El juez procesa al expresidente de la Diputación de Alicante del PP por prevaricación
El proceso judicial que sacudió los cimientos del PP de Alicante va llegando a su fin. El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Orihuela (Alicante), que instruye la pieza separada número 10 del 'Caso Brugal' - conocido por la implicación de la exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo-, ha procesado a 14 personas por el amaño de contratos para la concesión y explotación del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Entre los catorce procesados se encuentra el expresidente de la Diputación Alicante, José Joaquín Ripoll, y la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, ambos del PP. La instructora procesa también al exportavoz del Partido Socialista en la Diputación alicantina, Antonio Amorós, y a varios técnicos y empresarios, como el empresario dedicado al suculento negocio de la basura, Ángel Fenoll.El auto de procedimiento abreviado notificado este miércoles a las partes pone fin a una instrucción de más de 8 años y deja el caso preparado para el juicio. La juez concluye que existen indicios de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, tráfico de influencias ,revelación de secretos y negociación prohibida.
Según reza el escrito texto, “ha quedado indiciariamente acreditada la existencia de una trama organizada” en torno a cinco empresarios que contaron con “la ayuda y la colaboración directa e información de investigados con diversos cargos políticos y técnicos vinculados al Consorcio de la Diputación Provincial de Alicante”, para “obtener favores” de la Diputación Provincial de Alicante y de los Ayuntamientos de Orihuela y de Pilar de la Horadada. Todo, “mediante la entrega de dádivas a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en contrataciones, y en concreto en el Plan Zonal XVII de Residuos de la Zona XVII, aprobado mediante Orden de 15 de abril de 2005 de la Consejería de Territorio y Vivienda de la Comunidad Autónoma Valenciana”.
La jugada, según la investigación policial, se hizo a tres bandas. Ripoll adjudicó a principios de 2008 la contrata de recogida de basuras del Plan Zonal de la Vega Baja a la UTE Cespa-Ortiz, concesión pactada entre los empresarios Ortiz y Fenoll y el presidente de la Diputación. Ripoll presuntamente adjudicaba el vertedero a una empresa de Ortiz a cambio de que este comprara unos terrenos de Fenoll valorados en cuatro millones y comprados por el 'capo de las basuras' por 800.000 euros. Un acuerdo, que también según la investigación, contemplaba la entrada de Fenoll en el capital de Tabarka Media. Las dádivas para lograr el contrato millonario del basurero consistieron en dos viajes organizados por Ortiz y por el empresario Rafael Gregory -también imputado- a bordo de dos yates propiedad del empresario a las islas Baleares.
La juez, por su parte, archiva la causa respecto de otras seis personas al no apreciar indicios de su participación en los delitos investigados. Con este auto la magistrada instructora da traslado al fiscal y a las acusaciones para que en 20 días soliciten la apertura de juicio oral y presenten los correspondientes escritos de acusación en los que han de concretar el delito que imputan a cada uno de los procesados y las penas que solicitan para ellos. En este trámite, las acusaciones también pueden solicitar el sobreseimiento de la causa si entienden que no hay pruebas para llevar a juicio a los procesados; de manera excepcional pueden solicitar la práctica de nuevas diligencias.
