¿Puede alimentarse un anciano con dos euros al día?
Un menú escolar cuesta más de cuatro euros al día, la comida (subvencionada) en el parlamento valenciano de sus señorías vale 5,65 euros y, en 2013, los trabajadores de la Ford pagaban 3,80 euros por su menú. Los ancianos de varias residencias públicas de gestión privada de la Comunitat Valenciana serán alimentados por bastante menos dinero: Con 2,03 euros se debe costear su desayuno, comida, merienda, cena y recena.
¿Es posible? Según los economistas de la Generalitat -la Intervención General-, sí. Según un alto cargo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, la entidad que ha adjudicado el contrato de los aludidos 203 céntimos, “difícilmente”. El departamento dirigido por Mónica Oltra vigilará que los ancianos estén perfectamente cuidados. Mientras, el sector de los geriáticos está muy preocupado: “Un precio tan bajo pueden poner en riesgo la calidad del servicio”, dice un portavoz de Aerte, la patronal de la industria.
¿Cómo se ha podido adjudicar un contrato con estos precios? La historia arranca con el PP, que deja encarrilada la licitación de varias residencias propiedad de la Generalitat pero gestionadas por la iniciativa privada. Geroresidencias, una empresa beneficiada por el modelo Cotino bajo la marca La Saleta, ahora bajo investigación parlamentaria, ganó el concurso de seis emplazamientos: Moncada, Palacio de Raga (Valencia), L'Alcudia de Crespins, El Pinar de Castellón, Virgen de Gracia de Vila-real y Puçol.
Su victoria fue posible gracias a sus precios bajos (descensos de entre el 14,80 y 18,90% respecto a la licitación), tan bajos que la administración pidió aclaraciones a la empresa para comprobar que su plan económico-financiero era viable y no incurría en baja temeraria, el descenso de precios que garantiza ganar el concurso pero, a ojos de la administración, no la prestación del servicio encomendado.
Las explicaciones de Geroresidencias fueron admitidas por la comisión técnica que, ya con Oltra en la conselleria, las evaluó. Intervención y la asesoría legal -la Abogacía de la Generalitat- las dieron por buenas. Un técnico, también. Otros dos votaron en contra, pero el 3-2 final dio luz verde a las adjudicaciones a esta empresa. El lunes 22, la de Puçol se hizo oficial. A pesar de un durísimo informe en contra del subdirector general de envejecimiento activo y autonomía personal de la Conselleria.
J. Aurelio Carrión no cree en la propuesta de Geroresidencias: “Que la oferta sea viable y pueda ser cumplida” “genera serias dudas en el caso que nos ocupa”, asegura sobre la adjudicacion de Puçol. Respecto a los 2,03 euros para alimentación de los usuarios, es contudente. “Con estas cuantías difícilmente se puede cubrir una dieta adecuada que incluya el desayuno, la comida, la merienda, la cena y la recena de un usuario”.
El subdirector también llama la atención sobre la posibilidad de la empresa de incurrir en pérdidas, lo que, como señalaba Aerte, podría degenerar en una mala atención a los residentes o, según temen, generarle un problema a la Generalitat en caso de que la compañía abandonara el servicio. Según Carrión, el bajo margen de beneficio (“1,10% [sobre ventas o facturación] para la anualidad 2015”) puede “repercutir en la viabilidad de la prestación del servicio” en caso de “cualquier variación en las previsiones realizadas” en el plan de negocio.
Control administrativo al dominador del 50% del mercado
Un portavoz de Igualdad asegura que la licitación se hizo bajo los parámetros marcados por el PP y no se podía ni parar ni modificar so pena de incurrir en algún tipo de ilegalidad. Defiende que las concesiones tienen el visto bueno de Intervención y la asesoría legal y anuncia que, en futuros procesos, se incluirá la llamada cláusula social: el peso de la oferta económica perderá valor frente a otros apartados de las ofertas.
La Generalitat, garantiza, además, que velará por el cumplimiento escrupuloso de los contratos, “como no podía ser de otra manera”. En la patronal del sector no están tan contentos. Geroresidencias, una vez se completen las adjudicaciones, gestionará el 50% de las residencias públicas de gestión privada. Hasta ahora, ninguna empresa había controlado poco más del 30% del sector. “Hay una concentración excesiva de riesgo en una empresa”, dicen en Aerte, preocupados por la bajada de precios bendecida por la administración. “Lo que en principio puede parecer un ahorro puede generar un problema a medio plazo. Nos da miedo que los ingresos no cubran el coste y peligre el servicio”.
