Se estima que en 2050 la población urbana alcance el 75% del global, un proceso de concentración que resulta útil para la planificación económica, la innovación y la difusión de conocimiento, pero que plantea numerosos retos sociales: cómo afrontar el cambio climático, el acceso a la vivienda, la provisión de servicios básicos, la soberanía alimentaria, la salud, la seguridad, la educación, la desigualdad. Concentrar a la población implica a su vez concentrar los esfuerzos para mitigar los daños que produce la existencia de la propia civilización.
Sobre esta base, el Gobierno valenciano impulsa un modelo para las ciudades de las próximas décadas, un documento estratégico para las políticas públicas. La conselleria de Política Territorial acaba de sacar exposición pública el proyecto de Agenda Urbana Valenciana, un documento que surge de un proceso participativo para sentar las bases de la ordenación territorial con los criterios de la Agenda 2030, enfocada en conseguir una ciudad sostenible, saludable, inclusiva y habitable. El documento, que se puede consultar en la web de la Conselleria de Política Territorial o en el enlace sobre estas líneas, emana de un proceso participativo y aportaciones de la Universitat de València, impulsado por la Conselleria de Política Territorial y coordinado con la vicepresidencia segunda del Consell, responsable de las políticas de vivienda públicas. El plazo de participación pública es de dos meses.
La agenda incorpora diversos análisis sobre el punto de partida y las posibilidades de transformación, una serie de objetivos e indicadores asociados y todos los instrumentos legislativos aprobados en relación con los objetivos, para ser una suerte de guía práctica. Será la hoja de ruta del Ejecutivo autonómico y los gobiernos locales para la próxima década, si estos deciden alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible.
El documento se estructura en diversos ejes, arrancando con la meta económica, en la que sitúa el objetivo de adaptar la actividad productiva al territorio valenciano “como un espacio vertebrador de una economía dinámica y sostenible capaz de generar empleo y bienestar para la ciudadanía”. Enmarca en este eje las políticas de empleo, desarrolo local ético, colaboración entre agentes sociales, fomento de la economía circular y la gestión de residuos.
En el marco territorial, subraya la necesidad de hacer frente a los efectos del cambio climático, fortaleciendo un sistema territorial equilibrado que preserve el patrimonio natural y paisajístico, y transite hacia un escenario de mayor sostenibilidad en materias como la energía, el agua, los residuos o la reducción de la contaminación. Incorpora también la transición energética, la cohesión de los servicios públicos y las formas innovadoras de gobernar para afrontar los retos de los espacios urbanos locales en el marco de la globalización y de la Unión Europea. Como herramientas, propone, entre otras, diseñar un plan de anticipación frente a riesgos extremos (inundaciones, sequías, temporales marítimos, incendios, olas de calor) y un plan para la gestión eficiente de los recursos hídricos, considerando el agua como un factor limitante de futuro.
En el marco de la gobernanza, el texto aboga por el impulso de los procesos participativos: desarrollar fórmulas para la gestión compartida de los fondos económicos, garantizar los recursos y medios necesarios para una participación efectiva, fvorecer el desarrollo de un enfoque comunitario con una mirada territorial y promover una interpretación transversal e integrada, realizando estos procesos con una perspectiva inclusiva. Incluye como acciones las de desarrollar una participación horizontal y cambios en la administración pública, así como mejorar la gobernanza en las áreas metropolitanas y fomentar los niveles subregionales para las iniciativas territoriales, además de fomentar el asociacionismo y mejorar la rendición de cuentas públicas.
En el marco de la ciudad saludable se establece el modelo de 'ciudad de los 15 minutos', adaptar los ámbitos urbanos a las distintas etapas del ciclo vital. Traducido en políticas públicas, implica tener una red de servicios -escuelas, centros de salud y centros sociales- a un cuarto de hora andando desde casa. El documento incide en la importancia de la planificación urbana con los criterios de salud y adaptación al cambio climático (por ejemplo, aumento de las temperaturas y la contaminación) y aboga por realizar políticas de salud basadas en la prevención y en el fomento de hábitos de vida saludable de carácter comunitario. El modelo, defiende la estrategia, “contribuye a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, ya que le posibilita tener más tiempo libre al disminuir el tiempo invertido en desplazamientos, contribuyendo a su vez a reducir el uso del vehículo privada, generar más espacios de uso para los ciudadanos, y le otorga más importancia a las actividades económicas de proximidad”.
Respecto al derecho al hábitat, aboga por el aumento del parque de vivienda pública, ya sea mediante la compra de activos ya construidos o la ejecución de nuevas promociones de vivienda, con especial atención en la integración de ese tejido residencial en los barrios; la regeneración y rehabilitación urbana; el fomento del alquiler social para evitar la exclusión de grupos vulnerables -entre ellos, los jóvenes, y la planificación de la nueva vivienda social evitando los procesos de segregación y estigmatización asociados.
En el marco de la ciudad conectada, la estrategia plantea reestructurar el sistema de transporte público para la optimitzación de su funcionamiento y su equidad territorial, promover el despliegue de las infraestructuras en todo el territorio y reducir la brecha digital. Es decir: más líneas de transporte público, más frecuencias, más conexiones entre municipios, desarrollar redes peatonales y ciclistas y la red de cobertura de teléfono e internet, con procesos de formaicón para colectivos con mayor dificultad de acceso.
El proceso, según la resolución publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, destaca la necesidad de “generar auténticas infraestructuras de confianza entre todos los actores económicos y sociales de la Comunitat Valenciana para que la Agenda sea un proceso cooperativo y codiseñado desde la base”. Con todo, para el Consell sigue pendiente la aprobación de la ley de áreas metropolitanas, anunciada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en 2020.
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