La jueza de la DANA investiga la retirada de los Bomberos que medían el caudal del barranco del Poyo en Paiporta o Picanya
La jueza de la DANA ha pedido a la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, información sobre la movilización de los Bomberos que medían el caudal del barranco del Poyo el pasado 29 de octubre. Lo ha hecho, en un auto dictado este miércoles, después de que M.R.M., jefa de servicio de Emergencias, asegurara en su declaración como testigo del pasado 17 de junio que en el sistema 'CoordCom', la caja negra que registra las decisiones operativas, figura reseñada la movilización de los Bomberos para medir el caudal del barranco del Poyo en zonas como Torrent, Picanya y Paiporta, localidades afectadas por las inundaciones. La magistrada también quiere el departamento autonómico de Emergencias detalle la cronología de esa movilización, incluyendo el “cierre de cada intervención”.
Los Bomberos dejaron de medir el caudal del barranco del Poyo a partir de las 14.30, según el testimonio de José Miguel Basset, exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos, en la comisión de estudio de la DANA en la Diputación de Valencia. Basset dijo que se retiraron porque se hacía la hora de comer (una tesis desmentida posteriormente por lo bomberos que medían el caudal, que incluso presentaron los tickets de la comida que se procuraron precisamente para poder seguir en su tarea). El exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos es uno de los testigos de la causa pendiente de fecha para su testifical.
La instructora argumenta que esa documentación reseñada por el 'CoordCom' no se encuentra amparada en el secreto de las comunicaciones ni supone una injerencia en la vida privada al ser meros “informes administrativos” creados en el “ámbito de la gestión de la emergencia y protección civil”. Así, el auto acuerda solicitar el informe de incidencia contenido en la 'caja negra', tal como solicitó la acusación popular que ejerce Intersindical Valenciana.
Informe sobre los rescates anteriores a la retirada del Poyo
Por otro lado, también acuerda en la misma resolución solicitar al Consorcio Provincial de Bomberos de València un informe que indique a qué hora del día de la DANA se efectuaron rescates hasta las 15.00 (la hora aproximada en que se retiraron los efectivos que medían el caudal del Poyo) y en qué lugar se produjeron.
En un segundo auto dictado este miércoles, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja acuerda solicitar a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que informe sobre si existía un punto de control en pruebas en la rambla del Poyo, a la altura de Massanassa, tal como afirmó una compareciente en la comisión de investigación del Senado sobre la DANA. Se trata de una diligencia de prueba solicitada por la defensa de la exconsellera Salomé Pradas, investigada en la causa junto con el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso.
La jueza también quiere saber si, estando en pruebas, ese punto de control emitió algún dato el 29 de octubre. Además, la resolución pide a la CHJ el listado de alarmas emitido respecto del río Magro la misma jornada de la DANA.
Por otro lado, la instructora ha pedido una copia de lo recogido en el 'CoordCom' sobre la llamada de un predictor de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) con el Centro de Coordinación de Emergencias (a partir de las 16.00) en la que el primero “supuestamente” comentó a uno de los testigos de la causa que “las precipitaciones se iban a la Serranía de Cuenca”. Se trata de la misma predicción que hizo el president Carlos Mazón a las 11.47 del 29 de octubre en su primera comparecencia sobre la DANA.
Deniega la testifical de un alto cargo del Consell que pedía Pradas
Además, la jueza rechaza citar a declarar como testigo a Raúl Mérida, secretario autonómico de Medio Ambiente del Gobierno de Mazón, tal como pedía la defensa de la exconsellera Pradas. Mérida sostuvo en su comparecencia en la comisión de investigación del Senado que hubo “fallos evidentes y graves” por parte de la CHJ el día de la DANA.
La magistrada considera que el alto cargo de la Generalitat “no presenció ni intervino en los hechos”, por lo que sus manifestaciones sobre el supuesto “apagón informativo” de la CHJ “no poseen relevancia en el esclarecimiento” de lo sucedido el 29 de octubre. Además, el auto recuerda que, en el marco de la instrucción, ya se está practicando “abundante prueba” sobre la información proporcionada por la CHJ.
La instructora también rechaza citar a declarar como testigo a un director general de la Conselleria de Medio Ambiente, que dirige el popular Vicente Martínez Mus, tal como solicitaba el abogado de Salomé Pradas.
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