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La Generalitat Valenciana pide al ministerio que reconsidere su aval a una planta solar de 500 hectáreas en Castellón con dos informes desfavorables

Imagen de archivo de un parque solar.

Laura Martínez

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El Gobierno valenciano reclama al central que reconsidere su aval a una macroplanta fotovoltaica en Castellón, que cuenta con varios informes desfavorables autonómicos. La Conselleria de de Emergencia Climática y Transición Ecológica, que dirige Isaura Navarro, ha remitido un escrito a la dirección general del ministerio homólogo, dirigido por Teresa Ribera, en el que le insta a replantear la decisión, que se realiza con dos informes de impacto territorial y ambiental contrarios.

El proyecto 'Magda' implica una instalación de 260.000 paneles y una ocupación de 500 hectáreas de terreno, con cerca de 70 kilómetros empleados en la línea de evacuación, para una potencia de 150 megavatios de energía solar fotovoltaica. Su ubicación está prevista sobre un mosaico de cereales, olivos, viñedos y pinares en varios municipios de la provincia de Castellón, con una línea eléctrica que atraviesa una decena de municipios.

El Boletín Oficial del Estado de este martes recoge una declaración de impacto ambiental favorable por parte del ministerio, con una serie de condicionantes previos, firmada el 23 de enero. Ante la resolución de la dirección general, el responsable de Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, Julio Gómez Vivó, ha enviado una carta a Moncloa advirtiendo de algunos olvidos del informe. En las plantas solares de más de 50 megavatios la competencia en la autorización es estatal y los informes autonómicos no resultan vinculantes, una cuestión que provoca un conflicto político y territorial.

En concreto, el director general apunta que en la resolución se han omitido las evaluaciones de la Generalitat Valenciana, tanto las de su departamento como las que realiza la Conselleria de Política Territorial, ambas “explícitamente desfavorables a una instalación cuyos efectos negativos, desde el punto de vista medioambiental, quedan fuera de toda duda”. El documento publicado en el BOE recoge alegaciones de la Generalitat, de forma resumida, y la respuesta de la empresa promotora al respecto. Las objeciones recogidas en el escrito se refieren a la línea de evacuación de la planta, que tiene impacto en la Red Natura 2000, aunque reconoce que los paneles per se no afectan a este entorno. “Aunque las ubicaciones del parque solar no afectan directamente a la Red Natura 2000, las características de la línea de evacuación resultan ambientalmente inaceptables por lo que se informa desfavorablemente de la misma”, señala el escrito.

Vivó insiste en que el ministerio ha omitido las consideraciones de la Generalitat, que resultan claves para una evaluación ambiental completa. Además, no recogerlas impide que las empresas promotoras realicen las medidas correctoras y compensatorias del proyecto, que resultarían “relevantes” para evitar los efectos ambientales que producirá una infraestructura de la magnitud de la proyectada. “La no incorporación por parte del ministerio de un trámite tan relevante como el indicado, da lugar a una situación de inseguridad que no debería haberse producido si desde tu Dirección General se hubiera atendido, como resulta imprescindible, lo indicado respecto a los efectos inaceptables de la línea de evacuación proyectada”, escribe el responsable valenciano a la directora de Calidad y Evaluación Ambiental del ministerio, Marta Palenque.

La consellera de Transición Ecológica, Isaura Navarro, ha informado del escrito enviado, insistiendo en pedir al ministerio que “recapacite y tenga en cuenta la gran afección medioambiental que tiene este macroproyecto, que ya fue informado desfavorablemente hace unas semanas”. “La verdad es que no solo atenta contra la avifauna sino contra un territorio eminentemente agrícola, afectando a nuestra soberanía alimentaria, al paisaje y a un proceso de despoblación contra el que también lucha la Generalitat”, ha señalado Navarro.

Por su parte, el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha calificado el proyecto como una “animalada” que supone “declarar la guerra a las comarcas del interior de Castellón” y ha reclamado su paralización. “Es un auténtico escándalo”, ha sentenciado.

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