La Fiscalía pide tres años y siete meses de cárcel para cada uno de los ocho directivos acusados por el accidente del metro de Valencia
La Fiscalía pide tres años y siete meses de cárcel para cada uno de los ocho directivos de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) procesados por el accidente del metro de Valencia el 3 de julio de 2006 que costó la vida a 43 personas y causó heridas a otras 47. El Ministerio Público considera que habrían cometido 43 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 37 de lesiones y un delito contra los derechos de los trabajadores.
La fiscal los considera autores materiales por omisión o por cooperación necesaria de los delitos imputados y pide la misma pena para la exgerente de FGV Marisa Gracia y para los exdirectivos de la empresa pública FGV Juan José Gimeno Barberá, Vicente Antonio Contreras Bornez, Manuel Sansano Muñoz, Francisco García Sigüenza, Sebastián Argente Cuesta, Luis Miguel Domingo Alepuz y Salvador Orts Pardo, según el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso eldiario.es.
Gracia se enfrenta además a una inhabilitación especial de cinco años y medio para trabajar en una empresa pública y el resto de acusados a una inhabilitación de cinco años y medio al ejercicio de una profesión relacionada con el ramo del transporte de viajeros.
La fiscal da por bueno el exceso de velocidad como causa del descarrilamiento que provocó el vuelco de la unidad, aunque pone en entredicho la seguridad de la línea 1 del metro de Valencia y que no hubiera ningún dispositivo que impidiera al tren alcanzar los 80 kilómetros por hora cuando la velocidad en el túnel no podía ser superior a 60.
También asume que la caída de las ventanas de su lado izquierdo en su rozadura y arrastramiento por la pared antes de volcar “debido a graves defectos de sellamiento” provocó que las víctimas fueran succionadas y arrojadas a las vías del tren. Fue lo que causó el gran elevado número de muertes y las grandes heridas en todas las víctimas.
Según el escrito de conclusiones provisionales de la fiscal Adoración Cano, los acusados eran miembros del Comité de Seguridad en la Circulación de FGV y tenían que haber implementado medidas de seguridad que “omitieron directamente” en el recorrido de la línea 1. “Conocían o debían conocer deficiencias que ponían de manifiesto unos defectos muy graves de seguridad en la línea 1, deficiencias que, no consistieron solo en la falta de implementación de medidas tecnológicas de control de la velocidad en la línea, sino también deficiencias del material móvil rodante o deficiencias en la formación y en la selección de personal para la tarea de maquinista”, señala la fiscal.
El Ministerio Público también apunta que existían deficiencias “en prevención de riesgos laborales”. “Todos ellos eran conscientes de que tales deficiencias conllevaban un riesgo muy importante para la seguridad de los trabajadores y de los viajeros”, acusa la fiscal.
La fiscal se centra en las ventanas del metro siniestrado, cuya caída provocó que la tragedia fuera mucho mayor. Las ventanas no reunían “los requisitos de resistencia, estanqueidad, visibilidad y adecuado montaje”, lo que impidió que actuaran “como medida de protección y provocaron un resultado mucho más grave del que corresponderían a un descarrilamiento de este tipo”.
En su escrito, el Ministerio Público asegura los acusados miembros del Comité de Seguridad de Circulación “no previeron la limitación de velocidad de forma mecánica en la curva de autos”. “Tampoco a lo largo del túnel se instaló ni reprogramó baliza alguna que garantizara la velocidad de 60 kilómetros hora, lo cual debe ser considerado una infracción muy grave, pues, si esa velocidad hubiese quedado garantizada, las posibilidades de descarrilamiento, según los expertos, son mínimas”.
