Europa tendrá el debate que no se ha dado en València: Mireia Mollà y Aurelio Martínez cara a cara por la ampliación del Puerto

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acogerá un debate sobre la ampliación del Puerto de València que después de más de tres años de polémica en torno a la infraestructura no se ha suscitado en la capital valenciana.

Tal y como avanzó este diario, el organismo europeo acordó el pasado 17 de junio convocar una sesión para debatir sobre el asunto y su posible vulneración de la normativa comunitaria en materia ambiental. La jornada tendrá lugar el 1 de sepiembre y a la misma asistirá, como ya se anunció en su día, el presidente de la Autoridad Portuaria de València (APV), Aurelio Martínez, quien defenderá la conveniencia y la legalidad del proyecto.

Sin embargo, según ha averiguado elDiario.es, a esta comparecencia se ha sumado también por petición propia la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática i Transición Ecológica, Mireia Mollà (Compromís), quien se ha opuesto frontalmente a la ampliación, entre otras cosas, por su más que posible afección a las playas del Parque Natural de la Albufera, así como al propio lago.

La participación de Mollà, aceptada por la Comisión de Peticiones, servirá para equilibrar el debate y de contrapeso a los argumentos de Martinez, quien no contaba con la presencia de la consellera de Compromís, formación que ha amenazado con ir a los tribunales si la ampliación sale adelante sin una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), puesto que la actual es del año 2007 y ampara un proyecto diferente al que ahora promueve la APV.

Este debate viene como consecuencia de la admisión a trámite el pasado mes de enero de la petición 0955/2020 sobre posible incumplimiento del derecho medioambiental europeo en el polémico proyecto de ampliación del Puerto de Valencia.

La petición planteaba una serie de infracciones de la legislación medioambiental de la UE en relación con la construcción de la nueva terminal de contenedores, y plantea al Parlamento Europeo que contribuya para evitar los efectos medioambientales potencialmente nocivos del proyecto, en su forma actual, cuatro veces superior a la evaluación proyectada en 2007, y sobre la base de una declaración de impacto ambiental desfasada, al estar basada en una ley del año 1986 que ya no está vigente.

El pasado mes de mayo la comisión europea de peticiones emitió una primera resolución en la que concluyó no poder manifestarse sobre la legalidad de la polémica ampliación hasta que el proyecto estuviera definido y adjudicado.

“Es demasiado pronto en el procedimiento para que la Comisión se pronuncie sobre el cumplimiento por parte de las autoridades españolas de las obligaciones derivadas de la evaluación de impacto ambiental (EIA) y Directivas de hábitat”, reza textualmente la resolución.

El pasado mes de mayo, la consellera Mollà, remitió un escrito al presidente de la APV, Aurelio Martínez, y al resto de consejeros en el que advertía de que las medidas cautelares aprobadas con motivo de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de l’Albufera impiden las obras de ampliación del Puerto de València mientras dure la citada actualización y de que “cualquier actuación que contravenga esta norma -en referencia a las medidas cautelares recogidas en el acuerdo del Consell de 18 de diciembre de 2020- se hace a sabiendas de su injusticia haciendo personal y directamente responsable de ella”.