El Gobierno valenciano considera que la armonización fiscal es una “venganza” contra las comunidades que bajan impuestos

El PP despliega su argumentario contra la armonización fiscal. Los barones populares responden casi al unísono a la idea de los partidos que componen el Gobierno central y que trabajan en un nuevo equipo de gobierno (PSOE y Sumar) de homologar varios tributos en las comunidades autónomas para evitar la competencia desleal.

Los dirigentes del PP consideran la medida un ataque a la autonomía de los territorios, que se vincula con la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace una década y que pone en aprietos a comunidades como la valenciana. Algunos territorios han ido más allá y amenazan con recurrir a la vía judicial si entienden que la llamada armonización vulnera esta autonomía. Es el caso de la Comunitat Valenciana, donde la consellera de Hacienda y portavoz, Ruth Merino, ha advertido en una entrevista en El Español que el Consell calibra esta opción, que califican de “chantaje”.

En la rueda de prensa posterior al pleno del martes, la dirigente popular, elegida por Carlos Mazón como portavoz del Ejecutivo autonómico, consideró la posibilidad como “una venganza” del Gobierno a las comunidades del PP. “Estamos convencidos de que la autonomía fiscal hay que mantenerla y lo contrario es atentar contra el estado autonómico. Parece que es una venganza a todas las comunidades autónomas del PP que están bajando impuestos. Creemos en esa competencia fiscal entre comunidades autónomas, es sano”, afirmó la representante valenciana.

El Ejecutivo valenciano de PP y Vox ya ha presentado el proyecto legislativo para bonificar al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones y ha introducido en la ley de medidas fiscales una rebaja del impuesto de transmisiones patrimoniales. Además, el PP afirmó en campaña que rebajaría el impuesto de patrimonio, una cuestión que no se abordará en este ejercicio. La medida ha suscitado el reproche de la oposición, que critica la pérdida de ingresos millonaria en la comunidad peor financiada del país y advierte de los recortes que implica.

El Consell aún no ha presentado su proyecto de presupuestos para el próximo año, trámite que suele abordarse a finales de octubre para pasar al debate parlamentario. En otras comunidades como Baleares, la pugna entre la coalición de PP y Vox pone en riesgo la aprobación de las cuentas por los rifirrafes entre ambas formaciones.

El Ejecutivo de Carlos Mazón desconoce algunos datos básicos que tiene que proporcionar el Gobierno central, como las liquidaciones del año anterior o las entregas a cuenta del sistema de financiación, pero ya sabe que el déficit autorizado será del 0,1%. Las cuentas públicas se está realizando “a tientas”, según ha lamentado Merino en varias ocasiones, y abordarán un recorte del gasto público. La consellera de Hacienda ha subrayado que no habrá recorte en “servicios fundamentales”, pero deja la puerta abierta a lo que consideran “gasto superfluo”. Preguntada por los recortes y la cifra global presupuestada, Merino ha insistido en que lo importante no son los números sino su ejecución.