en prisión al pagar la multa a la que fue condenada).

"Me llevaron una factura [que] contemplaba una cantidad que se correspondía con lo que me habían transferido desde Valencia. Yo recibí tres transferencias que vienen a ser lo mismo que los tres pagos", relata Miguel Carot. "No lo acabo de entender muy bien", le dice el juez.

—¿Es una dinámica normal, habitual?—insiste el magistrado Jacobo Pin.

—No, no es normal esa dinámica. De Valencia yo recibía poco dinero, era una cosa extraordinaria.

—¿Y no le llamó la atención?

—Bueno, no había ninguna ilegalidad.

—¿Usted recuerda quién era en esa época el apoderado en la cuenta?

—Hombre, Carlos Fabra, presidente provincial.

—Ajá..., y ¿usted sabía que la mercantil Asdecas era de Carlos Fabra?

—En un principio no, pero después vi las firmas y me firmó él el recibí.

—¿Y no le llamó la atención que fuese un pago para él siendo autorizado en la cuenta [del PP]?

El gerente, a pesar de la peculiar orden, no verificó que se hubiese hecho el supuesto encargo en materia de seguridad (ni observó incompatibilidad alguna en que una cuenta bancaria del partido en la que Fabra era apoderado ingresara a su empresa 72.480 euros). "Es que me venía condicionado del que me remite los fondos para proceder a esos pagos", alega ante el magistrado Jacobo Pin.

Al juez no le acaba de convencer la explicación del gerente provincial. "Igual es que no lo acabo de entender, pero noto un poco de contradicción: por un lado usted me está diciendo que son instrucciones que le vienen de Valencia y que se limita a cumplirlas pero, por otro lado, usted me ha dicho que a la persona a la que tenía que hacer esos pagos le pidió que le aportase las facturas acreditativas para hacer esos pagos y poder justificarlos. Vamos, noto yo ahí un poco de contradicción", le espeta el magistrado.

"Yo tengo que justificar unos fondos, yo paso unas auditorías del partido, las cuentas todos los años se revisan por el Tribunal de Cuentas y contablemente las cosas tienen que estar justificadas", abunda Carot. El juez instructor insiste: "Claro y, entonces, usted me está diciendo que la justificación era requerir esas facturas pero no consideraba usted justificado ver si efectivamente se habían cumplido esos trabajos que se iban a pagar por cuenta de otra persona". "Los doy por buenos cuando quien me remite los fondos me lo dice, que esos fondos van en concreto para pagar esos gastos. Unos gastos que supongo yo que él, o ella [presumiblemente se refiere a la entonces gerente Cristina Ibáñez] los había autorizado", argumenta el apoderado de la cuenta del PP de Castellón. "Ya...", responde el juez no demasiado convencido con la respuesta.

—¿Usted le preguntó a Carlos Fabra en relación a estos pagos?

—No

—¿No?

—No lo sé.

El magistrado continúa el interrogatorio y le pregunta a Carot si vio algún rastro documental de la supuesta labor de asesoría en materia de seguridad de la empresa de Carlos Fabra. "Los trabajos igual podían hacerse en Valencia, en Castellón o en cualquier otro sitio", alega Carot, quien acaba reconociendo que no vio documentación alguna.

—¿Alguien de la mercantil o en nombre de la mercantil Asdecas dio charlas, conferencias, dio instrucciones a los miembros del Partido Popular en materia de seguridad, que usted sepa?

—A mí no me consta.

El gerente se salva del banquillo

Las misteriosas labores de seguridad para el partido no quedan del todo claras. A continuación, el representante del Ministerio Fiscal continúa con el interrogatorio. "¿Usted recuerda a quién le pagó, a Asdecas o a Carlos Fabra?", pregunta. "Bueno, yo he mirado los recibos (...) y lo que consta en el recibí creo que viene firmado por Carlos Fabra y uno viene firmado por una tercera persona", explica Carot.

—¿Usted conocía que tenía relación con Asdecas? Era el presidente de su partido...—abunda el representante del Ministerio Público.

—Cuando firma Carlos Fabra yo entiendo que si firma es porque le corresponde firmar a él. No firma Carlos Fabra, no pone "firmado Carlos Fabra" sino "firmado por Asdecas" y la firma de Carlos Fabra. 

El interrogado, en condición de investigado y asistido de su letrado, ha sido uno de los afortunados en el 'caso Fabra II' que se ha librado del banquillo. El juez declaró extinguida la posible responsabilidad penal de Miguel Carot al haber prescrito el supuesto delito que se le imputaba.

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