Imputado un expresidente de la Generalitat por sus negocios con la familia de Juan Cotino
José Luis Olivas, hombre fuerte del PP valenciano desde los 90 y expresidente de la Generalitat, ha declarado como imputado en un juzgado de Valencia por un supuesto delito fiscal.
El también expresidente de Bancaja, caja de ahorros integrada en Bankia y rescatada por el estado cuando rozaba la quiebra, responderá a la justicia tras embolsarse medio millón de euros al intermediar en la venta de unas acciones de Sedesa, la empresa de la familia Cotino, a Endesa.
Olivas, aupado a la presidencia de Bancaja por el PP, era miembro del consejo de administración de la eléctrica en representación de la caja de ahorros, parte del ya extinto sistema financiero valenciano. Según adelanta Las Provincias, la Fiscalía le señala como presunto autor de un fraude contra Hacienda de 170.000 euros.
Los negocios de Bancaja con los Cotino
Olivas, rico gracias a su paso por la banca pública –en Bankia se repartía más de 10 millones de euros al año con su superior, Rodrigo Rato, y el exconsejero delegado de la entidad - también está salpicado por otros tratos supuestamente irregulares con Sedesa, la empresa presidida por Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Corts Valencianes.
De hecho, el Banco de España cuestionó hasta 15 operaciones entre Bancaja y la familia Cotino. La Fiscalía Anticorrupción las investiga tras la denuncia de Bankia. Se trata de compras, cancelaciones de deudas o pagos a Sedesa que podrían haber sido ilegales.
Por ejemplo, Cisa, una empresa de Bancaja, compró fincas a Sedesa en terreno no urbanizable y por cinco millones de euros sin tasaciones que lo justificaron debidamente. También compró un residencial tasado en 37 millones con la esperanza de que se desarrollara un campo de golf acompañado de viviendas que, obstaculizado por la justicia, nunca se hizo.
En éstas y otras operaciones, Bancaja pudo perder mucho dinero. Según un informe del Banco de España de 2010, la caja valenciana realizó operaciones con Sedesa por valor de unos 200 millones de euros. La justicia, en su caso, dictaminará cuantas de ellas fueron ilegales.
