Las feministas de València afrontan el tercero de los juicios por las multas del 8M

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 del Palacio de la Justicia de València ha acogido este lunes 2 de noviembre el tercero de los juicios por las multas del 8 de marzo. Se trata del último de los juicios en agenda por la veintena de multas recibidas a raíz de la participación en piquetes informativos durante las huelgas feministas del 8 de marzo de 2018 y 2019. Sanciones que, desde el momento de su notificación, está gestionando la Assemblea Feminista de València como “muestra de apoyo y colectividad” hacia las multadas.

En esta ocasión, la acusada se enfrenta a una infracción leve con una sanción económica de 100 euros. Según la abogada del Estado, la participante de la manifestación “faltó al respeto” a los agentes de autoridad denunciantes al proferir “insultos” y, por tanto, habría vulnerado el artículo 37.4 de la conocida como Ley Mordaza.

La defensa de las feministas y miembro de Alerta Solidaria, M. Josep Martínez, ha cuestionado la objetividad de los agentes de policía y considera que no hay prueba de cargo suficiente para tal sanción. Según la abogada, la denunciada se limitó a preguntar el motivo de su identificación momentos después de ser apartada mientras participaba en una concentración legalmente convocada por la Universidad de València en las puertas del rectorado.

El pasado 28 de septiembre, ya tuvo lugar el primer juicio por las multas del 8 de marzo cuya sentencia dio la razón a las feministas al considerar nula la multa por “falta de objetividad” en el informe policial, ya que incluía “valoraciones” de los agentes que, según la jueza, eran “totalmente superfluas en cuanto a la infracción” y dejando “entrever cierta acritud” que demostraba la falta de imparcialidad de la policía. En este caso, la abogada de las feministas ha hecho referencia a que se trata “de la misma unidad de intervención” que, durante toda la jornada, identificó de “forma aleatoria y reiterada” a las manifestantes.

“La falta de objetividad y la animadversión, en este caso, también se desprende del expediente policial y el informe de ratificación en el que [los agentes] hacen referencia a otros hechos que se atribuyen a mi acusada sin que se le abriera otro expediente sancionador o identificación anteriormente”, señala la abogada. Y añade que “no tiene ninguna lógica” que en una concentración legal “el papel de los agentes” sea “impedir” la participación.

“Empujones” en las escaleras del rectorado

Ese día, el 8 de marzo de 2018, alrededor de un centenar de feministas acudieron al rectorado de la Universidad de València para, “de forma simbólica”, reivindicar la presencia de las mujeres en las aulas. La policía nacional, tal como publicaron diferentes medios de comunicación, desalojó “a la fuerza” a las asistentes provocando momentos de mucha violencia y de inseguridad, ya que decenas de ellas se encontraban en las escaleras del rectorado.

Los agentes de la policía nacional, tal como relatan las múltiples testigos, “empujaron” a varias de las asistentes que se encontraban en la escalera del rectorado para montar un cordón policial en la puerta, provocando un “gran riesgo” ya que las manifestantes no podían “ni avanzar ni retroceder” debido al alto número de personas que se encontraban tanto en las escaleras como en la acera. Momentos después, la rectora de la Universidad de València, Mavi Mestre, participaba en la concentración con una pancarta “por la igualdad”.

Según la defensa de las feministas, los policías actuaron de forma “desproporcionada y violenta” con “animadversión” hacia las participantes, a las cuales previamente se les había seguido con furgones policiales “durante toda la mañana” mientras éstas repartían información sobre la huelga general por las calles de València, “en un ambiente de celebración por el Día de la Mujer, con música y de forma pacífica”.

“Pensamos que ante de una actuación seguramente errónea y desproporcionada, la manera de justificarlo es levantar un acta de infracción contra las manifestantes”, indica la abogada.

Un juicio sin testigos

Durante la vista oral del juicio de este lunes estaba pendiente una prueba testimonial por parte de la defensa. No obstante, la jueza no ha llamado a declarar a la testigo que previamente había dado su testimonio por escrito en el expediente administrativo. La abogada de las feministas ha calificado este hecho como “sorprendente” y asegura que “no es una práctica habitual”, ya que normalmente se requiere al testigo “para tener un conocimiento directo de los hechos”.

Pese a que los hechos que este lunes se juzgan fueron presenciados por decenas de manifestantes, la jueza ha decidido prescindir de cualquier tipo de testimonio. No obstante, a la salida de los juzgados, la testigo, allí presente, ha relatado los hechos a la prensa asegurando que ese día la policía “cargó” de forma “sobrepasada” en las escaleras del rectorado. “Algunas de las compañeras pidieron explicaciones sobre lo que estaba pasando porque era desmesurado y confuso. Directamente la apartaron del grupo y le pidieron la identificación sin decirle el motivo”, ha asegurado la testigo. Durante la vista oral, la jueza ha reiterado que “el objeto” del juicio es “la conducta de la demandada y no la de la policía” y queda visto para sentencia.