La justicia avala las concesiones del Consell a una empresa favorecida por el modelo Cotino
La justicia ha rechazado todos los recursos contra la Conselleria de Bienestar Social por la adjudicación de la gestión de varias residencias públicas a Geroresidencias, una de las empresas supuestamente beneficiadas por el modelo Cotino, bajo investigación en las Corts Valencianes.
La decisión del departamento dirigido por Mónica Oltra había soliviantado a parte del sector por tres razones: dejaba a la beneficiaria con una cuota de mercado del 50%, insólita hasta el momento, reducía los márgenes de beneficio hasta poner en duda la viabilidad del servicio y, especialmente, el precio ofertado -el más bajo- podía ser una “baja temeraria”, el descenso de precios que garantiza ganar el concurso pero no la prestación del servicio encomendado.
El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales no lo ha visto así. El organismo encargado de vigilar las adjudicaciones del sector público ha rechazado los recursos de dos empresas -Clece y Gesmed- contra las concesiones de cinco centros públicos de gestión privada: Ademuz, Alcudia de Crespins, Puçol, Palacio de Raga y Moncada. El tribunal considera que el procedimiento ha sido correcto y que no se ha probado que la oferta de Geroresidencias sea temeraria.
El fallo recuerda que el hecho “de que una oferta incluya valores anormales o desproporcionados no implica su exclusión automática de licitación, sino la necesidad de dar audiencia al contratista para que justifique la viabilidad económica, y de recabar los asesoramientos técnicos procedentes”. Eso habría hecho la conselleria ante el plan de Geroresidencias, cuya oferta contemplaba descensos de precio de entre el 14,80 y 18,90% respecto al de licitación.
El Tribunal se pone de lado de los servicios jurídicos de Bienestar Social, cuyo informe -contrario al criterio de algunos técnicos- optaba por ratificar la concesión a Geroresidencias y controlar su gestión a posteriori. Ante la adjudicación a la “oferta más ventajosa para la administración, procede realizar, como en todos los casos, un estricto seguimiento de los servicios prestados en esta materia y adoptar las medidas oportunas en caso de incumplimiento”.
También avala la decisión de los encargados de la contratación frente al reparo de la mayoría de los técnicos, que advirtieron de la dificultad de alimentar a los ancianos con dos euros al día. “Los documentos aportados por el licitador” -la justificación de Geroresidencias- “explican satisfactoriamente el bajo nivel de los costes propuestos”.
Por estos y otros argumentos, el tribunal considera que la adjudicación de la residencia de Puçol -una de las seis en discusión- ha respetado el “procedimiento establecido” y se ha hecho sin atisbo alguno de “arbitrariedad”. Bienestar Social -este concurso arrancó con el PP en la Generalitat- ya ha anunciado que, en futuros procesos, se incluirá la llamada cláusula social: La variable económica perderá valor frente a otros apartados de las ofertas.
Fuentes del sector, por su parte, quitan importancia al fallo del tribunal administrativo. “Es un mero trámite”, dicen. Mientras, las empresas siguen adelante con sus recursos en la jurisdicción contencioso-administrativa, donde, creen, se dilucidará el asunto. Siguen convencidos de que la adjudicación adolece de defectos de forma y que Geroresidencias no ha justificado económicamente la supuesta baja temeraria de su oferta.
