Una empresa valenciana de ITV obtuvo 10,7 millones de euros en beneficios no previstos en la licitación del contrato

La empresa ITV de Levante SA, adjudicataria de tres estaciones de inspección técnica de vehículos en la provincia de València, ingresó unos “beneficios muy superiores a los inicialmente previstos”, por un importe de 10,7 millones de euros, en la licitación del contrato. La cifra se incluye en un informe de la Generalitat Valenciana y alude a la prueba de la sonometría, que no se realizaba en ninguna otra comunidad autónoma.

La prueba de ruido, que si siquiera estaba prevista en los pliegos del contrato inicial, estuvo vigente entre el 14 de febrero de 2004 y el 31 de diciembre de 2022, fecha en que fue definitivamente eliminada. Durante ese periodo, las concesionarias obtuvieron entre ocho y 9,29 euros por vehículo, lo que disparó las tarifas de la ITV hasta convertirse en “las más altas de toda España”, según el informe del Servicio de Calidad y Control Industrial, Vehículos y Metrología de la dirección general de Industria. Además, ITV de Levante SA también se embolsó un beneficio de 21,6 millones de euros por la “prueba adicional” de contaminantes.

Las cifras vienen reseñadas en una sentencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) que ha denegado la compensación de daños solicitada por la empresa en relación con la suspensión de la apertura al público de las estaciones de ITV entre el 17 de marzo y el 18 de mayo de 2020, a consecuencia del decreto de estado de alarma por la crisis sanitaria de la pandemia de la Covid-19. No se consideró un servicio esencial.

La firma, adjudicataria de las estaciones de Campanar (València), Massalfassar y San Antonio de Benagéber, solicitaba una indemnización por daños y perjuicios de 8,6 millones de euros, incluyendo en su cálculo tanto el cierre durante los primeros meses de la pandemia como la eliminación de la prueba de ruido, según señala un informe jurídico y económico de la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la ITV, la patronal del ramo.

El servicio de ITV fue recuperado por el Ejecutivo anterior del Pacte del Botànic tras un cuarto de siglo en manos privadas. La privatización de las ITV, acaecida durante el primer Gobierno de Eduardo Zaplana, propició el presunto pago de suculentas comisiones en paraísos fiscales a una trama supuestamente lideraba por el expresidente de la Generalitat Valenciana, cuyo juicio se reinicia el próximo 21 de marzo.

ITV de Levante SA consideraba que la eliminación de la prueba de sonometría supuso un desequilibrio económico adicional. Sobre el cierre durante el estado de alarma, la Generalitat Valenciana alegaba que se amplió el plazo de la concesionaria en 62 días. La empresa, por su parte, pedía una ampliación del plazo contractual de 15,9 meses, lo que equivaldría a un perjuicio económico de 1,3 millones de euros.

La Administración no es un “seguro gratuito”

El TSJ-CV, en una sentencia que no es firme, concluye que la normativa no endosa a la Administración la condición de “garante de cualquier beneficio esperado con el contrato que se haya visto afectado por la situación de Covid-19”. “No busca compensar al concesionario de todos los riesgos posibles como si se tratase de un seguro gratuito que cubre todos los riesgos de la empresa”, recuerda el fallo.

La pretensión de la empresa “excede” la interpretación “prudente” de la norma, indica el alto tribunal autonómico. “No puede desplazarse la totalidad de las consecuencias económicas a la administración pretendiendo un resarcimiento que implique una totalidad de ingresos como si la crisis no hubiere tenido lugar, no siendo esta la finalidad pretendida por la norma”, concluye la sentencia.