Insumisión ante el pasaporte COVID: el bar de un camping público de Castellón se niega a exigir el certificado obligatorio

La Generalitat Valenciana publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado jueves, 23 de diciembre -una vez que el Gobierno valenciano consiguió el aval del Tribunal Superior de Justicia-, la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública por la que ampliaba la exigencia del pasaporte COVID a toda la hostelería (en interiores), así como a otro tipo de establecimientos como cines o gimnasios. Sin embargo, hay algunos lugares que han decidido declararse 'insumisos'.

Uno de estos casos es el bar del camping municipal El Llosar de la localidad castellonense de Vilafranca, cuyos responsables comunicaron hace unos días a través de sus redes sociales su renuncia expresa a solicitar el pasaporte COVID a sus clientes: “Nosotros no discriminamos a ningún cliente según sexo, género, raza, religión, edad, origen o estado de vacunación”.

Tal y como se podía leer en el cartel que publicaron, “todo aquel que respete la Constitución nacional y los derechos humanos es bienvenido”, y denunciaban que la exigencia del certificado COVID “viola: los artículos 14 (actos discriminatorios) y 18.1 (derecho a la intimidad) de la Constitución Nacional Española; la ley 41/2002 del consentimiento informado; la ley orgánica de tratamiento de datos de carácter personal (art. 4.2 RGPD y art. 5.1t); constituye un crimen de incitación al odio del art. 510.1 del Código Penal Español; y acuerdos y tratados sobre derechos humanos internacionales”.

Ante esta decisión, desde el Ayuntamiento de Vilafranca, ante el anuncio del restaurante Caburei-Camping, han emitido un comunicado en que aclaran que esta instalación está alquilada en régimen de concesión a los actuales inquilinos, “que son los responsables de la normativa vigente”.

Así, explican que el mismo jueves 23, cuando publicaron su anuncio, el Consistorio se puso en contacto con los concesionarios para comunicarles la obligatoriedad del cumplimiento de todas las normas vigentes, así como también revisó el contrato en vigor “donde dice que los titulares de la concesión son los responsables de cumplir escrupulosamente la ley”.

Sanciones de hasta 30.000 euros

La Generalitat Valenciana hizo público a principios de diciembre las sanciones a las que se enfrentan quienes incumplan la normativa COVID en lo referente a la exigencia del certificado, unas multas que van de entre 60 y 600 euros a particulares a los entre 601 a los 30.000 euros a los establecimientos que permitan el acceso de clientes sin la documentación obligatoria. 

La localidad de Vilafranca, en la comarca castellonense del Alt Maestrat, tiene una población de 2.200 habitantes y presenta una incidencia acumulada a catorce días de 500 casos por cada 100.000 habitantes según los datos ofrecidos por la Conselleria de Sanidad a fecha 22 de diciembre.