Los primeros presupuestos de PP y Vox en la Generalitat Valenciana anticipan recortes

Corregir desequilibrios, estabilidad, racionalización del gasto público... La retórica de la austeridad se impone en los primeros presupuestos del gobierno de PP y Vox en la Comunitat Valenciana. La Conselleria de Hacienda publicó el viernes la orden por la que se dictan las normas de redacción de los presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2024, un documento que remite a la terminología de la etapa de los recortes.

La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, técnico de la Agencia Tributaria y autodefinida como liberal, fue elegida por su ortodoxia financiera. La orden interpela a todas las consellerias a “revisar y ajustar” los objetivos a alcanzar de acuerdo con el marco presupuestario, que redefinirá sus prioridades. Ya en la oposición, la exdirigente de Ciudadanos cargó sistemáticamente contra los presupuestos del Gobierno del Pacto del Botánico y contra la partida “ficticia”, que el Ejecutivo de izquierdas denominaba “reivindicativa” y recogía los fondos que el Estado debía aportar para corregir la infrafinanciación valenciana. Si el Consell de Carlos Mazón renuncia a incorporar esos 1.300 millones que tanto ha criticado a la previsión de ingresos, será difícil cuadrar las partidas de gasto sin dar algún tijeretazo.

El texto, que da dos semanas a los diez departamentos para registrar sus cuentas en el programa informático, apunta que para 2024 está previsto el regreso a las reglas de estabilidad presupuestaria interrumpidas durante la pandemia, que permitieron a las administraciones autonómicas aumentar el gasto a costa del déficit, aunque está pendiente la reforma del marco fiscal europeo. Sin entrar en detalle, el preámbulo de la norma (su declaración de intenciones), recalca que “el gasto deberá priorizarse de acuerdo con los objetivos perseguidos, siendo necesaria una revisión de todas las partidas, evitando crecimientos inerciales no justificados, al objeto de orientar los recursos disponibles de acuerdo con las prioridades sectoriales y los objetivos de gobierno para esta legislatura”. Los objetivos de gobierno, tal como figuran en el pacto entre PP y Vox, implican, por ejemplo, derogar la ley de memoria histórica, “un modelo de radio y televisión pública que sea racional con la coyuntura económica” o la revisión del sistema de ayudas públicas para que lleguen “a quienes más lo necesitan”. No es un objetivo, aunque sí una declaración de parte del gobierno, la revisión de las oficinas de atención a las víctimas de violencia machista.

El departamento que dirige Merino considera que cuadrar las cuentas de la Generalitat Valenciana se presenta como “un desafío” en un escenario de especial incertidumbre, al que se suman el contexto inflacionista y las subidas de los tipos de interés. Por un lado, indica, es prioritario “abordar y corregir los desequilibrios presupuestarios que han prevalecido durante los últimos años y han situado a la autonomía a la cabeza de España en términos de déficit, con un nivel de gasto muy superior al de ingresos”. Por otro, reconoce que el sistema de financiación autonómica no cubre las necesidades de servicios públicos, pese a haber renunciado a 350 millones de euros de recaudación con la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones; un tributo que, siguiendo la retórica populista-trumpista, tildan de impuesto a la muerte.

En la orden, la conselleria apunta que realizará el presupuesto a ciegas porque el Gobierno no ha facilitado las entregas a cuenta del sistema de financiación para el próximo año y se excusa en el periodo electoral. En concreto, asegura que no dispone de “información sobre las entregas a cuenta de los recursos del sistema de financiación autonómica para las comunidades autónomas ni los objetivos de estabilidad presupuestaria, dada la interinidad del Gobierno español tras las elecciones del pasado 23 de julio”. También indica que “el retraso en la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como consecuencia de la situación política, supone un alto nivel de incertidumbre en la elaboración de las cuentas públicas”. Cierto es que la incertidumbre ha sido una de las constantes en el último lustro. El Consell del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem), realizó sus cuentas con el Gobierno central en funciones, presupuestos prorrogados y la incertidumbre de la crisis derivada del Covid.