La Generalitat Valenciana elimina las pruebas de ruido en la ITV a partir del 1 de enero

La Generalitat elimina a partir del 1 de enero de 2023 las pruebas de sonometría a los coches que se realizaban en las inspecciones técnicas de vehículos (ITV) de la Comunitat Valenciana, según se recoge en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos que publica este viernes el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunitat Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV), que tienen la explotación del servicio prorrogada hasta el 22 de febrero antes de que pase a manos de una empresa pública, han indicado que esta medida obligará a llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que, según sus primeras previsiones, podría afectar a 300 trabajadores.

La supresión de la prueba de sonido es una de las enmiendas conjuntas que presentó el Botànic a la Ley de medidas fiscales de 2023, la conocida como Ley de Acompañamiento. El objetivo, tal y como destacó la síndica de Compromís, Papi Robles, al explicar las enmiendas, es reducir el precio de las inspecciones, ya que esta prueba solo se realiza en la Comunitat -a raíz de un decreto aprobado en 2004 por el Consell, entonces en manos del PP- y convertía a las ITV valencianas en “una de las más caras del país”.

En concreto, la Ley de Acompañamiento publicada este viernes, y que entra en vigor el 1 de enero de 2023, incluye varias modificaciones al decreto 19/2004, entre ellas un cambio en el apartado 3 del artículo 2 del Decreto 19/2004, que queda redactado así: “La comprobación de la emisión sonora en las estaciones de inspección técnica de vehículos de la Comunitat Valenciana será obligatoria para aquellos vehículos que determine la normativa básica estatal”. Además, cambia el apartado 1 del artículo 4, el 1 y 2 del artículo 8 y suprime los artículos 5 y 6, entre otros.

Tras la publicación de la Ley de Acompañamiento, AECOVA-ITV ha tachado la eliminación de la prueba de ruido de “unilateral y a escondidas” y ha aseverado en un comunicado que la medida “obliga” a las concesionarias a iniciar un “ERE que afectará a 300 personas” y poner en marcha, desde el lunes 2 de enero, “las conversaciones con los sindicatos y los delegados de personal para la extinción de los contratos afectados por la decisión del conseller” de Economía, Rafa Climent.

“Salvo que haya sido un error de previsión, entendemos que la decisión puede significar el colapso y un caos en el servicio público”, ha señalado la asociación, que ha reprochado “la improvisación y mala fe del conseller Climent al modificar una ley sin avisar, sin tener la decencia política de comunicárselo a las todavía empresas concesionarias”.

Las empresas concesionarias consideran que “esta falta de seriedad y de planificación modifica, en el último momento y sin previo aviso, las premisas sobre las que la Conselleria de Economía concedió a las empresas la prórroga”.

Asimismo, la asociación ha denunciado “la incongruencia que significa respecto a lo manifestado por el conseller a las empresas, desdiciéndose de la palabra dada y de las últimas noticias publicadas por los medios de comunicación”. Algo que “parece tratarse de una acción premeditada con la que se desafía a la eficiencia de gestión y al principio de proporcionalidad”, ha afirmado.

Aecova calcula que, según una “primera valoración del impacto” que tendrá la medida, “un 20% de la plantilla actual de las ITV en la Comunitat Valenciana se verá afectada (unos 300 trabajadores) y un 90% de las inspecciones técnicas de vehículos”.

Por otro lado, ha asegurado que “la eliminación de esta prueba, significa también un nuevo desequilibrio económico y una reducción de ingresos no contemplada en las premisas por las que se les concedía la prórroga a las concesionarias”. Además, ha añadido que “los propios presupuestos de la empresa pública quedan desfasados y superados”.